Cuando Raúl Maldonado dio el salto del Departamento de Hacienda a Fortaleza como secretario de la Gobernación, lo hizo al tiempo que reconocía los retos a los que se enfrentaría. Y la encomienda que se colocaba en sus manos. Maldonado repitió como mantra que buscaría resultados, eficiencia. Y conseguirlo no es cosa sencilla. Por eso, la importancia del puesto. Se trata de una suerte de gerente del gabinete de gobierno, encargado de hacer cumplir la política pública y —cuando se requiera— poner en cintura a los jefes de agencia cuyas omisiones, se quiera o no, siempre percolan para empapar al jefe.
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Y Maldonado, sin lugar a dudas, tiene talle, sobre todo en lograr conciliar el discurso sobre la política pública y lo que en la práctica es, en efecto, esa política, particularmente en lo que respecta a la austeridad. Son múltiples los ejemplos de gastos que parecerían una contradicción entre discurso y realidad, al menos ante los ojos de los ciudadanos que viven los impactos directos de los recortes en las agencias y los servicios a los ciudadanos.
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Tome usted el caso de los gastos en contratos para asesores en el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, reseñado ayer en esta publicación. Según se reveló, mientras se promueven recortes iniciales de $2.5 millones y se habla de recortes adicionales en los próximos años —sin contar con aumentos en matrícula y cuota—, en ese mismo sistema, un rector decide aumentarle miles de dólares a los contratos que mantiene entre sus asesores. De esa forma, en medio de la “falta de fondos”, uno de esos ayudantes comenzó con un contrato de $44,550 anuales en 2017, y antes de cumplir un año del acuerdo contractual se le otorgó un aumento de 27,450. Otra de sus asesoras también recibió un aumento de 24,000 y, según el informe, los aumentos no fueron consultados con presidencia.
A lo anterior sume los cuestionamientos que se levantan administración tras administración sobre los gastos en partidas publicitarias que no parecerían ser indispensables, usualmente en la forma de acuerdos contractuales con agencias allegadas a la administración de turno. En este cuatrienio ha tocado a KOI, asunto que ya ha provocado cuestionamientos de la Junta Fiscal sobre qué hace necesario el desembolso de $29.6 millones en lo que va de año fiscal. Aunque el actual Gobierno —como sus predecesores— ha asegurado que no existe ilegalidad detrás del otorgamiento de contratos y ha insistido en que ha reducido las partidas dirigidas a las agencias si se le compara con “el gobierno anterior”. Y eso es probablemente es cierto. Quizá se gasta menos que antes. De seguro no hay ilegalidad en la otorgaciòn de los contratos. Pero, en tiempos de crisis económica y amplios recortes, ¿es eso suficiente? Claro que los contratos de publicidad son necesarios y que hay asuntos que los gobiernos pueden y deben divulgar, sobre todo cambios y servicios a los ciudadanos.Pero, ¿caen estos contratos en esas categorías? Más aún: ¿es preferible recortar en renglones relacionados a servicios a ciudadanos o bajar aun más los gastos vinculados a partidas presupuestarias no justificadas? En el caso de Ciencias Médicas, ¿qué puede justificar aumentos de miles de dólares en contratos por servicios de asesoría que -si los informes son correctos- ni siquiera fueron debidamente consultados con la presidencia?
De seguro se puede hacer mucho más. No parto de la desconfianza en el nuevo secretario de la Gobernación. Por lo contrario, levanto los cuestionamientos desde la idea de que asume el cargo desde la mejor de las intenciones y con el deseo de lograr responsabilidad fiscal. Sin embargo, está por verse si quienes ovupan puestos públicos han entendido la necesidad de cumplir con la responsabilidad fiscal. No haberlo hecho em esta etapa denota indiferencia ante la crisis económica y falta de comprensión sobre lo que estos tiempos requieren de quienes pretenden ocupar cargos con dinero público. A ponerlos en cintura.
