Hace unas semanas, el mundo veía cómo Monsanto, el gigante de las llamadas semilleras, sufría un duro revés. El jurado en un caso en el que se utilizaron peritos en el tema determinó que la exposición a roundup, el herbicida producido por esa compañía, fue responsable en parte del cáncer terminal que ha desarrollado un jardinero en California. El tribunal ordenó para el hombre una compensación de $289 millones.
Y aunque Monsanto argumentó que los tribunales no tienen personal científico y, como consecuencia, no deciden controversias científicas, la determinación vino a validar las denuncias históricas de miembros de la propia comunidad científica y activistas que han venido denunciando los alegados efectos del roundup y cuestionando la determinación de Gobiernos en todo el mundo de subvencionar las operaciones de Monsanto y otras semilleras. El efecto fue inmediato. Las acciones de Bayer, la compañía que acaba de comprar Monsanto, se desplomaron en este y el otro lado del mundo.
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En la bolsa de Alemania (sede de Bayer), por ejemplo, sus activos cayeron un 11 %, y según analistas financieros habría perdido $11 mil millones. A lo anterior sume la larga fila de demandas que aguardan para ser consideradas. Según la agencia Reuters, se trata de unas 5 mil demandas solo en los Estados Unidos. Pero ¿por qué es importante todo esto en medio de la situación actual que vive el país? Sucede que Monsanto opera hace años en la isla. Y lo hace bajo condiciones preferenciales que le han sido otorgadas por los pasados tres Gobiernos. Según publicara el Centro de Periodismo Investigativo en 2016, Monsanto utiliza las tierras locales a manera de laboratorio para el desarrollo de sus productos. Y aunque vivimos una profunda crisis económica, el Estado ha decidido que es negocio dejar de recibir cerca de $519 millones en contribuciones. Precisamente, es esa la cantidad que Monsanto y otras compañías semilleras, como Pioneer Hi Bred y otras nueve de ese tipo, dejan de pagar en momentos en que dejar de recibir dinero es uno de nuestros principales problemas. Esas empresas dejan de pagarnos gracias a incentivos industriales, subsidios salariales (que salen de nuestro fondo general), así como tasas contributivas preferenciales e impuestos que, en general, dejan de pagarle al Estado.
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A eso añada el hecho de que a las compañías se les permite el uso, libre de costo, de 238 millones de galones de agua de los acuíferos del sur, que no es otra cosa que una enorme reserva de agua subterránea que se encuentra entre Santa Isabel, Salinas y Guayama. Entonces, en medio de la profunda crisis que vive el país y en momentos en que la operación de instituciones como la Universidad de Puerto Rico o la Policía se ven en riesgo por falta de fondos, ¿debe la isla seguir perdiendo millones de dólares por la falta de pago de estas compañías? ¿Debe el Estado seguir otorgando trato contributivo preferencial a una compañía sobre la que un tribunal ha determinado que uno de sus productos provoca cáncer? A lo anterior resulta fundamental añadir el cuestionamiento de si resulta una buena política pública otorgar este tipo de exención contributiva agrícola a compañías que no realizan actividad agrícola o, lo que es lo mismo, no siembran y cultivan productos agrícolas, sino que realizan actividad científica. Mientras estas compañías se benefician de este tipo de incentivo, agricultores bonafide no parecen recibir el mismo trato por parte del Estado, a pesar de que hacerlo podría acercarnos a la seguridad alimentaria y, de paso, nos proporcionaría productos locales cuya venta insertaría ganancias a la economía local. Quizá soy yo, pero en mucha de la dinámica de poder histórica promovida por los pasados Gobiernos no parece haber mucho sentido matemático. O, por lo menos, no para la economía del país. Que nuestra política pública sea cortar de las pensiones de nuestros viejos, la universidad del Estado, la salud y la educación antes de eliminar subsidios de beneficio dudoso para el país sigue siendo para mí un misterio.
