Medicaid: una causa de país
Lea aquí la columna del expresidente del PPD
Puerto Rico se acerca nuevamente a un precipicio fiscal en el financiamiento de Medicaid. Las condiciones especiales de financiamiento federal vigentes; incluidos el nivel aumentado de la asignación y el pareo de 76%; vencen al finalizar el año fiscal federal 2027. Esto significa que si el Congreso no actúa, el país enfrentará una reducción dramática de los recursos disponibles para sostener su sistema de salud.
No estamos hablando de una partida presupuestaria ordinaria. Medicaid permite ofrecer servicios médicos a cerca de 1.3 millones de personas y sostiene una parte importante de la operación de hospitales, médicos, farmacias y otros proveedores. Para el año fiscal 2027, Puerto Rico tiene autorizado un máximo de poco más de 3 mil millones en fondos federales. Perder una porción sustancial de ese dinero afectaría directamente el acceso a servicios, los pagos a proveedores y la estabilidad de todo el sistema de salud.
Pero hay otra dimensión que merece atención. Los fondos federales de Medicaid requieren una aportación del Gobierno de Puerto Rico. Bajo el pareo vigente de 76%, utilizar completamente la asignación federal exige alrededor de $1,200 millones en fondos locales. Si en 2028 el pareo federal regresa al 55% dispuesto por ley, mantener un programa de tamaño similar podría requerir más de 2 mil millones del presupuesto estatal.
Ese dinero tendría que salir de algún lugar. Sin una acción del Congreso, el Gobierno enfrentaría la disyuntiva de reducir servicios de salud, restringir elegibilidad, afectar pagos a proveedores o desviar recursos destinados a educación, seguridad, infraestructura y otros servicios esenciales. El precipicio de Medicaid no es, por tanto, únicamente un problema de salud: es también una amenaza fiscal para todo Puerto Rico.
La buena noticia es que todavía existe tiempo para actuar. La mala es que conseguir una asignación de esta magnitud en Washington nunca ocurre automáticamente.
Esta gestión requiere una sola voz. La Gobernadora, el Comisionado Residente, la Legislatura, los partidos políticos, el sector de la salud y las organizaciones ciudadanas deben coordinar esfuerzos y presentar argumentos comunes ante el Congreso.
Podemos discrepar sobre muchas cosas. Pero la salud de 1.3 millones de puertorriqueños no debe convertirse en otra batalla partidista. La unidad no garantiza la asignación. La división, sin embargo, podría ayudarnos a perderla.
