Opinión: ¿Justicia ciega? Tal vez bizca

Como si no fuera suficiente con los golpes que el Gobierno ha recibido en los últimos años y que han tenido el efecto de hacerle perder puntos ante los ciudadanos a los que sirve, la pasada semana una de sus ramas volvió a sufrir una importante sacudida. Se trata de la Rama Judicial.

El jamaqueón llegó en la forma de una acusación federal contra el juez superior Manuel Acevedo Hernández. El togado ha sido acusado de conspirar con el contable Lutgardo Acevedo por aceptar, solicitar y supuestamente recibir sobornos a cambio de que el último saliera airoso en un caso criminal que fue referido a la sala que presidía el primero en el tribunal de Aguadilla.

Acevedo López fue declarado no culpable el 27 de marzo de 2013 por cargos relacionados con conducir en estado de ebriedad, homicidio negligente y obstrucción a la autoridad pública en un caso en el que se le señaló por haber ocasionado la muerte de un hombre en medio de un accidente de tránsito. El juez que le declaró no culpable fue precisamente Manuel Acevedo Hernández.

Para muchos la acusación contra el juez no representaba novedad. Después de todo, los rumores sobre él en la zona oeste apuntaban a supuestos déficits de moral, muy a pesar de su cargo. Pero la Rama Judicial investigó, solo que al hacerlo no encontró nada.

Lo mismo sucedió con la jueza Inés Rivera Aquino.

Su presunta conducta errática en corte y fallos tachados de irregulares ya le habían creado una leyenda personal en los pasillos del juzgado y entre aquellos que tuvieron que enfrentarla en sala. La gota que desbordó la copa fue el veredicto de culpabilidad por asesinato atenuado (y no en primer grado) contra un hombre que CONFESÓ —así en mayúsculas— haber asesinado a su compañera.

Los familiares de la joven levantaron bandera roja. Parecía no ser el único incidente protagonizado por la mujer. Posteriormente la jueza tuvo que recibir asistencia luego de un episodio en el que se mostró soñolienta e incoherente en pleno estrado. Y la lista de incidentes de la jueza era larga. Tribunales “investigó”, pero no encontró irregularidades. Sin embargo, el 14 de diciembre de 2011, la jueza fue relevada de su cargo por el entonces juez presidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton, luego de volver a ser sorprendida desvariando en sala. La jueza posteriormente fue “retirada” de su cargo, pero sus controvertibles fallos judiciales quedaron intocables. Como confesaría la propia administradora de Tribunales de entonces, Sonia Ivette Vélez, “la única forma de revocar ese fallo sería a través de los procesos apelativos que puedan haber. Entiendo que, en este caso, no hay ningún proceso apelativo”, dijo. Y aquí es donde comienzan los problemas. ¿Es la Rama Judicial lo suficientemente eficiente en sus procesos de autorregulación? ¿Son sus fallos confiables o lo suficientemente rápidos? ¿Qué pasa cuando se encuentran fallas? ¿Debe el ciudadano afectado conformarse con un “lo siento” y arrastrar el error de otro por el resto de su vida?

Aunque la reciente intervención contra el juez Acevedo Hernández no debe suponer una oportunidad para manchar el nombre de toda la Rama Judicial del país, lo cierto es que esa misma Rama no debe dar por verdad su buen nombre y, por el contrario, debe aprovechar la coyuntura para revisar sus procesos de fiscalización interna y reiterar ante los ciudadanos su compromiso de garantizar que la señora Justicia no se quite la venda de los ojos a la hora de pasar juicio sobre uno de los suyos.