La pobreza infantil y la sana gobernanza
Lee aquí la columna del profesor de la UPR-Mayagüez.
Por Eduardo Lugo
La discusión sobre la pobreza infantil y la desigualdad social en el país ha vuelto a tener relevancia, porque, por razones que aún no están claras, en el 2024 se registró una reducción en esta estadística. Irónicamente, esta noticia no ha recibido mucha atención porque nos encontramos en un ciclo noticioso sobre alegados casos de corrupción, en específico, de manipulación en la otorgación de contratos. Los eventos recientes ponen en relieve que hablar de estrategias sistémicas es una conversación incompleta sino incluimos la centralidad de la sana gobernanza requerida para atajar un problema tan severo y crítico.
Frances Sheahan, experta en derechos humanos internacionales establece que para que las medidas de reducción de pobreza infantil sean efectivas, los países deben actuar centrando los intereses de la niñez y ejecutando mecanismos de gobernanza que sean efectivos, transparentes y anclados en evaluaciones que adjudiquen consecuencias apropiadas. En un informe que Sheahan desarrolló para la organización Save the Children, ella plantea medidas de gobernanza que se deben considerar al intentar reducir la pobreza infantil. A continuación, desgloso estas disposiciones y proveo mi radiografía sobre los intentos en Puerto Rico de reducir la pobreza infantil
Marco Legislativo
“Un estado debe contar con un marco legislativo que ayude, en lugar de obstaculizar, los esfuerzos para reducir la pobreza infantil”. Puerto Rico ya cuenta con la Ley 84 del 2021 la cuál establece la Comisión para Combatir la Pobreza Infantil y la Desigualdad Social (www.comisionpobrezainfantil.gov). Esta ley obliga a la comisión a tener comités de trabajo que atiendan la pobreza de manera multidimensional (no solo a base de ingresos), fija metas programáticas y determina su composición. La ley 84-20221 también obliga a las agencias públicas involucradas, a establecer metas concretas de reducción de pobreza desde sus áreas de intervención gubernamental.
Instituciones Independientes de Derechos de la Niñez
“El desarrollo de instituciones independientes que puedan exigir responsabilidades a los gobiernos por sus obligaciones en materia de lucha contra la pobreza infantil representa un importante avance en la gobernanza de los derechos de la niñez”. Esto no se refiere a organizaciones sin fines de lucro, que ciertamente tienen un rol importante. La recomendación es la creación de una estructura gubernamental de vigilancia que evalúe la ejecución gubernamental en la implementación del plan de reducción de pobreza infantil. La misma debe tener independencia de criterio para seleccionar sus miembros, hacer investigaciones rigurosas, promover la participación de la niñez y sus familias, e identificar violaciones de derechos de la niñez. En Puerto Rico, este ente no debe ser parte de las agencias de gobierno, en dónde los funcionarios responden a la agenda programática de turno, sino debe tener independencia e integrar una visión multisectorial. Establecer este organismo en PR debe ser una de las metas centrales en los próximos años. El no hacerlo, perpetuará un ciclo ya conocido en el país, de ajustar, lo que deberían ser planes de país, a las prioridades programáticas del gobierno de turno.
Estrategias, políticas, servicios y programas integrales y adecuados
“…, las normas sobre los derechos de la niñez deben proporcionar un marco normativo importante que puede ayudar a los Estados a diseñar e implementar políticas eficaces para reducir la pobreza”. La Comisión para Combatir la Pobreza Infantil y la Desigualdad Social, aprobó en 2024 un plan de reducción de pobreza infantil con estrategias que atienden este problema desde una definición amplia que incluye elementos como la inseguridad alimentaria, transportación, salud y educación. También atiende asuntos de eficiencia y coordinación interagencial. El mismo fue desarrollado con el insumo de expertos/as y de la juventud. Debo mencionar que este plan enfrenta una gran amenaza y es la dependencia del país en fondos federales. Urge un análisis de las medidas del plan para determinar la viabilidad de su implementación en el nuevo panorama de fondos federales. También, es imperante que el país reduzca significativamente su dependencia de estos fondos con una estrategia de desarrollo económico comprensiva.
Monitorear la situación de la niñez que vive en pobreza
El conocimiento que tenemos sobre los mecanismos que explican la pobreza infantil y la desigualdad es limitado. También, la evaluación efectiva de iniciativas para reducirla es deficiente. Puerto Rico, necesita desarrollar con una agenda de investigación académica robusta que provea información para tomar decisiones de política pública informada. Esto requiere la asignación de fondos a investigadores de diversas disciplinas con metas programáticas concretas y que incluyan estudios longitudinales. Además, exige la educación y sensibilización de legisladores/as y otros funcionarios hacia el uso de resultados de investigación en su rol legislativo y administrativo.
Designar recursos económicos
Los presupuestos de las agencias deben estar alineados a metas programáticas de reducción de pobreza y desigualdad. Una respuesta de país articulada debe maximizar sus recursos y generar mayor eficiencia en la colaboración interagencial y con organizaciones sin fines de lucro y organizaciones vecinales. Recursos económicos deben ser destinados a crear un crédito por menor dependiente criollo, estrategia con evidencia de efectividad. El desarrollo de destrezas y conocimientos a través del sistema debe ser una inversión medular para la implementación de estrategias. Además, es imperante invertir en evaluaciones dirigidas a medir la efectividad de las estrategias implementadas.
Colaboración con la sociedad civil incluyendo la niñez
La democratización de la gobernanza es necesaria para la generación de alternativas y para la sustentabilidad de estas. La inclusión de las familias y de la niñez ha sido pieza clave para el éxito de iniciativas de reducción de pobreza a nivel internacional. Los procesos participativos no pueden ser tokenistas. Estos, deben ser genuinos y con indicadores claros de como se integra la voz ciudadana y de la niñez en planes de trabajo y en procesos evaluativos. Los municipios tienen un rol importante que jugar en la democratización del proceso por su cercanía a la ciudadanía.
Corrupción
“La corrupción perjudica desproporcionadamente a los pobres al desviar fondos destinados al desarrollo, socavar la capacidad del gobierno para proporcionar servicios básicos, alimentar la desigualdad y la injusticia, y desalentar la ayuda y la inversión extranjeras. La corrupción es un elemento clave del bajo rendimiento económico y un obstáculo importante para la reducción de la pobreza y el desarrollo”. Puerto Rico necesita mecanismos sólidos de prevención de corrupción con consecuencias contundentes para quienes ilegalmente se beneficien de los recursos del estado. Planteo, además, que Puerto Rico necesita una reforma del sistema de donativos a campañas políticas para promover procesos más democráticos y reducir la desigualdad que genera la influencia de capital en las campañas.
La ruta hacia la reducción de la pobreza infantil y la desigualdad es clara. Requiere no solo de políticas públicas efectivas sino de una sana gobernanza. Esta última solo se puede lograr creando mecanismos que despoliticen los procesos de toma de decisiones y que prevengan los actos de corrupción. No hacerlo es perpetuar un ciclo de violencia institucional en contra de la niñez.
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