El fiscal federal W. Stephen Muldrow informó el lunes, que Nomar Mimbs Machiavelo fue sentenciado a 18 meses de prisión y al pago de 219,159 dólares en restitución por conspirar para defraudar a Estados Unidos y robar propiedad del gobierno.
Según documentos del caso, Mimbs Machiavelo solicitó en dos ocasiones beneficios de Asistencia de Desempleo por Pandemia con números de Seguro Social falsos, con lo que obtuvo de forma ilegal aproximadamente 18,114 dólares entre junio y julio de 2020.
La fiscalía federal indicó que, además, entre enero y mayo de 2021, el convicto conspiró con funcionarios del Departamento de Hacienda de Puerto Rico para obtener acceso privilegiado a información contributiva del Sistema Unificado de Rentas Internas mediante sobornos que incluyeron dinero y comidas gratis.
Con esa información, Mimbs Machiavelo sometió solicitudes fraudulentas al programa de subvención por interrupción de negocios, financiado con fondos federales de alivio por coronavirus para pequeñas empresas elegibles. Como resultado, Hacienda desembolsó aproximadamente 492,045 dólares en cuentas bancarias vinculadas a esas solicitudes fraudulentas, según el caso.
De esa cantidad, unos 148,000 dólares estaban directamente vinculados a información privilegiada comprometida por empleados de Hacienda que modificaron credenciales de autenticación de contribuyentes en el Sistema Unificado de Rentas Internas para favorecer al convicto.
La restitución ordenada por el tribunal asciende a 219,159 dólares, de los cuales 18,114 dólares corresponden al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico por beneficios de Asistencia de Desempleo por Pandemia, y 201,045 dólares al Departamento de Hacienda por el esquema relacionado con el programa de subvención por interrupción de negocios.
Mimbs Machiavelo fue arrestado el 23 de mayo de 2023 y se declaró culpable el 3 de abril de 2025 por conspiración para defraudar a Estados Unidos y robo de propiedad gubernamental, en violación del Código federal.
La pesquisa estuvo a cargo de la Oficina del Inspector General de la Administración del Seguro Social, con la asistencia del Negociado Federal de Investigaciones, la Oficina del Inspector General del Departamento del Trabajo de Estados Unidos, el Servicio de Inspección Postal y la Policía de Puerto Rico. La fiscal especial auxiliar Vanessa Bonano Rodríguez procesó el caso bajo la supervisión de la sección de fraude financiero y corrupción pública.
