La Ley Núm. 85-2018, conocida como la “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico” (en adelante, la “Ley 85-2018″), estableció las escuelas públicas alianza como un nuevo modelo de enseñanza dentro del Sistema de Educación Pública del Departamento de Educación (DEPR), el cual proporciona una mayor oferta y oportunidades educativas para los estudiantes.
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La creación de este proyecto educativo va dirigida a proveerle a los padres y comunidades la oportunidad de insertarse y empoderarse de la educación de sus niños, en conexión directa con las necesidades particulares de sus comunidades. Este esfuerzo busca ir transformando nuestro sistema de educación pública con una nueva mirada. Ciertamente es un curso de acción digno de apoyar, así como impulsar otros esfuerzos como el homeschooling, las microescuelas, las Iglesias-escuelas y otros conceptos y estilos de educación.
En el aspecto de la educación pública en Puerto Rico es necesario tener una nueva mirada con cara al futuro. No podemos seguir con discursos de añoranza de la escuela pública que nuestros abuelos, padres, y aún algunos de mi generación experimentaron. El mundo está transformándose ante nuestros ojos, y el andamiaje del Departamento de Educación de Puerto Rico prueba cada día su incapacidad de adaptarse a estos retos, mientras que su burocracia excesiva cuesta cada vez más. Vamos por 6 billones de dólares en su presupuesto.
Las necesidades educativas de nuestros niños también requieren una nueva mirada. El que la escuela se transforme en un esfuerzo de familia y comunidad para educar en el bienestar social y capacidad de emprendimiento de nuestros niños, donde el conocimiento y la implementación de la tecnología, así como el contacto comunitario y disciplina de trabajo, forjen un ser humano con capacidades de manejar las complejidades que los retos del siglo XXI, es un imperativo para todos.
La Resolución Conjunta del Senado 424, buscaba detener el desarrollo del proyecto de escuelas alianzas hasta que el Departamento de Educación cumpla con unos requisitos de fiscalización educativa y presupuestaria que ya están contemplados en ley y en reglamento. Lo anterior, sin evidencia fehaciente alguna de que existe algún problema real en dicho programa o en la ejecución de las Escuelas Alianzas, o de que el Departamento de Educación arrastra los pies en la fiscalización de estas escuelas en comparación con las que tiene bajo su operación directa. Todos sabemos que el Departamento de Educación ha demostrado, y demuestra, una incapacidad de fiscalización efectiva. Si esa es la justificación para detener programas educativos bajo el Departamento de Educación, habría que detener el proyecto educativo público en su totalidad.
No es buena política pública detener un proyecto como el de escuelas Alianzas por el hecho de que la burocracia administrativa del Departamento de Educación es incapaz de cumplir con sus obligaciones básicas, cuando la evidencia testimonial directa de los efectos de la implementación de esta nueva mirada a la educación refleja una efectiva combinación de empoderamiento comunitario familiar y la educación efectiva de nuestros niños. La política pública que debe impulsarse desde la legislatura es escuchar directamente a estas escuelas, y a sus estudiantes, así como exigirle el cumplimiento al Departamento de Educación en el cumplimiento de sus obligaciones. Pero detener un proyecto como el de las escuelas alianzas basado en un informe periodístico, y la pobre recopilación de datos por parte del Departamento, en donde no existe evidencia fehaciente que justifique tal acción legislativa, arroja sombras sobre las verdaderas motivaciones detrás de la medida legislativa.
El hecho de que el Departamento de Educación se haya gastado 40 millones en estas escuelas, mientras mantiene un presupuesto de 6 billones para las restantes, y las que están bajo la dirección inmediata del Departamento han estado bajo fuego en los días recientes, en vez de justificar la paralización del proyecto de escuelas alianzas lo que podría justificar es la paralización del Departamento de Educación en su totalidad.
¿Verdaderamente vamos a paralizar un proyecto que, por el auge en su matrícula, y en las listas de espera para entrar en ellas, así como de la trayectoria e impacto comunitario que han estado teniendo, están funcionando correctamente, porque las escuelas que atiende el propio Departamento de manera directa están en caos? Es necesario seguir implementando el proyecto de escuelas alianza, sin abandonar la exigencia de fiscalización por parte del Departamento en todas sus obligaciones. Definitivamente la Resolución Conjunta 424 del Senado no era buena política pública. Merecía ser derrotada.