La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, firmó este miércoles el proyecto de administración que crea la Ley de la Policía de Puerto Rico, separando a ese negociado del Departamento de Seguridad Pública (DSP).
Lee también | Departamento de Salud emite alerta de emergencia en salud pública por carfentanilo
Desde la Academia de la Policía, la mandataria estampó su firma en el Proyecto de la Cámara 406, acompañada por el ahora superintendente de la Policía, Joseph González; el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz; el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez; varios legisladores; y miembros de las distintas divisiones de la Uniformada.
González Colón destacó que esta pieza legislativa busca fortalecer la eficiencia operativa, mejorar la toma de decisiones internas y fomentar una cultura de seguridad pública enfocada en los intereses de los agentes y la ciudadanía.
“Hoy damos un paso firme hacia una transformación institucional que reconoce la importancia de que nuestra Policía tenga dirección propia, con los recursos y la autonomía necesarios para responder con mayor agilidad a los desafíos que enfrentamos”, expresó la excomisionada residente en Washington D.C.
Por su parte, González sostuvo su compromiso con una transición ordenada que preserve la excelencia en el servicio y garantice la estabilidad administrativa de los miles de efectivos que forman parte del cuerpo.
“La firma de esta ley representa un paso histórico y necesario para la Policía de Puerto Rico. Nos devuelve la autonomía administrativa y operativa necesaria para trabajar más eficientemente y fortalecer nuestra misión que es la de protección al pueblo de Puerto Rico. Este cambio nos permitirá atender con mayor prioridad las necesidades de nuestros policías, mejorar las condiciones de trabajo y los recursos disponibles para cumplir con nuestro deber. Es un reconocimiento al valor, sacrificio y compromiso de cada miembro de nuestra Uniformada. A nombre de los más de 11,000 agentes, los 697 cadetes y los 837 civiles que laboramos en la Policía de Puerto Rico”, comentó el jefe de la agencia.
La Medida de Administración número 14 (Proyecto de la Cámara 406) ahora pasa a ser la Ley 83-2025
La actividad contó con la presencia de personal activo de la Policía, integrantes de la Liga Atlética de la Policía, personal de Operaciones Tácticas, Consejos de Seguridad Vecinal, el Comité de Interacción de ciudadanos, personal de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales, directores del Centro de Investigaciones Criminales, personal de la División de Vehículos Hurtados, personal de la División de Explosivos, personal de la División de Robo de Bancos, Poligrafistas y otras divisiones, quienes respaldaron la iniciativa como una oportunidad para reforzar la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad.
Además, la primera ejecutiva convirtió en ley otros dos proyectos de administración, cada uno enfocado en atender necesidades urgentes de seguridad para nuestra ciudadanía.
La Medida de Administración número 31 (Proyecto del Senado 454) ahora pasa a ser la Ley 84-2025
Buscar fortalecer del Código Anticorrupción, mediante enmiendas a la Ley 2-2018 con el fin de mejorar la fiscalización gubernamental, optimizar la coordinación entre agencias y garantizar la implementación efectiva de políticas contra la corrupción.
Entre los cambios más relevantes, se reafirma la facultad investigativa de cada agencia sobre sus contratistas y se formaliza la estructura del Grupo para la Prevención y Erradicación de la Corrupción, liderado por Ética Gubernamental (OEG) e integrado por diversas entidades estatales y federales.
Además, se establecen sus funciones específicas en torno a la colaboración interagencial, la recepción de querellas y la mejora de procesos administrativos y criminales, promoviendo la rápida promulgación de reglamentos para evitar retrasos operativos.
La Medida de Administración número 42 (Proyecto de la Cámara 487) ahora pasa a ser la Ley 85-2025
Propone enmendar el Artículo 7.04(a) de la Ley Núm. 20-2017 para otorgarle al Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) jurisdicción concurrente en la investigación de casos de explotación financiera contra adultos mayores, específicamente cuando los hechos sean cometidos por personal de instituciones de cuidado.
Esta acción responde al alarmante aumento de más de 13,200 referidos por maltrato en 2023, siendo la explotación económica una de las formas más comunes.
El estatuto busca fortalecer la capacidad del Estado para investigar y prevenir estos delitos, mejorar los mecanismos de protección y fomentar una coordinación interagencial ágil y efectiva.
Entre los cambios principales se destaca la inclusión de un nuevo inciso (el 20) en la Ley 20-2017, que formaliza este nuevo rol del NIE.
