Opinión: ¡Aún queda grasa! ¿Quién la corta?

Hoy escribo estas líneas agarrándome del pedido que han hecho los diversos protagonistas del asunto público para buscar alternativas a la crisis económica. Desde el comienzo del cuatrienio e incluso desde antes de conocerse el resultado de la más reciente elección, los economistas anticipaban que los años que vivimos serían difíciles y, por lo mismo, cargados de decisiones igualmente difíciles. Después de todo, el peso de una deuda de $70 mil millones de dólares es lo suficientemente fuerte como para doblarle el lomo a cualquiera que pretenda cargarla. Sin duda el país siente cada vez más el peso de las malas decisiones.

 Por eso el país resentirá que, a la hora de buscar alternativas para aliviar la crisis, la primera opción sea meter la mano en los bolsillos del ciudadano.

Parte de la solución que proponen muchos es cortar grasa. Ante ese reclamo, el Gobierno ha ordenado reducciones cercanas a los $900 millones en el nuevo presupuesto. Para ello ha requerido bajas presupuestarias cercanas al 20 % para la mayor parte de las agencias públicas. Pero no puedo evitar preguntarme si eso es suficiente, sobre todo porque el sentido común de los ciudadanos parece identificar gastos que ni siquiera se acercan a lo necesario y, sin embargo, no se tocan ni con una vara larga.

Y como estamos por sugerir, sugiero.

 ¿Qué tal si comenzamos por las escoltas de los exgobernadores? A todas luce como un gasto innecesario. Se trata de ciudadanos acomodados, con el capital suficiente como para cuidar de sí mismos sin la necesidad de requerir fondos públicos. Ello sin contar con el hecho objetivo de que en gran medida la crisis actual es el resultado de malas decisiones durante sus incumbencias. Parece una gran burla al país que insistan en reclamar como derecho adquirido un gasto que esquilma innecesariamente las finanzas del Estado.

Y ya que estamos en la línea de los exincumbentes, ¿qué me dice usted de la millonada que se va por el chorro para subvencionar las operaciones de las bibliotecas y oficinas de los exgobernadores? ¿Es ese un gasto justificado para un país en crisis? ¿Cuál es el fin público de tener bibliotecas individuales para resaltar la figura de cada uno de los exgobernantes? ¿Recuerda usted cuál fue la última vez que alguna de esas bibliotecas rindió un servicio directo y medible a los ciudadanos?

Y para completar este breve e informal ejercicio de propuestas para el recorte de gastos públicos, miremos a la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Realmente es necesario tener centros de inscripción por toda la Isla, en horario regular y con múltiples empleados durante los tres años que preceden un evento electoral? ¿Qué servicio real se ofrece en esas oficinas durante un año libre de elecciones? ¿Cuánta gente se atiende en esas oficinas durante un día laboral? ¿Cuánto cuesta mantener esas oficinas abiertas? Los partidos políticos han defendido la continuación de la estructura actual de servicios de la Comisión Estatal de Elecciones, pero el que lo hagan no debe sorprender. Después de todo es evidente que esa dependencia se ha convertido —en muchos casos— en un gran refugio de empleados con amplio historial de activismo político que encuentran allí un espacio de trabajo seguro como retribución a su sacrificio en año de campaña electoral.

Así que, señores, aún queda grasa. ¡Claro que queda! La pregunta es quién la corta.