En Puerto Rico, se legisla lo que es público. Parecería que se necesitara estipular en una ley lo que se supone que el Gobierno conozca por mandato constitucional. Para los ciudadanos es una garantía por escrito y una definición necesaria para garantizar lo que es obvio. Al aprobarse el proyecto que crearía la Ley de Datos Abiertos del Gobierno se confirma que toda información manejada por las agencias gubernamentales se publique en un portal electrónico y, de esa manera, todo el mundo pueda acceder a la información.
Me causa suspicacia que la Legislatura levantara las manos y concediera al Instituto de Estadísticas el manejo del portal que contendría lo que se ha ocultado. Bien por la Legislatura, aunque recuerdo muy bien que hace unos meses se promovía el cierre del Instituto que, acá entre nos, cuenta con profesionales responsables y dotados. Su trabajo excelente de revelaciones probadas con datos se convirtió en una amenaza para administraciones políticas. Aunque a la pieza legislativa todavía le falta un trecho por recorrer en el Senado, es un adelanto para la transparencia que tanto se reclama por parte de los periodistas. La preocupación notable es que se pueda enmendar nuevamente para evitar divulgar documentos por reclamo de confidencialidad y privilegio legislativo. Si no le hacen enmiendas que se conviertan en piedras para impedir el acceder a documentos que ya son públicos, es una reivindicación a lo que tanto se plantea y reclama: todos los documentos gubernamentales son públicos, y tanto usted como yo podemos acceder a ellos. Es obvio que un documento que coloque en peligro una investigación no puede divulgarse, y el periodista lo sabe, pues constituye una violación ética de la profesión.
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Al aprobarse la llamada Ley de Datos Abiertos es una apertura. Si los documentos están disponibles, se desarrolla un intercambio de ideas en la opinión pública. Un pueblo que puede opinar informado enaltece la democracia. Hay que tener el ojo bien abierto con esta apertura, pues el tiempo dirá si realmente existía buena voluntad, si se otorgaron las herramientas al Instituto para poder continuar con su labor y si los ciudadanos tendrán los mecanismos para acceder a los documentos públicos.
Si el Gobierno cumple a cabalidad con el estatuto, Puerto Rico estará demostrando ante el mundo que respeta el derecho de los ciudadanos, que existen avances en el derecho a la información y reconoce la libertad de prensa como uno de los pilares fundamentales de la democracia. Estaría cambiando la cultura de cerrar puertas, y quedarán en el pasado esos momentos incómodos cuando le dicen a uno que ese documento no se puede entregar, y entonces ocasiona una tirantez que termina en los tribunales.
Ahora, en parte, se aclara lo que es un documento público. Si se fija, el fin es que todos los ciudadanos puedan enterarse en qué el Gobierno gasta cada centavo. Todos los días se discute públicamente que las arcas del país están en rojo y que hay que distribuir mejor el presupuesto para lograr el equilibrio. En una economía como la nuestra, desgastada y mal fundamentada desde sus inicios, es necesario realizar los ajustes para que, por ejemplo, la Universidad de Puerto Rico continúe su labor académica. Con la publicación de datos corroborados, podremos comprender cómo el Gobierno gasta y en qué invierte en favor del pueblo. Los ciudadanos estarán mejor informados y educados. Además, recalco que, con estas herramientas, para acceder a información, si se cumplen, la prensa también deberá publicar lo bueno, exponer el servicio público notable y responsable. Es imperativo que se sepa lo que beneficia al pueblo y las buenas noticias sin apasionamientos políticos.
