Opinión: 18 Meses: AGP y la prensa
Hay algunas estrategias oficialistas en contra de la prensa más sigilosas que otras. Aprovechando la coyuntura de los 18 meses de esta administración, y que ayer sirvió de celebración para la alegada creación de 55,305 empleos, repaso algunos asuntos pendientes y reclamos hechos por nuestros periodistas que el gobernador García Padilla ha ignorado.
Es obvio que esta administración carece de una estrategia de comunicación pública. Aunque no es nuestra función fiscalizar ese problema en particular, no deja de ser uno pertinente para los periodistas cuando eso afecta nuestro trabajo, y a fin de cuentas la ciudadanía no recibe toda la información que debería.
Precisamente ayer, después de la conferencia de prensa del gobernador sobre su “promesa cumplida”, me acerqué con mi compañero fotoperiodista a la mesa en la que se habían ubicado dos carpetas, con títulos rimbombantes en sus portadas, y que contenían la supuesta evidencia de los empleos creados en estos 18 meses que van de cuatrienio. No bastó mi acercamiento y que yo abriera una de las carpetas, para que los ayudantes de García Padilla —entre estos el hermano de la recién confirmada jueza del Tribunal Supremo Maite Oronoz— me advirtieran que no podría fotografiar los documentos porque contenían información delicada. Es decir, al político de turno hay que creerle por fe, y las carpetas en “cuerpo presente”, evidentemente, no eran más que parte del montaje mediático del momento.
La semana ya había comenzado con otra controversia con la prensa. El superintendente José Caldero anunció el cierre de las oficinas que sirven de enlace entre los periodistas y la Policía de Puerto Rico. La medida anunciada tiene un fin muy legítimo: reforzar la presencia de la Policía en nuestras calles ante un problema de seguridad pública. Sin embargo, el análisis hecho demuestra que la medida, al menos la ya tomada en las regiones policiacas de Bayamón y Carolina, redundará en la movilización a la calle de menos de 10 policías y que no se consideraron otras medidas, como sustituir ese personal para no tener que cerrar operaciones en esas oficinas. El precio a pagar, de ningún plan gubernamental, puede ser enajenar a la ciudadanía de información importante, mucho menos de la concerniente a la criminalidad. En el caso de la Policía, una medida como esta despierta además el fantasma de la manipulación de estadísticas.
Recordemos que La Fortaleza nunca atendió adecuadamente las quejas de la prensa sobre la política de mordaza que impuso el exsuperintendente Héctor Pesquera. Esperemos que no prevalezca de nuevo la mirada hacia el otro lado con los aires que soplan con el nuevo jefe policial.
En un tema relacionado también con la seguridad pública, la semana pasada, el Departamento de Justicia se allanó sin problemas a la instrucción del juez federal Gustavo Gelpí que le impuso una mordaza ante la prensa al monitor federal de la Policía, Arnaldo Claudio. Gelpí, en una instrucción inaudita, condicionó cualquier conversación pública que tenga el funcionario que devengará un astronómico salario proveniente de fondos públicos estatales. Desde la Asppro, hicimos un reclamo para que al menos el Gobierno de P. R., como parte en el pleito, reclamara una reconsideración en la instrucción del juez, pero ningún esfuerzo importante en esa dirección se ha observado.
¿Y el informe de Sánchez Betances? ¿Se acuerdan? Tras la salida del exsecretario de Justicia por defender a su “amigo del alma”, La Fortaleza impidió a la prensa ver detalles del documento que consideró al momento de evaluar el rol del funcionario en aquel incidente.
La semana pasada, personal de protocolo del presidente de la Cámara, Jaime Perelló, trató de impedir físicamente que periodistas se acercaran y preguntaran al legislador sobre el debate presupuestario de entonces.
Así que, oficiales electos y nombrados de esta administración, la cordialidad no es suficiente. Tienen que ser un gobierno transparente de verdad.
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