Hace casi siete años, el Partido Republicano hizo lo que muchos funcionarios del partido llamaron en privado un pacto con el diablo con Donald Trump. La factura acaba de vencer.
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Todavía no es posible evaluar la solidez del caso del fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, contra Trump. Se sabía que la investigación involucraba pagos secretos a una estrella porno para encubrir una supuesta aventura, pero sus dimensiones completas y los cargos precisos por los que un gran jurado de Nueva York acusó al expresidente el jueves por la tarde permanecían sellados a la fecha de redacción de esta columna.
Tampoco tiene mucho sentido tratar de adivinar el impacto en unas elecciones generales para las que quedan más de 19 meses — y tal vez varias acusaciones — en el futuro.
Pero lo que está claro es que los republicanos ahora se enfrentan a lo que podría ser el peor de los casos: durante al menos un tiempo, el favorito para su nominación estará haciendo campaña mientras enfrenta cargos criminales. Es probable que eso lo fortalezca a los ojos de una parte significativa de los votantes del partido, incluso cuando la mayoría de los estadounidenses lo ven como una descalificación.
Si Trump gana la nominación, el destino del partido podría depender del resultado de un juicio criminal. Si pierde, la acusación le dará todos los incentivos para volver a quejarse y denunciar a quien le gane la primaria al punto de restarle votos en una elección general.
Trump ya le ha dado al país un vistazo a cómo será la campaña mientras esté bajo acusación: durante las últimas semanas, ha estado denunciando regularmente al fiscal Bragg, llamando a sus seguidores a protestar por la posibilidad de que fuera encausado y exigiendo que el resto del partido, incluyendo a sus rivales potenciales, le hiciera coro y lo defendiera.
Al hacer eso, su posición entre los votantes republicanos parece haber mejorado; aproximadamente la mitad de los posibles votantes de las primarias republicanas dijeron antes de la acusación que lo apoyarían, según la encuesta de seguimiento realizada por Morning Consult, una firma de encuestas e investigación.
A mediados de enero, cuando la posición de Trump en las encuestas era más baja de lo que es hoy, la encuestadora republicana Whit Ayres encuestó a los votantes republicanos y descubrió que aproximadamente 1 de cada 4 se identificaba más como partidario de Trump que partidario del Partido Republicano. La base de apoyo de Trump incluye a ese grupo y otra porción de republicanos que se identifican como partidarios del partido pero que están totalmente comprometidos con el expresidente. Juntos, suman alrededor de un tercio del partido.
La mayor parte, los votantes que quizás votarían por Trump constituyen el 55%-60% del partido. Son exactamente el tipo de personas que querrán saber si el caso del fiscal Bragg es creíble o una venganza inventada por un fiscal liberal demócrata de Nueva York que quiere destruir a Trump.
La buena noticia para los rivales de Trump es que esos votantes, sumados al aproximadamente 10% de los republicanos que se oponen firmemente a Trump, son suficientes para determinar la nominación a la presidencia, si se consolidan detrás de un candidato alterno. La mala noticia para ellos es que la acusación dificultará la comunicación de cualquier mensaje a los votantes que no gire en torno a las “injusticia” contra Trump.
Ese es siempre el problema en una campaña con Trump- nadie es mejor logrando que la mayoría o toda la atención de los medios se centre en sí mismo, y de esta forma imposibilita el que candidatos alternos logren relevancia.
Una de las grandes habilidades de Trump como político es esa habilidad para captar la atención. Lo usó durante las primarias de 2016, diciendo cosas que muchos funcionarios republicanos tradicionales, periodistas y otros analistas vieron como meteduras de pata autodestructivas pero que mantuvieron los ojos puestos en Trump. El resultado fue reducir la capacidad de los candidatos rivales para transmitir un mensaje consistente a los votantes: en cualquier momento, sabían que sus planes cuidadosamente elaborados podrían explotar por un tuit de Trump.
Los rivales actuales de Trump enfrentan el mismo problema, y la acusación lo agrava. En lugar de hablar sobre los temas que preferirían destacar como parte de sus campañas primaristas, los candidatos enfrentarán semanas, tal vez meses, en las que Trump y sus aliados exigirán que hablen sobre él y lo que están haciendo para luchar contra sus enemigos enjuiciadores.
Ese es solo el comienzo de las complicaciones que enfrentarán.
Los partidarios de Trump esperan que los cargos en su contra sean desestimados rápidamente, tal vez porque los presuntos delitos ocurrieron hace demasiado tiempo como para ser procesados. Eso podría suceder; hay argumentos legales de que el período de prescripción ya se ha agotado para cualquier delito que Trump haya podido haber cometido en relación con los pagos a la estrella porno Stormy Daniels. Si se desestimara el caso, Trump seguramente lo reclamaría como una exoneración, lo que probablemente lo impulsaría a los ojos de los votantes republicanos y quizás de algunos otros.
Pero es al menos igualmente probable que los procedimientos legales contra Trump puedan durar hasta bien entrada la temporada de primarias y más allá.
Considere que la misma oficina del fiscal de distrito acusó a la compañía de Trump por cargos de fraude financiero en julio de 2021. El caso fue a juicio más de un año después, en noviembre de 2022, duró aproximadamente un mes, y terminó con la Organización Trump condenada por 17 cargos de fraude y otros delitos por los que la empresa fue multada $1.6 millones en enero de 2023.
Si el caso actual siguiera un itinerario similar, iría a juicio en el verano de 2024, cuando los republicanos tienen programado celebrar su convención de nominación en Milwaukee a mediados de julio.
Mucho antes de un juicio, cada paso del proceso de campaña, por ejemplo, el momento de los debates, se verá complicado por los horarios de los tribunales mientras dure el caso.
Y, por supuesto, esto puede ser solo el comienzo. Trump enfrenta al menos otras tres investigaciones criminales activas: un gran jurado estatal en Georgia que está escuchando evidencia sobre sus esfuerzos para anular los resultados de las elecciones de 2020 en ese estado y dos investigaciones federales a cargo del fiscal especial del Departamento de Justicia, Jack Smith, una sobre la participación de Trump en el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de EE. UU., el otro en su manejo de documentos gubernamentales, muchos de ellos clasificados, que guardaba en su propiedad de Mar-a-Lago.
El caso de Georgia parece estar cerca de una decisión final sobre una acusación, mientras que es poco probable que la determinación sobre una posible acusación en caunto a las investigaciones federales culminen en los próximos meses.
Si Trump gana la nominación del partido con investigaciones criminales aún pendientes, es poco probable que el público en general responda positivamente. Ya, antes de la acusación, una reconocida encuesta publicada por la Universidad de Quinnipiac encontró que la mayoría de los estadounidenses de un 57% opnió que los cargos criminales deberían descalificar a Trump para postularse.
Pero si pierde, en una campaña primaria ensombrecida por lo que sus partidarios ya ven como un enjuiciamiento político ilegítimo, es aún menos probable que Trump acepte la derrota y respalde por completo al candidato republicano. Trump sentado en Mar-a-Lago furioso por una nominación “robada” sería casi una receta segura para una derrota del Partido Republicano.
Desde que Trump obtuvo la nominación republicana en 2016, los líderes de los partidos se han beneficiado de una alianza con él que les aportó decenas de millones de votantes adicionales. Mientras tanto, intentaron, en la medida de lo posible, mantenerse en silencio sobre su mala conducta, conocida y sospechada, y esperaban que la buena fortuna se anticipara para siempre a un ajuste de cuentas. Eso siempre fue una apuesta perdida. La acusación del jueves sugiere que también podría ser costosa.