La privatización de un servicio esencial como la energía eléctrica es contrario al interés público. Así lo demuestra el largo historial de negligencia e incompetencia de LUMA Energy y, ahora, la situación con New Fortress Energy. Esta última cortó el suministro de gas para la operación de la planta de San Juan luego de que se paralizara el contrato que impulsa el gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP) con su subsidiaria, Genera PR, para cederle gran parte de la operación de generación de energía en Puerto Rico. Como consecuencia, gran parte de una de las principales plantas de generación dejó de operar en momentos en que se dispara el consumo de energía por las altas temperaturas, lo que aumenta el riesgo de apagones.
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Nuevamente, el pueblo puertorriqueño sufre las consecuencias de la política pública impulsada por el bipartidismo con el fin de privatizar nuestro sistema energético. Esta política fracasó y lo prometido nunca se concretó. Al día de hoy, continuamos con un sistema deficiente, vulnerable y costoso que afecta la seguridad y calidad de vida del pueblo y obstaculiza la transición a fuentes de energía limpia para avanzar hacia un sistema eficiente, sostenible, confiable y de acceso universal asequible.
Buscar otras compañías para ejercer las funciones y facultades para las que fue creada la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) no es la solución. Las compañías privadas actúan en función de sus intereses económicos, no por los del pueblo. Continuar con el contrato de LUMA y otorgarle la operación de generación a una compañía con serios problemas financieros y que cortó el suministro de gas sin importarle las consecuencias en el pueblo puertorriqueño es sentenciar a Puerto Rico hacia el abismo.
El camino hacia el sistema que deseamos y merecemos requiere de compromiso, diálogo y determinación. El Partido Independentista Puertorriqueño se reafirma en su propuesta de que la AEE retome el control de sus activos y de todas las operaciones del sistema energético bajo un marco regulatorio que asegure una gobernanza independiente de la política partidista, responsabilidad fiscal, que incluya mecanismos claros y agresivos de rendimiento de cuentas y logre la continuidad de los trabajos para cumplir la política pública de cambiar a fuentes de energía limpia e independiente de los intereses económicos privados.