Hoy, 6 años después de la entrada en vigor de la Ley PROMESA, pienso que una vez se “resuelva” el entuerto financiero del gobierno y dicha ley expire, puede ser cuestión de tiempo cuando nuestra clase política esté nuevamente zumbándonos por el barranco. Esto si no se ponen verdaderas garras para que los irresponsables del gobierno paguen por su temeridad o ineptitud. Hoy veo falta de urgencia, prioridad y de honestidad por parte de nuestros principales políticos en un momento tan importante.
En síntesis, el problema es que el gobierno de Puerto Rico está en quiebra y debemos mucho más de lo que podemos pagar, gracias a décadas de prácticas irresponsables de nuestros políticos. Según conformado por las leyes, si no tenemos con qué pagar, los que nos prestaron pueden ir contra lo poco que nos queda para cobrar su dinero. Puerto Rico podría quedar totalmente arruinado, lo que podría impactar de alguna forma servicios esenciales, como salud y otros. Para completar, la isla está excluida de la aplicación del Capítulo 9 de quiebra a nivel federal, por lo tanto no podemos usar esa herramienta para reestructurar nuestra deuda. Con ese panorama, en el 2014 se aprobó en la isla la Ley de Quiebra Criolla para negociar y reestructurar deudas de las corporaciones públicas y otras instrumentalidades del Estado Libre Asociado. ¿Qué pasó? En el 13 de junio de 2016, el Tribunal Supremo de Estados Unidos borró del mapa nuestra ley declarándola inconstitucional y 17 días más tarde el gobierno federal nos impuso PROMESA con una Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para el proceso de reestructuración de la deuda.
Lamentablemente, es poco probable, por no decir imposible, corregir el desastre sin afectar a nadie. A todos nos tocará el impacto de una forma u otra. En el caso de los retirados del sector público, según el acuerdo que ahora los políticos se niegan a honrar, uno con $2,500.00 de pensión mensual recibirá un recorte de aproximadamente $40.00 (8% del exceso de $2,000 mensuales). En otras palabras, seguiría recibiendo $2,460.00. En el sector privado está el otro retirado que puso todos los ahorros de su vida en bonos de Puerto Rico y lo ha perdido casi todo. Ya quisiera este haber perdido solo $40.00 al mes. El problema es que con el planteamiento de que “cero recortes” es algo alcanzable, exponen a estos empleados retirados a perder hasta $125.00 (25 %) en recorte. Habrá que ver si al final será la jueza Laura Taylor Swain la que decida cuánto será.
Cuando expreso que existe una gran posibilidad de que nuestros “líderes” nos vuelvan a embrollar, es porque el juego político sigue sobreponiéndose al interés y la necesidad del pueblo. Veamos.
La JSF había radicado un plan de ajuste de la deuda con un recorte a las pensiones que fueran de más de $1,200. Luego de negociaciones y lograr acuerdos, la Junta accede a que los recortes en las pensiones sean a los que reciben más de $1,500.00. El 80 % de los retirados tendrían protegida su pensión.
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El 16 de septiembre, el presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández, propuso a la JSF que en lugar de recortar a pensionados que reciban más de $1,500, fuera a los que reciben más de $2,000. La JSF acepta la propuesta. Tras el acuerdo, se aprueba en la Cámara, luego en el Senado con sus enmiendas, y ahora uno de los planteamientos es que no se le recorte nadie y que la JSF garantice que va a cumplir lo que se apruebe finalmente en la legislatura. ¿Notan la falta de palabra, seriedad y voluntad en la clase política del PPD?
El 13 de marzo del 2017, el PNP, por vía del entonces gobernador, Ricardo Rosselló, celebró una certificación de plan fiscal por parte de la JSF que incluía recorte a las pensiones de empleados públicos. En aquel momento, ese partido controlaba gobernación, Cámara y Senado. Hoy es el PPD el que “controla” los cuerpos legislativos y ahora la consigna de los penepés es “cero recorte” bajo ninguna circunstancia. ¿Notan el juego político del PNP?
Viendo este “play yard”, ¿usted cree que nuestros futuros presupuestos van a durar balanceados mucho tiempo, después de que se vaya la JSF? ¿Será cuestión de tiempo cuando nos embrollen nuevamente y nos hagan pasar por este mal rato otra vez?
Mire estas expresiones del presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa: “A mí lo que me preocupa no es pagar la deuda, es que el dinero que sobra, de los $12 mil millones van a quedar $5 mil en el pote, es que lo utilicemos bien… De los dos billones van a quedar 1.2 billones al año ahí… Es que lo utilicemos bien. ¡Ese es el miedo mío! Fíjate, no es pagar la deuda, es que lo que nos sobre lo utilicemos bien”. Rest my case. Santa sabe lo que hay dentro de nuestra clase política y precisamente porque los conoce, su temor es que van a volver a malutilizar el dinero del pueblo. No hay voluntad para cambiar la cultura gubernamental, ¡punto!
Hacer creer que es alcanzable no tocar a nadie en el gobierno es algo, en este momento, irreal. De hecho, ayer la jueza Taylor Swain le dio un golpe al gobernador y a la legislatura al invalidar la “Ley de Retiro Digno” aprobada hace unos meses. Con lo que ocurrió ayer, ¿de verdad usted cree el cuento de que “cero recortes” es posible y que la jueza Taylor Swain le salvará su pensión y no la tocará?
Algunos sectores indican que para no afectar a los empleados y retirados del sector público, deben hacer responsables de la carga, de nuevo, al sector privado. Nuestra historia en los últimos 20 años ha sido esa: carguemos al sector privado para salvar al sector público. Al final afectan al sector privado y no salvan el sector público.
Quien está quebrado es el bolsillo del gobierno, por lo que debe ser la responsabilidad del gobierno arreglar su entuerto con sus recursos y sus fondos. En el caso de Retiro, aquí se hizo y deshizo; cuando se tenía que aumentar las aportaciones de los empleados públicos que cotizaban, no se hizo por cuestiones electorales. Aquí nadie gritó porque se iba a descapitalizar Retiro. No gritaron los administradores y tampoco los empleados que les tocaba aportar más. Todos se quedaron callados. Entonces, ¿es ahora el sector privado el que tiene que sacrificarse de nuevo poniendo más dinero para que no toquen a otros?
Claro que me preocupa el empleado público retirado. Pero me preocupa igual el retirado del sector privado que aportó todos los ahorros de su vida en bonos del gobierno de Puerto Rico para que ese gobierno malgastara sus fondos. El empleado público retirado no vale más que el retirado del sector privado que lo perdió todo. ¡Valen e importan igual!
Es hora de hablar de qué garras se impondrán, con consecuencias serias, para los futuros líderes gubernamentales que se atrevan a repetir esta tragedia. Evidentemente, las leyes que tenemos no han funcionado. Miren dónde estamos y, ¿ha visto a alguien pagando por su irresponsabilidad? No se puede repetir la temeridad en la administración de fondos públicos, mucho menos la impunidad que ha existido y que permea hoy con los irresponsables delincuentes de gabán y corbata en el gobierno.