Reforma Judicial: Métricas de ingeniería contra la mora y el amiguismo
Lea la columna del vicepresidente de Proyecto Dignidad
Por Luis Yordán
En el debate público actual sobre la Rama Judicial, la atención política se ha centrado en pugnas de poder y reorganizaciones de organigrama. Mientras el Senado evalúa la derogación de la Ley de la Judicatura mediante el Proyecto del Senado 1096 y se encomiendan estudios de administración, los dos grandes males que agobian al ciudadano común siguen intactos: la exasperante mora en la tramitación de los casos y la sombra persistente del amiguismo partidista en los nombramientos.
Desde la perspectiva de la reingeniería de procesos, esta discusión legislativa actual está enfocando los síntomas, pero ignorando totalmente la causa raíz del problema.
Uno de los puntos más promocionados de la propuesta reforma es la “eliminación prospectiva” de los jueces municipales para elevar a todos los adjudicadores de primera instancia al rango de jueces superiores. El argumento oficial es simplificar el escalafón, sin embargo, en cualquier organización responsable, la idoneidad y la competencia de las personas no se crean por decreto ni regalando títulos. Como en toda profesión, en la judicatura existen personas altamente competentes y otras que no lo son. Otorgarle mayor jurisdicción y responsabilidad sobre casos penales o civiles de gran envergadura a un funcionario que no ha demostrado la rigurosidad o la capacidad técnica requerida, solo por uniformar un organigrama, no es una reforma, sino una receta para el desastre operacional e institucional.
Por otro lado, resulta irónico observar a la Asamblea Legislativa criticar la concentración de poder administrativo en la figura de la Jueza Presidenta del Tribunal Supremo, mientras se defiende el mismo andamiaje de poder ejecutivo en el Gabinete Gubernamental. Criticar el techo del vecino mientras se ignora que el de uno es de vidrio no aporta nada al ciudadano. Lo que la Legislatura SÍ PUEDE y DEBE hacer, en pleno uso de su facultad constitucional para fiscalizar el presupuesto del pueblo, es exigir cuentas claras a la administración de los tribunales estableciendo métricas de desempeño cuantitativas y cualitativas a la rama judicial. Exigir indicadores clave de rendimiento (Key Performance Indicators, o KPIs) —como el costo por caso resuelto, el tiempo promedio de adjudicación, la tasa de suspensiones de vistas y el nivel de integración tecnológica— no viola la independencia judicial. Es, sencillamente, ejercer el control de calidad que el país merece. De igual forma, pretender restringir las transmisiones en vivo de vistas judiciales bajo el pretexto de proteger la presunción de inocencia es un grave error, aunque desgraciadamente hay prensa que en vez de informar lo que hacen es crear noticias, la presunción de inocencia existe independientemente de quién esté mirando los procesos. En ingeniería, la transparencia es el sensor principal en la línea de producción: la luz pública es el mejor antídoto contra la ineficiencia, la impuntualidad y el favoritismo.
Aumentar salarios o modificar títulos sin amarrar las compensaciones a un estricto sistema de mérito y a la eliminación de cuellos de botella es financiar la inercia del pasado.
La verdadera modernización de la justicia que impulsamos en el Plan de Proyecto Dignidad exige erradicar el amiguismo en la selección de magistrados, implantar una rigurosa evaluación de desempeño y medir la eficiencia del sistema con la precisión con que se evalúa cualquier infraestructura crítica. La justicia tardía no es justicia. Es hora de dejar las peleas por cuotas de poder y diseñar un Poder Judicial que le sirva al pueblo con agilidad, transparencia y excelencia profesional.
