La Universidad de Puerto Rico (UPR) constituye uno de los instrumentos principales que tiene el país para reformular una nueva agenda nacional e impulsar el desarrollo social y económico que tanto necesitamos.
Es nuestro principal centro de investigación e innovación; donde se forma la inteligencia del país, nuestro capital humano; y el recurso que viabiliza la movilidad social para, de esa manera, reducir la brecha de la desigualdad.
Por tanto, cuando nos referimos al presupuesto que está destinado a nuestro primer centro docente debemos considerar en el análisis que se trata de una inversión social de futuro, lo que sugiere una mirada que se aleja de los ejercicios de contabilidad estricta al que recurren los tecnócratas.
Cierto es que la UPR necesita cambios. Es urgente, por ejemplo, revisar la pertinencia de una estructura administrativa inservible, comenzando por la administración central, que no ocupa ningún valor en el andamiaje universitario.
Hay otros cambios importantes que también merecen reflexión y discusión, mas se trata de una conversación que requiere juicio y comprensión sobre el valor que encara para el país la primera y más importante institución de educación superior de Puerto Rico.
Por eso, resulta incomprensible ver cómo durante los últimos dos Gobiernos se han desatendido las necesidades de la universidad pública y, por el contrario, se han empeñado en reducir su presupuesto al extremo de afectar su misión social. Al hacer esto olvidan que invertir en la educación superior pública es un ejercicio vital para garantizar un sistema socioeconómico próspero y competitivo: un mejor país.
La llegada de la Junta de Control Fiscal ha venido a incidir más sobre el futuro y bienestar de la UPR. Según ha dictaminado la Junta en su plan fiscal, se vislumbra que la UPR sufrirá una reducción de $400 millones en su presupuesto para el año 2023. Al momento, con el recorte sugerido para el próximo año (2019-2020), la universidad del Estado habrá padecido, en suma, una merma de $312,558 millones por los últimos tres años.
Este monumental recorte de fondos se hará sentir con más fuerza al inicio del año académico que inicia en agosto próximo cuando el costo del crédito para estudiantes subgraduados aumente de $56 a $115 y de $143 a $175 para estudiantes de maestría. Para los estudiantes doctorales el impacto será de $143 a $200.
Añada a esto un aumento en las cuotas de laboratorio y graduación; en el pago de cuota de mantenimiento en verano; y en las solicitudes de admisión, transcripciones y traslados, entre otras. Al unísono, se experimentará una reducción a las exenciones de matrícula, becas especiales y en la aportación al plan médico de los empleados docentes y no docentes.
Para paliar la reducción del presupuesto, los administradores de la UPR hablan de cambios y modificaciones en los recintos al promover un modelo de conglomerados, en el que las once unidades que hoy componen el sistema UPR se distribuirán en cuatro ejes: Río Piedras, Mayagüez, Ciencias Médicas y el conglomerado Sureste. Esta estrategia aún está en ciernes.
Mas por encima de los recortes en fondos y los aumentos en el costo de los servicios que se avecinan, la UPR también sufre de la agresión pública que consistentemente le embisten sus enemigos desde las redes sociales y los medios de comunicación.
Desde esos foros, hay quienes viven empeñados en crear un imaginario negativo de la UPR al pronunciar ataques infundados sobre el rol de la universidad pública, desmereciendo su labor investigativa y académica. Las ofensivas son continuas e inclementes, tanto que en algunos casos suele parecer que tal agresión está matizada por el interés de sectores económicos del país en apropiarse de los recursos de la universidad pública.
Lo más terrible es que mientras la UPR vive asediada por tantos golpes, se intenta distraer al país con una propuesta de acceso gratuito a programas universitarios a través de la Internet. Y que quede claro, no se trata de restarle méritos a la universidad a distancia, un proyecto que cobra vigencia y que, sin dudas, tiene su valor.
Pero lo que realmente debe ocupar la atención en el debate actual es cómo se van trazando políticas fiscales con el único propósito de despedazar el modelo de enseñanza superior pública.
Tengamos presente que nunca en nuestra historia se habían vivido momentos de tanta inestabilidad y desasosiego con respecto al futuro de la UPR, y si no la defendemos, pronto estaríamos instituyendo en el país lo que el sociólogo brasileño José Dias Sobrinho describió como “un sistema meritocrático donde cada uno tendrá la educación superior que pueda tener”.
