La Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal (JRCM) dejó claro este jueves que el programa de cannabis medicinal en Puerto Rico no experimentará cambios inmediatos, pese a la reciente reclasificación federal que flexibiliza el tratamiento regulatorio de esta sustancia en Estados Unidos.
La agencia indicó que se mantiene en comunicación con la Administración de Control de Drogas (DEA) y otras entidades federales para evaluar el alcance de la medida y sus posibles implicaciones en la isla. No obstante, subrayó que dicha determinación no altera automáticamente las leyes ni reglamentos locales, por lo que tanto pacientes como operadores deberán continuar cumpliendo con la Ley 42-2017, el Reglamento 9038 y demás disposiciones vigentes.
El mensaje de cautela ocurre en medio de una industria local que ha experimentado cambios significativos en los últimos años.
Un estudio de mercado comisionado por el Departamento de Salud reveló que, aunque el número de pacientes con licencia ha mostrado una tendencia a la baja, el consumo de cannabis ha aumentado. Entre 2018 y 2025, los pacientes incrementaron en un 53% la cantidad de gramos consumidos, mientras el precio del producto cayó en un 34%, lo que apunta a una relación directa entre costo y demanda.
Este comportamiento también ha levantado preocupaciones regulatorias sobre el posible desvío del producto fuera del mercado autorizado, lo que ha llevado a las autoridades a reforzar la fiscalización. Actualmente, inspectores de la Junta realizan visitas a establecimientos y colaboran con agencias de orden público para atender irregularidades en la distribución.
A la par, la industria continúa enfrentando obstáculos estructurales, particularmente en el acceso a servicios financieros.
Aunque la Cámara de Representantes aprobó legislación para facilitar que instituciones financieras hagan negocios con comercios relacionados al cannabis, expertos advierten que el riesgo regulatorio —debido a que la sustancia sigue siendo ilegal a nivel federal— limita el interés de la banca tradicional.
En la práctica, esto ha provocado una alta dependencia del manejo de efectivo, con una sola cooperativa concentrando gran parte de las transacciones del sector. Este modelo, además de encarecer costos operacionales, plantea retos de seguridad y limita la expansión de métodos de pago para los pacientes.
En ese contexto, la JRCM reiteró que cualquier ajuste al programa será evaluado de forma gradual y responsable, mientras continúa trabajando en la revisión del Reglamento 9038, con el objetivo de fortalecer y modernizar el marco regulatorio conforme a las necesidades actuales de la industria en Puerto Rico.
