Opinión: Los secretos en la "bóveda" de Hacienda
Los asesores o consultores de comunicaciones que zarandean en este Gobierno deberían imprimir su experiencia dictándoles a los titulares de cada dependencia un…
Por Mariliana Torres @MarilianaTorres
Los asesores o consultores de comunicaciones que zarandean en este Gobierno deberían imprimir su experiencia dictándoles a los titulares de cada dependencia un manual de instrucciones de cómo manejar las crisis que transcurren y las que se acercan y de paso un curso intensivo sobre qué es la prensa, cómo enfrentarla y cuáles son sus deberes ante el país. Absurdas fueron todas las contestaciones ofrecidas por los que representan el Departamento de Justicia y el Departamento de Hacienda para despachar el reclamo de la prensa para poder acceder a documentos públicos. Más allá de negarse a entregar el informe de KPMG, que en las próximas horas por orden del tribunal tendrán que entregar, los proponentes mostraron al pueblo su desconocimiento sobre el derecho que tiene todo ciudadano a acceder a esa información y más aún cuando el informe es pagado con fondos públicos.
Hace meses que los periodistas, en especial un periódico digital especializado en negocios, iniciaron la ardua tarea de pedir legítimamente el informe de KPMG. Pero, peldaño sobre peldaño, el Gobierno se negó a entregar el documento, lo que propició el pleito judicial. Absurdas excusas que rayan en el menosprecio de la inteligencia se escucharon de los que se supone sepan al dedillo la Constitución.
Causa suspicacia y hasta temor conocer cuál es el misterio del informe que cocina el Gobierno como suculenta reforma contributiva. La prensa también está constituida por constituyentes que tienen derecho a acceder al informe, examinarlo e interpretarlo. En ese informe voluminoso que nadie sabe qué escriben; pero, si se presume el contenido, se encuentran los detalles de una reforma que podría impactar una vez más el bolsillo del contribuyente.
En su ya maltrecha imagen el Departamento de Hacienda ha demostrado el manejo inadecuado del tema y ha provocado una crisis mayor por falta de información. Una de las contestaciones más absurdas que leí fue la de la abogada que representó al Departamento de Justicia, Noemí Cortés, cuando se dirigió en sala a la jueza Aileen Navas. Cortés insistió en que el informe no se debería hacer público, porque“el pueblo prejuzgaría y podría llegar a conclusiones incorrectas”. Es decir, que el pueblo es tonto y que a la prensa hay que desinformarla. ¡Qué falta de prudencia señora abogada! Le faltó explicar por qué teme que la prensa analice con profundidad y que el pueblo de una vez y por todas se entere de cuáles son los ingredientes que cocina la reforma. Es más que sencillo: si no hay nada que ocultar, por qué no divulgar la información que se les pidió y que ahora por mandato judicial tendrán que entregar. Constituye una burla a nuestro pueblo colocar ese tipo de reparo y una displicencia a la labor que realiza la prensa. Para colmo, la abogada verbalizó ante la atestada sala que entregar el informe obligaría al Gobierno a tener que contestar preguntas de la prensa. ¿Qué? Pero ¿cuál es la labor de la prensa? ¿Acaso la prensa debe aceptar todo como cierto? ¿Es ilegal ser incisivo, analizar o interpretar? ¡Vamos! La labor de la prensa es preguntar, y los funcionarios gubernamentales, pagados con fondos públicos, tienen que atender a la prensa. ¿Cuál es el temor de que se divulguen las recomendaciones del informe?¿Cuál es el miedo a que provoque opinión pública? Los constituyentes tienen derecho a estar informados y conocer la verdad. Es indispensable que los funcionarios gubernamentales conozcan que el trabajo de la prensa se respeta y que su labor no debe ser coartada. Resulta difícil entender que la acción de negar acceder a la información venga de la agencia que se supone defienda los derechos del ciudadano.Negar el informe es censura y fue probado.
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