Durante la pasada sesión, participé, como de costumbre, en innumerables vistas públicas sobre temas fundamentales para el país y que, para mí, deben ser ruta de trabajo tanto para la Legislatura como para el Ejecutivo.
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En la Comisión de Salud atendimos, por ejemplo, la situación de los derechos de los pacientes de cáncer en Puerto Rico. Allí escuchamos a diversas organizaciones, componentes de la comunidad médica y otros sectores, y atestiguamos, una vez más, los señalamientos constantes del efecto terrible y dramático que las políticas miserables de los planes médicos y las aseguradoras en Puerto Rico tienen sobre los pacientes, que afectan, incluso, sus posibilidades de vida ante tan grave enfermedad. Seguiremos insistiendo en un plan nacional de salud con cobertura universal.
Otro tema fundamental que hemos trabajado constantemente es el maltrato infantil en Puerto Rico. La Comisión de Gobierno discutió en diciembre el proyecto para declarar una emergencia nacional por la situación de maltrato a nuestra niñez. Fue sorprendente e increíble la mentira descarada del Departamento de la Familia de negar la existencia de sobre 10,000 querellas de niños maltratados sin atender y que fueron reconocidas seis meses antes por la misma agencia.
En tercer lugar, tras el recurrente problema de la violencia y la criminalidad en Puerto Rico, el año pasado conformé un grupo multidisciplinario de trabajo compuesto por personas expertas en el tema, comunidades, la academia y organizaciones para discutir y analizar el tema de la violencia. Como resultado de dicho esfuerzo, realizamos una primera conferencia –en la que un grupo de legisladores y legisladoras participó– y próximamente publicaremos las ponencias vertidas durante el cónclave para tener el beneficio de esa mirada científica y académica que trasciende la limitada óptica gubernamental sobre este tema, extraordinariamente importante, por tratarse de las vidas humanas que se pierden diariamente a raíz de la violencia.
En otro tema primordial, el cambio climático, hace falta la voluntad política de los gobernantes para finalmente establecer políticas públicas saludables al medioambiente, como fomentar y aumentar el reciclaje, el uso de la energía renovable, la conservación de nuestros recursos naturales, así como una nueva ley de costas y la moratoria de construcción.