Por una reforma democrática y participativa para la Judicatura
Lea aquí la columna de la portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana y abogada
La Legislatura de Puerto Rico atiende una abarcadora reforma judicial recogida en el Proyecto del Senado 1096 (PS 1096) que pretende establecer la “Ley del Poder Judicial de Puerto Rico” y derogar la ley actual (“Ley de la Judicatura del ELA de Puerto Rico de 2003” Ley de 2003). Sin embargo, la reforma que se propone no es democrática, ni participativa y no ha sido precedida por un proceso amplio de estudio y análisis con diversos sectores de la sociedad. De hecho, ni tan siquiera es una reforma solicitada por la Judicatura.
Antes de la presentación del proyecto de ley que culminó en la Ley de 2003, se llevó a cabo un proceso que según el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (Colegio) fue “orgánico, técnico y colaborativo”. La Ley de 2003 fue redactándose mediante la creación de la Comisión Futurista de los Tribunales y del informe que elaboró llamado “Visión en Ruta al Futuro”. La comisión Futurista la creó José A. Andreu García, Juez Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el 1995.
La Comisión estableció un precedente por ser la primera vez que un panel independiente de ciudadanos(as) examinara profundamente el funcionamiento de los tribunales. Estaba compuesta por integrantes de la judicatura, de la academia, del sector empresarial, de la abogacía y otras organizaciones. Además, contó con la participación de sobre 500 ciudadanas(os) quienes ofrecieron su percepción del sistema y ofrecieron recomendaciones.
Muy distinto al proceso participativo y democrático de la Comisión Futurista, el PS 1096 no es el producto de un estudio o análisis de una comisión técnica. El Colegio advierte que algunos de los principios fundamentales de la Ley actual se minimizan o desaparecen en el PS 1096: “accesibilidad, independencia judicial, enfoque humanista, resolución efectiva y rápida, liderazgo estratégico, promoción de formas alternas de solución de conflictos, participación y jueces cualificados”. El Colegio solicitó se recoja la opinión de múltiples sectores de la sociedad, y que se utilicen “datos y estudios de las necesidades del sistema de justicia y promover el acceso a la justicia como principio rector”. Por eso, el PS 1096 debe ser rechazado.
