Opinión: La verdadera sostenibilidad
Si de algo debemos tener certeza cuando vemos la historia reciente, por no hablar de la antigua, es de que la Ley de Sostenibilidad Fiscal aprobada por la mayoría del Partido Popular y firmada por el gobernador ni es un salvavidas a la crisis fiscal en la que se ahoga el país ni mucho menos es sostén de algo positivo y beneficioso para la mayoría de los puertorriqueños.
La aprobación de este proyecto es una artimaña en la que hoy Alejandro, ayer Fortuño y antes Aníbal, así como todos sus predecesores, se obstinan en el que una deuda astronómica impagable la paguen los más vulnerables a fuerza de arremeter contra los derechos adquiridos de la clase asalariada; la condena a una vejez empobrecida con el desmantelamiento de los sistemas de retiro; el allegar ingresos para el Gobierno con la aprobación de abusos, como el IVU, la patente nacional y otros impuestos que aniquilan a trabajadores, desempleados, retirados y a los pequeños y medianos empresarios puertorriqueños.
Todas y cada una de esas medidas no solo han sido insuficientes para conjurar la crisis, sino que en términos reales han venido a ser parte de las innumerables y erradas acciones de política pública que el Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD) han implementado y nos tienen en donde estamos.
Hoy, con la Ley de Sostenibilidad Fiscal, al igual que con la Ley 7 de Fortuño, se usa como justificación un supuesto “estado de emergencia fiscal” para ilegítimamente engullir una “medicina” que no cuenta con la anuencia de nuestro pueblo.
El efecto de la medida, como lo planteó en el debate legislativo la portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en el Senado, María de Lourdes Santiago, “no es desterrar del servicio público a los responsables de la crisis, a los que han tomado una administración tras otra, las decisiones movidas por la incompetencia propia del que llegó a su trabajo por fidelidad política y no por sus capacidades. El efecto va a ser aniquilar toda esperanza de progreso a la jefa de Familia que no se gana ni diez dólares la hora, decirle al empleado que tras quince años en una corporación pública se gana la fortuna de $2,500 al mes, que no verá jamás un aumento ni de salario ni de beneficios. Y todo disfrazado con un lenguaje de “vamos a negociar”, “tienen hasta agosto”, cuando ya desde hoy sabemos que la actitud de diálogo no va a mejorar.
Las alternativas a la ley han sobrado por décadas. Desde el PIP hemos insistido en que para enfrentar la crisis es indispensable, entre otras cosas, acabar con el régimen de privilegios contributivos para las corporaciones foráneas, instaurar una reforma contributiva integral que le facilite al Departamento de Hacienda la fiscalización y terminar con las exenciones, deducciones y créditos injustificados que evitan mayores recaudos de sectores que en justicia podrían aportar más.
Y, finalmente, el reconocimiento de la urgencia en superar nuestra indignante condición colonial que representa una camisa de fuerza que nos impide contar con los poderes políticos necesarios para hacer lo que hacen las naciones independientes en tiempos de crisis: proteger su producción agrícola, comercial e industrial; renegociar los términos de pago de la deuda; tener acceso a entidades financieras internacionales que ofrecen ayuda en situaciones como las que atraviesa Puerto Rico y crear un proyecto económico que no dependa de la aprobación de Gobiernos ni de casas crediticias extranjeras. Esta es la ruta a una verdadera sostenibilidad fiscal y económica.
