Puede estar arrepentido, pero la herida que el exconvicto Víctor Fajardo le infirió al país, consecuencia de sus artimañas ilegales y sus traqueteos con los fondos federales en el Departamento de Educación (DE), todavía permanece hendida y sangrando.
Con sus acciones, el hoy victimizado maestro de matemáticas —que ascendió como la espuma en el sistema de educación pública a costa de su militancia política, escaló por altos recovecos en su colectividad, torció brazos por prebendas y se bañó entre ingentes sumas de dinero— amancilló la confianza del pueblo y arrastró al DE al descrédito.
Durante su estancia como secretario de Educación, a fines de 1990, Fajardo evidenció una de las más abominables debilidades de nuestros funcionarios públicos: la apetencia por el lucro fácil e impío.
Enormes cantidades de dinero se movieron con pasmosa facilidad por las manos de este maestro que su Partido Nuevo Progresista (PNP) evangelizó como secretario de Educación y a quien la ex primera dama Maga Nevares le encomendó la campaña institucional de “Los niños primero”.
La codicia lo embriagó. Su paso por el DE lo enriqueció. De la noche a la mañana, aquel jíbaro bayamonés, cuyo salario como titular no ascendía los $80,000 anuales, comenzó a nadar en plata.
En pocos años, adquirió una residencia de casi un millón de dólares en un sector exclusivo metropolitano, se convirtió en vil coleccionista de lujosos autos deportivos y gozó de escolta y guardias de seguridad en su residencia, a quienes se les asignó, entre otras cosas, la tarea de pasear sus mascotas.
Todo el lujo y la suntuosidad de este new rich fue sufragada con el dinero escamoteado de fondos federales que iban destinados a programas de tutorías para estudiantes desventajados de nuestro país.
La historia fastuosa de Fajardo, y a la vez sórdida, quedó al descubierto en medio del juicio legal en su contra conducido en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico. Gracias a ese proceso judicial, conocimos el verdadero rostro de políticos y funcionarios inescrupulosos que aprovechan sus cargos públicos para jugarle sucio a la sociedad.
En el caso de Fajardo, se trató de un robo de $4.3 millones, de los que una porción se dirigió a alimentar las arcas del PNP que presidía Pedro Rosselló y otra, a engordar su bolsillo. De esa suma, una fracción se pagó en multas, mas el restante, como suele ocurrir en casos de corrupción pública y narcotráfico, le fue permitido conservarlo sin revelar su paradero. De ahí la expresión pueblerina “el crimen sí paga”.
Cierto es que las acciones del exsecretario de Educación fueron encomendadas por los más altos niveles de la jerarquía de su colectividad política, como trascendió en el proceso judicial. Fueron los años en que se institucionalizaron los cónclaves de empresarios convocados a desayunos, almuerzos y cenas con jefes de agencia, desde donde se armaba el esquema de pagos de facturas fraudulentas y desvíos de fondos.
Pero ese diseño de corrupción maniatado desde la periferia del entonces primer ejecutivo no exime de responsabilidad al exconvicto Fajardo. Con mucha maña, este contempló la oportunidad de procurarse una buena partida que, en muchas ocasiones, guardó en una caja fuerte que poseía en la oficina que ocupó en el viejo edificio del DE.
Este sujeto laceró la confianza del país y lastimó la imagen del servicio público, en particular de la gente buena que le sirve a la sociedad desde la educación. Esa pena no la ha pagado aún.
Mas podría redimir algo de su culpa si confesara los entresijos de aquel esquema de robo y todos sus cómplices y protagonistas. Es una historia que aún no se ha revelado en su totalidad y que merece ser descubierta.
