Un grupo de legisladores demócratas de Estados Unidos, que incluye al comisionado residente Pablo José Hernández, exigió explicaciones al Departamento de Energía (DOE) por la eliminación de fondos destinados a sistemas solares y baterías para comunidades vulnerables en la isla.
La iniciativa también cuenta con el respaldo de las congresistas de ascendencia puertorriqueña Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, quienes, junto a otros legisladores, cuestionaron la presunta falta de transparencia en el manejo del Fondo de Resiliencia Energética de Puerto Rico (ERF).
En una carta dirigida al secretario de Energía, Chris Wright, los legisladores denunciaron que el DOE habría retirado recursos previamente asignados para instalar energía solar en hogares de bajos ingresos, personas con discapacidad y centros de salud rurales, para redirigirlos a proyectos vinculados al gas natural.
Según el grupo, esta reprogramación de fondos podría incluir el impulso a un gasoducto en la isla y beneficiar intereses de empresas como New Fortress Energy, lo que advirtieron, podría encarecer el costo de la electricidad y aumentar la dependencia de combustibles importados.
“La falta de transparencia, el posible uso indebido de fondos y el impacto en la seguridad energética plantean serias preocupaciones”, señalaron los legisladores en la misiva.
Asimismo, criticaron que entidades como el DOE, la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico y operadores privados no hayan revelado qué proyectos recibirán ahora los fondos, lo que calificaron como un proceso realizado “bajo un manto de secretismo”.
El grupo solicitó una sesión informativa al Congreso antes del 30 de abril de 2026 como parte de una investigación en curso.
En 2022, el Congreso estadounidense asignó $1,000 millones para fortalecer la resiliencia energética de Puerto Rico mediante sistemas solares. Sin embargo, el DOE ha congelado y luego retirado fondos de varios proyectos, incluyendo $365 millones destinados a centros de salud y residencias multifamiliares, así como otros $350 millones dirigidos a hogares vulnerables.
Los legisladores advirtieron que estas decisiones contradicen la intención original del Congreso y podrían agravar la pobreza energética en la isla.
