Opinión: ¡Pa" su casa a politiquear!
El país coincidirá en pocas cosas, pero me atrevo a afirmar que en algo en lo que están de acuerdo todos aquellos que ponen al país como prioridad es que la excesiva interferencia de la política partidista en todos los ámbitos del quehacer público es un cáncer que corroe.
Y como pasa con eso del cáncer, suele presentar síntomas. Claro que hay quienes prefieren ignorarlos. La consecuencia siempre es la misma. El mal metastisa, y aquí, no quepa duda, hace mucho metastisó. Solo que el paciente tiene altas posibilidades de recuperación, no sin antes ser objeto de una intervención drástica para arrancar ese mal de raíz.
Aunque son más los ciudadanos que han identificado a estas alturas el partidismo político como un mal que debe ser atacado con premura, siempre hay voces cuyas prioridades andan por latitudes distintas a las del bien general del país, latitudes en las que no es posible despojarse del disfraz rojiazul con que se visten, como si se tratara de un eterno carnaval en el que el fanatismo político es el rey momo.
Todos lo sabemos. Las presiones políticas existen en las agencias de gobierno, aun cuando la Ley de Ética Gubernamental establece restricciones para intentar evitar que el partidismo ahogue al servicio público. Pero no son suficientes a la luz de nuestra realidad histórica. Todos hemos escuchado los cuentos. ¿A que sí? Designaciones a cargos públicos en las que el criterio no es el mérito, sino la capacidad para el “chijí chijá” a la administración de turno. Actividades de claro índole politíco-partidista en las que, por lo bajo, se exige la presencia de los empleados bajo amenaza de perder el puesto; exigencias para la entrega de “diezmos” al partido del jefe. Y más, mucho más. Y para completar el cuadro del desastre, según datos de la Escuela Graduada de Administración Pública, el Estado paga cientos de millones cada año como consecuencia de casos por discrimen político en las agencias de gobierno.
Por eso, cuando el gobernador Alejandro García Padilla propuso traer a Puerto Rico una versión local del Hatch Political Activity Act, no pude evitar estar a favor —cuando menos— del principio que parte de la premisa de que las restricciones actuales no han sido suficientes para frenar el empuje de la politiquería. Y aunque por lo bajo (y por lo alto) voces representativas del partidismo se han opuesto de entrada a la idea de establecer mayores frenos al partidismo aduciendo una limitación al derecho de expresión, los expertos —esos que no responden a la política de tribuna— han coincidido en que las trabas de la Ley de Ética Gubernamental no han bastado.
Sobre ello conversaba en mi programa de las once de la mañana en Radio Isla 1320 con el abogado constitucionalista y profesor de Derecho Carlos Ramos. Fue contundente y claro. Aunque todos estamos cobijados por el derecho constitucional a la libre expresión, cuando una persona decide aceptar un trabajo con el Gobierno, acepta limitaciones a ese derecho en el ámbito laboral. Y esto, explicaba Ramos, porque los fondos públicos, según la interpretación de ley, son solo para fines públicos. Por tanto, hacer expresiones o promover actividades partidistas en un empleo en el sector público sería el equivalente a usar ese salario —con fondos públicos— para favorecer los intereses de una entidad privada, en este caso, un partido político.
El contenido de la medida del ejecutivo apenas comienza a discutirse y, por lo mismo, es muy temprano para saber si su contenido choca o no con las disposiciones de la Ley de Ética Gubernamental. Pero independientemente del futuro de la medida, lo que sí es un hecho es que los ciudadanos como usted no pueden consentir que el evidente partidismo que impera en las agencias de Gobierno —ese del que usted mismo es testigo, ese que, en ocasiones, amenaza la eficiencia del Estado y que promueve que la mediocridad sea valorada como una cualidad bajo la premisa del que se bautiza porque tiene padrino— continúe ganando terreno. Sí. Existen leyes para evitarlo. No. Evidentemente no son suficientes.
Oponerse a la erradicación es insensato y, de paso, caprichoso y egoísta si la oposición se cimienta en el bienestar del partido de su predilección. Es sencillo. Si usted piensa que el partidismo puede interferir con el sevicio público, simplemente se equivoca. Y como todo error debe ser corregido cuanto antes, ¡pa su casa a politiquear!
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