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Opinión de Alex Delgado: Otro secuestro político

El periodista y director de programación de NotiUno aborda el nombramiento del juez Roberto Rodríguez al Tribunal Supremo en tiempos de gobierno compartido.

En teoría, un gobierno compartido crea balance en la toma de decisiones. En la práctica, un gobierno compartido atrasa y paraliza, haciendo complicada la toma de decisiones.

Vivimos un gobierno compartido del 2006 al 2008. Tropezamos con la misma piedra en este cuatrienio. Mi argumento no es que lo ideal y perfecto sea entregarle todo el poder a un solo partido. Es plantear la cruda realidad de dicho concepto. Ciertamente, cuando un solo partido está en control del ejecutivo y el legislativo, sea de derecha, centro o izquierda, las cosas fluyen de manera más acelerada que en un gobierno compartido porque la filosofía o política pública suele ir en la misma dirección. No es algo exclusivo de Puerto Rico, ha pasado también en el gobierno federal y otras jurisdicciones.

En este cuatrienio se privó al país de un servidor como Larry Seilhamer por macharranería partidista. Tenemos funcionarios que, hasta el momento, han probado ser profesionales capaces, como Eliezer Ramos en Educación y Enrique Volckers en el Puerto Rico Innovations & Technologies Services. Ya trascendió de manera extraoficial que el portavoz del PPD en el Senado, Javier Aponte Dalmau, estableció que si el goberndor Pedro Pierluisi no designaba a su esposa (la del senador) como jueza, no bajaría los nombramientos de Ramos y Volckers. El legislador lo negó, pero quienes saben cómo se mueve la cosa política en el Capitolio y por sus propias ejecutorias, saben que su negación tiene un serio déficit de credibilidad.

El gobernador Pedro Pierluisi anunció la designación del Hon. Juez del Tribunal de Apelaciones, Roberto Rodríguez Carrasquillo, para la vacante en el Tribunal Supremo dejada por la jueza retirada, Anabelle Rodríguez. De inmediato el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, estableció que no es el momento de hacer este nombramiento porque no hay una crisis en el Supremo.

O sea, ¿los nombramientos se deben dar dependiendo de si hay crisis o no? Muy poco creíble la expresión del presidente del Senado. Lo establecí el lunes en la mañana en NotiUno 630 y lo reitero ahora: la realidad es que el momento ideal para Dalmau Santiago es cuando el PPD tenga control del ejecutivo y la legislatura.

“Sé que a los pepedé no les gustó pero me enorgullece que, como presidente del Senado, mantuve vacante los asientos de Corrada (por casi 4 años), Fuster y Rebollo para que los llenara Luis Fortuño y tengamos desde el 2009 un Supremo que sea mayor reflejo del pueblo al cual le sirve”, publicó en Twitter el 11 de marzo de 2018 a las 7:31 pm el ex líder senatorial Kenneth McClintock Hernández. Obviamente es lo mismo que está intentando hacer Dalmau Santiago.

Si hay un momento donde menos importe el bienestar del pueblo o el país, es en un gobierno compartido porque la prioridad de los políticos que dirigen es cómo unos neutralizan a los otros, ambos con poder. Eso es una realidad.

Nunca había escuchado del juez Rodríguez Casillas, pero las referencias que he tenido es que una persona honesta, seria y muy capacitada para el puesto. Por donde va la cosa, parece que será otra víctima del gobierno compartido donde uno propone y el otro obstaculiza, igual a como le hizo el PNP al PPD en el gobierno compartido del 2006. ¿El bienestar del país? No importa, es impactado de forma negativa y eso es aceptable para la clase política bajo el supuesto de que se trata de un lamentable daño colateral razonable.

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, apoyó la decisión de Dalmau Santiago. No obstante, las minorías legislativas, que no son necesariamente los penepés, se han expresado en contra de la acción del líder senatorial argumentando que el asunto de si es o no el momento, no debe ser razón para dejar a esta persona esperando o colgarlo.

El gobernador ya lo designó, por lo tanto, lo prudente y maduro (si esa palabra existe en el léxico de los políticos) es que lo evalúen. Si luego de una investigación y de vistas públicas entienden que no es un buen nombramiento, pues no le dan paso. Si es lo contrario, si puede ser un buen juez, eso debe ser más importante que si es un buen popular, penepé o idependentista.

Por lo que veo, el nombramiento de este juez será otro secuestro político, otra muestra de que más que trabajar por Puerto Rico, en los gobiernos compartidos se invierte el tiempo lanzando misiles de un lado al otro. El hecho de que varios de esos misiles caigan en zonas civiles durante el cuatrienio son daños colaterales aceptables para la clase política.

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