Solo un 2 % de los confinados identificados con hepatitis C en todas las instituciones carcelarias de Puerto Rico completaron el tratamiento del Programa de Salud Correccional del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), administrado por Physician Correctional, desde que se revisó el protocolo para manejo y tratamiento en 2022.
De acuerdo con datos provistos por la entidad privada, se han atendido 43 personas privadas de libertad, de 1,759 en total con diagnóstico positivo, con una efectividad de 86 % en la cura de esta enfermedad. Por otra parte, el director auxiliar de Planificación en el DCR, Jesse Vázquez Álvarez, dijo que fueron 37 de 1,788, mientras uno actualmente recibe el medicamento.
Según el funcionario, que monitorea esta población para reportar estadísticas a la vigilancia del Departamento de Salud (DS), el programa del DCR prioriza a pacientes con síntomas agudos, como dolor abdominal, ictericia, orina oscura y dolores musculares y articulares. El antiviral, una combinación de sofosbuvir y velpatasvir, se administra por fases, que toman de tres a cuatro meses en completar, a un costo de $16,544 por paciente.
“La meta es poder tratarlos a todos mientras estén en las instituciones. En el caso que no estén en instituciones, se está trabajando para ponerlos en contacto con programas en comunidad para que reciban tratamientos en la comunidad”, explicó Vázquez Álvarez en llamada con Metro Puerto Rico.
La cifra baja también se debe a que la población correccional es “dinámica”, ya sea porque el paciente cumple su sentencia o sale con libertad bajo palabra, aclaró.
“Es mejor esperar a que esté finalmente en una institución ya, por decirlo así, viviendo, para entonces continuar con ese monitoreo anual o semestral”, dijo, refiriéndose a la variabilidad del cumplimiento. El período de incubación de hepatitis C toma alrededor de seis semanas, añadió.
Según declaraciones escritas de Physician Correctional, que administra el programa desde 2019 por acuerdo contractual, se ha logrado parear a 102 personas con servicios comunitarios con apoyo del DS, la Administración de Seguros de Salud (ASES) y el Programa Medicaid. Esto también como alternativa a no contar con fondos presupuestarios para ofrecer el tratamiento.
La entidad privada, sin embargo, se amparó en la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros Médicos (HIPAA, en inglés) para no divulgar las organizaciones que han ofrecido servicios a esos cientos de pacientes.
De acuerdo con Vázquez Álvarez, los pacientes con hepatitis C en medio de su tratamiento y en proceso de excarcelación son orientados a solicitar la tarjeta de Reforma de Salud para la continuación del tratamiento fuera de la prisión. “No hemos tenido casos en esta situación”, leen declaraciones sometidas.
Si el paciente también padece VIH (virus de inmunodeficiencia humana), se enlazan con servicios comunitarios a través del Programa Ryan White Parte B/ADAP de Salud, indicó.
La doctora Norma Delgado Mercado, quien dirige el Programa, confirmó, en expresiones escritas, que conectan a pacientes elegibles y que voluntariamente accedan a participar a su red de 53 proveedores clínicos, pero no indicó cuántos de aquellos en proceso de excarcelación han atendido.
Los miles de pacientes identificados fueron resultado de una iniciativa entre Salud y Corrección para administrar pruebas de hepatitis C y VIH a más de 7,000 reos el verano pasado, según Vázquez Álvarez.
Ambas son las infecciones de mayor incidencia en esta población, conforme a reportes estadísticos del Programa de Salud Correccional preparados por Physician Correctional; este febrero, hubo 1,547 casos acumulados identificados de hepatitis C, seguido por 106, de VIH.
El funcionario del DCR aseguró que, dentro de la primera semana en que ingresan confinados a las instituciones, se administra una batería de pruebas para detectar alguna enfermedad. Si el paciente arroja positivo a alguna, entra al programa; si sale negativo, se vuelven a administrar el año siguiente, a menos que presente síntomas de alguna infección.
Combinación de tratamientos es más costo efectivo
Un análisis de costo efectividad realizado por la Universidad de Stanford, en California, encontró que, en cárceles, una combinación de intervenciones médicas de pruebas, tratamiento y enlace comunitario postsalida es más costo efectivo para la institución que limitarlas o no proveerlas, además de ser beneficioso para la salud del paciente.
Según el estudio, la implementación de esas tres estrategias a un costo de $11,000 por vida —una diferencia de más de $5,000 que se incurre en Puerto Rico— redujo contagios en un 47 % entre personas que utilizan drogas inyectables en las cárceles y en un 40 %, fuera de la institución.
“Pocas cárceles tienen la capacidad de personal, la experiencia técnica y la financiación necesaria para implementar programas de pruebas y tratamiento de la hepatitis C. Si se les proporcionaran los recursos adecuados, podrían ampliar los programas para acelerar el progreso en la eliminación”, propusieron los autores de la publicación.
Vázquez Álvarez agregó que la Junta de Supervisión Fiscal y la Oficina de Gerencia y Presupuesto buscan fondos del DS para financiar el tratamiento utilizado en el Programa de Salud Correccional y reducir el costo.
“A nivel de comunidad, hay muchos beneficios que no aplican a los confinados y, por eso, están haciendo estos esfuerzos de hacer colaboraciones con el Departamento de Salud, que el gobierno identifique los fondos, para que ellos puedan adquirir los medicamentos y entonces nosotros poder proveerles el tratamiento. Ese paso todavía no se ha dado”, declaró.
Ante la posible sustitución de Physician, el director de Planificación abundó que se mantendría la continuidad del servicio mediante la implementación por fase de un plan de transición de 30 días, que incluye adquisición de personal y equipo.
El esfuerzo para erradicar la enfermedad desde los centros correccionales compone parte del Plan Operacional para la Eliminación de las Hepatitis Virales en Puerto Rico al 2030 del DS, que propone alianzas con DCR para enlaces comunitarios, revisión de protocolos de Physician Correctional, entre otros esfuerzos de salud pública.
El informe más reciente del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Hepatitis C de la División de Epidemiología e Investigación del DS registró 7,406 casos en 2025, lo que representa un aumento preliminar de 58 % en relación con el año anterior.
Según la principal oficial de Epidemiología, Miriam Ramos Colón, el incremento se debe a que más pruebas se administraron como parte del certificado de salud, según una orden administrativa de Salud, y una mayor eficacia en el registro de casos por una actualización en el sistema de recopilación.
