El argumento de que la 14ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos permite excluir a Donald Trump de las elecciones ha pasado rápidamente de la oscuridad a ocupar un lugar destacado en la discusión política. En agosto, cuando escribí sobre por qué era necesario tomar en serio la 14ª Enmienda y cómo tenía el potencial de alterar la campaña presidencial de 2024, mucha gente dudaba que el tema cobrara fuerza.
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Ahora es una controversia que está a punto de llegar al Tribunal Supremo de los Estados Unidos.
Pero llegar a la Corte Suprema puede resultar la parte fácil. Para ganar, los oponentes de Trump tienen que superar grandes obstáculos. Quizás el más difícil se deba a que el Congreso no tomó medidas en respuesta al ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio.
El fallo 4-3 del tribunal más alto de Colorado sostuvo que el papel de Trump en el ataque del 6 de enero equivalía a “participar en una insurrección”. Según la 14ª Enmienda, eso significa que Trump tiene prohibido ocupar cualquier cargo federal, incluida la presidencia, dictaminó el tribunal de Colorado.
La Decimocuarta Enmienda se añadió a la Constitución después de la Guerra Civil. La sección 3 de la enmienda, escrita para evitar que los exlíderes de la Confederación recuperen el poder, dice lo siguiente:
“Ninguna persona podrá ser Senador o Representante en el Congreso, o elector de Presidente y Vicepresidente, ni ocupar cargo alguno, civil o militar, bajo los Estados Unidos o bajo cualquier Estado, que, habiendo prestado previamente juramento, como miembro del Congreso, o como funcionario de los Estados Unidos, o como miembro de cualquier legislatura estatal, o como funcionario ejecutivo o judicial de cualquier Estado, para apoyar la Constitución de los Estados Unidos, habrá participado en una insurrección o rebelión contra lo mismo, o dado ayuda o consuelo a sus enemigos. Pero el Congreso puede, mediante el voto de dos tercios de cada Cámara, eliminar dicha discapacidad”.
La esencia es clara: una persona que ha prestado juramento como “oficial de los Estados Unidos” y luego ha “participado en una insurrección o rebelión” no puede “ocupar ningún cargo, civil o militar, en los Estados Unidos” a menos que dos tercios del Congreso vote para permitirlo.
Los detalles, sin embargo, son escabrosos. Entre las preguntas sin resolver:
¿Quién es un “oficial de los Estados Unidos”? ¿Está cubierta la presidencia? ¿Qué quiere decir el texto con “insurrección o rebelión”? ¿Califica el ataque del 6 de enero al Capitolio? ¿Quién decide qué personas han “participado” en una insurrección? ¿Se puede decidir eso sin un juicio?
El fallo del tribunal de Colorado afecta sólo a Colorado. Lógicamente, sin embargo, si la Constitución prohíbe a Trump ocupar el cargo, la prohibición es efectiva en todos los estados. O es elegible o no lo es. Es por eso que es casi seguro que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se hará cargo del caso: es el único organismo que puede garantizar la uniformidad de la ley en toda la Nación.
De los nueve jueces del Tribunal Supremo, seis son republicanos. Pero es posible que el partidismo no salve a Trump; los jueces ya han mostrado su voluntad de rechazarlo, rechazando los argumentos de sus aliados después de que perdiera las elecciones presidenciales de 2020, por ejemplo.
Los abogados de Trump argumentan que la enmienda no se aplica a la presidencia. El texto menciona específicamente a senadores y representantes, señalan, pero no menciona al presidente. La Corte Suprema de Colorado rechazó ese argumento. “Cualquier cargo, civil o militar” incluye claramente el cargo más alto de la nación, opinaron los jueces. Cualquier otra lectura sería inconsistente con el propósito de la enmienda: impedir que los rebeldes recuperen posiciones de poder.
“El presidente Trump nos pide que sostengamos que la Sección 3 descalifica a todos los insurrectos que rompan el juramento, excepto al más poderoso, y que excluya a los que quebranten el juramento de prácticamente todos los cargos, tanto estatales como federales, excepto el más alto de la nación”, escribieron en su opinión. Eso sería inconsistente con el lenguaje sencillo y la historia de la Sección 3.
La mayoría de los juristas que han escrito sobre la 14ª Enmienda están de ese lado.
Las otras preguntas han generado más desacuerdo.
¿Fue el 6 de enero una insurrección? El motín fue un ataque violento a la sede del gobierno e interrumpió temporalmente los asuntos del Congreso. Pero estuvo muy lejos de la Guerra Civil, que cobró la vida del 2% de toda la población estadounidense (el equivalente a 6 millones de personas en la actualidad). ¿Qué tenían en mente los autores de la 14ª Enmienda cuando escribieron “insurrección o rebelión”?
Si el 6 de enero fue una insurrección, ¿Trump “participó” en ella?
Esta no es una cuestión puramente legal, es una cuestión de hecho, del tipo que normalmente se resuelve mediante un juicio. Sin embargo, la 14ª Enmienda no dice que se aplica a las personas que están “condenadas” por insurrección, sino que prohíbe a quienes se han “participado” en una. Eso sugiere que algo menos que un juicio penal formal puede ser suficiente, pero claramente debe existir algún proceso para decidir si un individuo en particular está cubierto.
En Colorado, la jueza de distrito estatal Sarah B. Wallace celebró una audiencia de cinco días, a partir del 30 de octubre, en la que tomó testimonio en cuanto a los sucesos del 6 de enero. A mediados de noviembre, dictaminó que Trump había participado en la insurrección.
¿Pero fue justa esa audiencia? Los abogados de Trump dicen que no. Lo mismo piensa uno de los tres jueces disidentes de la Corte Suprema de Colorado, Carlos Samour Jr. La audiencia fue “una desprovista de muchas protecciones básicas que normalmente acompañan a un juicio civil, y mucho menos a un juicio penal”, escribió en su disidencia. “He estado involucrado en el sistema de justicia durante treinta y tres años y lo que ocurrió aquí no se parece a nada que haya visto en un tribunal”.
Aún si el Tribunal Supremo de los Estados Unidos considerara que el proceso fue justo, es muy poco probable que los jueces permitan que un solo juez de un tribunal estatal llegue a una conclusión fáctica aplicable en cuanto a un asunto que atañe a todo el país. Pero permitir que cada uno de los 50 estados tome su propia decisión parece igualmente indeseable, lo que podría potencialmente provocar una cacofonía de fallos contradictorios.
Ese es el problema central de todo el caso- el caos potencial provocado por un sistema imprudente, inconstitucional y sin estándares en el que cada estado puede adjudicar los casos de descalificación de la Sección 3 sobre una base ad hoc.
El Tribunal Supremo rinde decisiones sobre asuntos de ley, no determinaciones de hecho, por lo que no está en condiciones de llevar a cabo un proceso para decidir si Trump –o cualquier otra persona– es debe ser considerado insurrecto.
El Congreso es el único organismo que podría resolver el problema. Podría hacer lo que hizo un Congreso anterior después de la Guerra Civil y, por ley, crear un procedimiento para decidir quién ha participado en conductas cubiertas por la prohibición de la 14ª Enmienda. Eso, sin embargo, no va a suceder. Desde el 6 de enero, los aliados republicanos de Trump se han asegurado de que los legisladores no tomarán medida alguna más allá de celebrar audiencias.
Su apoyo evitó que Trump fuera condenado después de su juicio político. Ahora, hay muchas posibilidades de que el Tribunal Supremo dictamine que la 14ª Enmienda no puede aplicarse contra Trump porque no existe un procedimiento justo para establecer los hechos relevantes. De ser así, el bloqueo del Congreso contra la rendición de cuentas habrá logrado una victoria crucial.
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