El Proyecto de la Cámara 1115 (PC 1115), que propone derogar la Ley 47-2021 y eliminar la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo para devolver a la Asamblea Legislativa la facultad de fijar el salario mínimo en Puerto Rico, ha generado posturas encontradas entre sectores sindicales y empresariales.
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Mientras sindicatos, organizaciones profesionales y grupos comunitarios rechazan la medida al advertir que congelaría futuras revisiones salariales, representantes del sector privado defienden el proyecto y cuestionan el funcionamiento y la composición del organismo encargado de evaluar el salario mínimo.
Sindicatos rechazan la medida
Más de 20 sindicatos, organizaciones profesionales y grupos comunitarios entregaron el lunes una carta en la Cámara de Representantes para solicitar que se vote en contra del PC 1115, al advertir que la medida eliminaría la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo y congelaría futuras revisiones salariales en la isla.
“Nos enteramos el viernes en la noche que bajaría hoy, lunes, a votación del pleno de la Cámara de Representantes el PC 1115, proyecto que tendrá a la larga el efecto de congelar el salario mínimo local, evitando las revisiones periódicas y el análisis objetivo que ha demostrado resultados positivos para el país”, explicaron las organizaciones.
“El objetivo de las visitas es entregar esta carta firmada por más de 20 sindicatos y organizaciones para mostrar el amplio rechazo a esta medida y pedirles a los representantes que no la aprueben”, añadieron.
Los grupos sostuvieron que la Ley 47 de 2021 permitió aumentar el salario mínimo de $7.25 a $10.50 , con impacto sobre aproximadamente 250 mil trabajadores, equivalentes al 33 por ciento del sector privado. También señalaron que esa misma ley creó la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo con representación multisectorial para revisar periódicamente la viabilidad de nuevos aumentos.
“La Comisión Evaluadora del Salario Mínimo ha sido clave en ese proceso al funcionar como una entidad independiente, multisectorial y con base científica para evaluar periódicamente el salario mínimo. Así, el salario mínimo no queda sujeto al cabildeo de grupos específicos, sino al análisis objetivo y balanceado que pone el beneficio del país primero”, dijo Wilkin López, portavoz de la Unión de Trabajadores de la Industria Automotriz y representante de los trabajadores en la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo en declaraciones escritas.
López afirmó que los resultados de la Ley 47 de 2021 han sido positivos para la economía del país. “Hoy sabemos que la producción ha aumentado de forma sostenida, la tasa de participación laboral subió, el empleo creció, el desempleo se redujo a niveles históricos y la pobreza bajó cerca de un 3 por ciento”, sostuvo.
Los grupos también alegaron que más de 100 mil personas han salido de niveles de pobreza en comparación con 2021, por lo que describieron el Proyecto de la Cámara 1115 como un retroceso para los trabajadores.
“Este proyecto, producto de un agresivo cabildeo de grupos empresariales, pretende devolver a la Asamblea Legislativa la responsabilidad de revisar el salario mínimo. La última vez que eso ocurrió, pasaron casi 25 años sin aumentos significativos. Esto no puede volver a ocurrir”, dijo Vanesa Contreras, portavoz del Movimiento Solidario Sindical.
Cristian Martínez, portavoz de Construyamos Otro Acuerdo, advirtió que continuarán las gestiones para detener la medida legislativa. “Nos mantendremos aquí en el Capitolio denunciando lo nefasto de este proyecto. El PC 1115 no resuelve ningún problema. Todo lo contrario, creará más problemas, deteriorará las condiciones laborales de cientos de miles de personas que sostienen este país”, expresó.
“Aprobar esta medida es condenar a los trabajadores a la pobreza. Exigimos a los legisladores de todos los partidos que rechacen esta medida. No al PC 1115. Sí a un salario digno, sí a una mejor calidad de vida”, añadió Martínez.
Respaldo del sector empresarial
En contraste, sectores del empresariado respaldan la medida y cuestionan el funcionamiento de la Comisión Evaluadora.
El pasado mes de febrero, diez organizaciones del sector privado presentaron una ponencia conjunta a favor del PC 1115, al señalar que el organismo ha operado sin contar con la totalidad de sus miembros y con un cuórum reducido, lo que permitió que, en 2024, una determinación con impacto económico fuera adoptada por tres integrantes, con el voto en contra del entonces secretario del Trabajo.
La ponencia plantea que la comisión carece de representatividad adecuada y que su diseño no fue ampliamente discutido durante el proceso legislativo que culminó en la aprobación de la Ley 47 de 2021. También señala que la comisión nunca ha contado con todos sus integrantes y que algunos nombramientos han vencido o están próximos a vencer.
Los gremios argumentan además que, a la luz de recientes decisiones del Tribunal Supremo federal sobre delegación de poderes administrativos, el modelo de una comisión independiente con amplias facultades podría enfrentar cuestionamientos jurídicos. Añaden que las determinaciones del organismo tendrían que ser consistentes con el Plan Fiscal bajo PROMESA, lo que implicaría una revisión adicional y, a su juicio, convertiría el mecanismo en una capa burocrática innecesaria.
La presidenta de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, Margaret Ramírez Báez, sostuvo que la comisión no ha cumplido con la composición que exige la ley.
“Nosotros en la Cámara de Comercio estamos a favor de este proyecto porque entendemos que, por un lado, los asuntos de salario no deben depender de una comisión que no es representativa y que no ha tenido ni siquiera su composición, que requiere la ley que la creó”, indicó.
Ramírez Báez vinculó el tema con la política pública de reducción de burocracia y defendió que el salario mínimo puede atenderse mediante legislación, sin necesidad de una comisión adicional.
“Me parece que los asuntos de salario deben descansar en decisiones consensuadas, pero también a través de legislaciones puntuales de la Legislatura de Puerto Rico [...] El salario es como los precios en el mercado y lo debe determinar el mercado, cuáles son los que requieren los puestos y quiénes están disponibles para asumir esos en el mercado. El Estado debe dejar de crear canales y de crear burocracia en procesos que ordinariamente son distribución y que también han tenido por el mercado”, concluyó.
El presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), Ramón Barquín III, también respaldó el Proyecto de la Cámara 1115, aunque advirtió que rechaza cualquier intento de aumentar el salario mínimo sin considerar la realidad económica local.
“Realmente es algo sumamente delicado porque lo que están buscando diferentes grupos constituyentes es aumentar el salario mínimo y ya Puerto Rico se ha salido de la capacidad competitiva porque yo puedo, en mi negocio mucho más, pero no todo el mundo puede [...] Yo respaldo el proyecto de la Cámara de que se devuelva (al Estado), pero rechazo tenazmente que haya otro intento solapado para simplemente aumentar el salario mínimo”, afirmó.
Barquín III señaló además que la comisión no cuenta con la representación completa que establece la ley.
“Lo que es cierto es que la falta de representación, como si no fuese suficiente, el desbalance en esa comisión se agravó por el asunto del volumen requerido para su operación. Hasta esta fecha, esa comisión debía de tener representación de la empresa privada, pero sigue sin contar con la totalidad de sus integrantes y ni tan siquiera ha podido cumplir con el mínimo balance que se pretendió en su creación”, sostuvo.
Por su parte, el abogado y portavoz de la Society for Human Resource Management (SHRM), capítulo de Puerto Rico, Alberto Bayouth, indicó que la organización apoya el proyecto de ley.
“El proyecto lo vimos, lo analizamos, y apoyamos la medida [...] De lo que hemos visto y se ha discutido, no vemos el tema de una disminución al salario, eso no se ve como que fuese una posibilidad”, expresó.
Según Bayouth, la medida restituye a la Legislatura la facultad de atender un asunto de alto impacto económico y amplía la participación de distintos sectores.
“La forma en que lo interpretamos, más bien, es que, al devolverle esa función a la Legislatura, es una cuestión de la apertura de esos procesos y que todo el mundo pueda participar. No simplemente dejarlo en un grupo pequeño de funcionarios que no fueron electos por el pueblo”, indicó.
En la misma línea, el presidente de Advantage Business Consulting, Vicente “Chenti” Feliciano, sostuvo que la decisión debe recaer en la Legislatura.
“Creo que las decisiones de salario mínimo son unas decisiones de política pública que debe tomar la Legislatura”, dijo.
Añadió que el debate no gira tanto en torno a la cifra actual, sino a quién tiene la facultad de fijarla y a la competitividad de la isla.
“Lo que estamos hablando no es tanto de un asunto de cuánto debe ser el salario mínimo, sino quién debe determinar eso [...] Había una época donde se hablaba del salario mínimo federal como algo bien alto. Hoy día, el federal está en $7.25; el de Puerto Rico en $10.50. Precisamente, la preocupación legítima es que llegue un momento donde se coloque a Puerto Rico fuera de competencia”, sostuvo.
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