Cuando fui electo representante por primera vez, uno de los asuntos que me sorprendió fue el control absoluto que cada legislador tenía de su presupuesto de oficina, que podía asignar, aumentar o disminuir los salarios de sus empleados a su mejor o peor criterio y que los presupuestos de los legisladores dependían si era de mayoría o minoría. Ello acompañado a la ausencia total de un plan de clasificación y retribución para establecer criterios uniformes en las labores y salarios de los empleados de la legislatura.
PUBLICIDAD
Durante ese primer cuatrienio diseñé un plan de clasificación interno y planteé la necesidad de transformar el manejo de los salarios y presupuestos en la Cámara. Luego de resultar reelecto en las pasadas elecciones junto a María de Lourdes Santiago, planteamos a todos los legisladores electos la necesidad de crear planes de clasificación y retribución en los diversos cuerpos legislativos.
A finales del cuatrienio pasado, y durante este, el país ha vivido los terribles casos de corrupción de representantes que utilizaban su poder del presupuesto para inflar salarios a empleados y luego recibir ese dinero a cambio, hoy todos están convictos. En este cuatrienio, la Cámara aprobó unas guías de salarios voluntarias y trataron de aprobar un plan de clasificación para los empleados legislativos resultando infructuoso aprobarlo.
Recientemente con el propósito de promover la transparencia de los fondos públicos en la legislatura, el manejo adecuado de salarios y compensaciones equitativas entre los empleados, radiqué el proyecto de la Cámara 1981 con el propósito de:
1- Crear un plan de clasificación y retribución obligatorio en Cámara y Senado.
2- Que los legisladores estén obligados a apoyar, cumplir y colaborar con los planes.
3- Los empleados legislativos estén obligados a participar de entrevistas y cuestionarios para la creación del plan.
4- No se pueda derogar un plan hasta tanto se cuente con uno nuevo.
5- Los cuerpos legislativos contraten a la Escuela Graduada de Administración Pública de la UPR, para la preparación del plan.
Están emplazados todos los legisladores a darle paso y apoyar esta medida, el país lo exige y nuestra responsabilidad es promover la transparencia y buen uso de fondos públicos.
Más columnas del autor: