La Federación de Maestros de Puerto Rico rechazó la intromisión de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en las políticas internas relacionadas con la organización y operación de las escuelas públicas e indicó que la Junta “vino a promover medidas severas de austeridad”.
La Junta indicó que el Departamento de Educación (DE) aprobó e implementó múltiples políticas —incluyendo normas sobre tamaño de clases, proporción de estudiantes por maestro, requisitos de seguridad, mantenimiento de facilidades y modelos de personal— sin haberlas sometido previamente para evaluación.
Para la presidenta de la Federación, Mercedes Martínez Padilla señaló que “se trata de una dictadura” y exhortó al magisterio a participar de la marcha de este viernes, 1ro de mayo, en conmemoración de los trabajadores y trabajadoras del mundo.
“Esto demuestra evidentemente que quienes mandan en el país no son las personas electas. Por eso estamos convocando al magisterio, porque tenemos un pueblo que elige a una gobernadora, pero es la Junta la que termina tomando decisiones”, expresó Martínez Padilla.
Asimismo, señaló que se han impulsado políticas para aumentar la cantidad de estudiantes por salón, “aun cuando eso va en contra de las necesidades de los niños”.
“La Junta continúa solicitando documentos para determinar qué ocurre en las escuelas del país, mientras avanzan las escuelas chárter y los vales educativos que se utilizan para sufragar colegios privados", señaló la Federación.
Sobre este particular, Martínez Padilla recordó la huelga de 2008 —que paralizó una gran parte del sistema escolar público durante diez días— tras buscar detener políticas que consideraban perjudiciales para la educación pública.
La Carta Circular de Organización Escolar 021-2025-2026 establece un máximo de 30 estudiantes por salón.
“El límite de estudiantes por salón fue uno de los principales reclamos, y aun así, casi 20 años después, no se ha actuado al respecto, pese a que existe Legislación a favor de reducir esa cantidad”, señaló la presidenta.
Las expresiones surgen a raíz de una carta enviada el 27 de abril al secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, en la que el ente fiscal indicó que el Departamento no ha aprobado e implementado múltiples políticas sin haberlas sometido previamente para evaluación.
En la misiva, la JSF solicitó al DEPR que, en o antes del 18 de mayo de 2026, someta un inventario completo de todas las políticas relacionadas, junto con documentación que incluya análisis fiscales —tanto estimados como reales—, justificación legal y operacional, y una explicación de por qué no fueron presentadas previamente ante el organismo.
El señalamiento de la Junta ocurre en medio de reclamos recurrentes del sector magisterial sobre la organización escolar y el tamaño de los grupos. En junio de 2025, la organización EDUCAMOS pidió al DE establecer un tope de 15 estudiantes por salón, al argumentar que grupos más pequeños permiten una enseñanza más individualizada, atender el rezago académico y mejorar el tiempo lectivo.
