Opinión

Opinión Jesús Manuel Ortiz: El deber de rendir cuentas

Lee aquí la columna del representante del PPD.

La Lotería Electrónica es una fuente importante de ingresos recurrentes que se creó, por virtud de la Ley 10 de 1989 con el fin de traer beneficios al pueblo de Puerto Rico. En ese sentido, es un patrimonio del pueblo y debe manejarse con total transparencia.

En el año 2016 la compañía Scientific Games firmó un contrato como operador privado de la Lotería Electrónica por un término de 8 años, es decir, hasta 2024. Si tomamos en cuenta las extensiones y contratos que ha tenido Scientific Games, vemos que ha sido el operador privado de la Lotería Electrónica por más de 16 años. El contrato actual asciende a $131.9 millones.

La Ley 10 de 1989 dispone que el ingreso neto de las operaciones de todos los juegos tiene que dirigirse a fines públicos concretos, como por ejemplo, hasta 20 millones al Fondo para el Programa de Subsidio de Arrendamiento y Mejoras para Viviendas a Personas de Mayor Edad con Ingresos Bajos. De igual manera, el 35% de los ingresos netos anuales (luego de restar lo asignado para vivienda) va destinado al Fondo de Equiparación de Ingresos Municipales, para cubrir gastos de funcionamiento y mejoras permanentes.

El Secretario de Hacienda también tiene que remitir mensualmente al Fondo para Servicios contra Enfermedades Catastróficas Remediables, 2% de los ingresos netos proyectados atribuibles al mes anterior y un 3% al Fondo Especial para Becas de la Universidad de Puerto Rico. De los premios no reclamados, la ley establece que 3 millones de dólares van al Fondo Especial para el Desarrollo de las Categorías Menores, a ser administrados por el DRD, enfatizando actividades dirigidas a personas con impedimentos.

Lo justo es que el país conozca cómo se maneja cada centavo en la Lotería Electrónica y se revise toda la operación de este activo del pueblo de Puerto Rico. Algunas preguntas básicas son; ¿cuánto genera en ingresos anuales?, ¿a cuánto ascienden los gastos?, ¿cómo compara con loterías en otras jurisdicciones?, ¿están llegando los fondos a los servicios públicos que ordena la ley? De hecho, esta investigación no surge por alguna confidencia de actos irregulares de nadie; surge precisamente por la falta de información sobre el manejo de la lotería electrónica. Los tiempos de no rendir cuentas tienen que terminar. Mi objetivo, con esta investigación, ademas de asegurar que el dinero dirigido a servicios esenciales establecidos por Ley se esté cumpliendo, es restablecer de una vez y por todas el deber de rendir cuentas.

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