El representante José Varela Fernández criticó el miércoles, la decisión del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez Núñez de detener la investigación legislativa de su autoría sobre los centros de inspección.
“La determinación del presidente de la Cámara de Representantes constituye un grave error institucional y una intervención indebida con los trabajos de la Comisión de Transportación e Infraestructura, presidida por el representante José Hernández Concepción. Esta decisión no solo interrumpe una pesquisa necesaria, sino que además debilita las facultades de la Asamblea Legislativa y menoscaba la separación de poderes”.
Según Varela Fernández, “el presidente cameral ha intentado justificar su intervención señalando que el Departamento de Justicia y el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) llevan a cabo investigaciones propias. Sin embargo, no debe olvidarse que ni Justicia ni el FEI gozan de la confianza del país”.
“La percepción pública —sostenida por años de controversias, inacción y decisiones cuestionadas— es que ambas instituciones están profundamente politizadas y han fallado repetidamente en cumplir su misión con eficacia y credibilidad. Para la inmensa mayoría de los puertorriqueños, estas entidades representan estructuras fracasadas que no inspiran seguridad ni transparencia. Precisamente, por eso la investigación legislativa era indispensable”, añadió.
Según el representante, “la separación de poderes exige que cada rama ejerza sus funciones sin interferencias indebidas, y la pesquisa legislativa no compite con la investigación penal. Es separada y distinta”.
Paralizan pesquisa sobre centros de inspección por investigación del PFEI
El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez, ordenó la suspensión de la investigación legislativa relacionada con los procesos de algunos centros de inspección de vehículos de motor, ante la pesquisa criminal iniciada por la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI).
La determinación se produce luego de que surgieran señalamientos sobre posibles irregularidades en centros de inspección, incluyendo uno alegadamente operado por la exsecretaria del Departamento de la Vivienda, Ciary Pérez, que podrían constituir violaciones al Código Penal y a la Ley de Ética Gubernamental.
Según Méndez, la paralización busca evitar cualquier interferencia con la investigación penal en curso.
En una carta dirigida al presidente de la Comisión de Transportación e Infraestructura, José “Cheito” Hernández, el líder legislativo indicó que la suspensión se mantendrá por un término equivalente al que disponga el Fiscal Especial Independiente para completar su investigación, conforme a la Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 1988.
Méndez sostuvo que, aunque las comisiones legislativas cuentan con amplias facultades investigativas, continuar una pesquisa paralela podría entrar en conflicto con principios constitucionales como la separación de poderes y el debido proceso de ley. En ese sentido, advirtió que una investigación legislativa pública podría exponer evidencia de forma prematura, afectar testigos o influir en posibles jurados.
Asimismo, planteó que incluso en el contexto de reuniones ejecutivas, no se puede garantizar que la información discutida no trascienda, lo que —según indicó— podría provocar un perjuicio a la investigación criminal que llevan a cabo las agencias pertinentes.
La orden aplica a la investigación bajo la Resolución de la Cámara 352.
No obstante, Méndez destacó la labor realizada hasta el momento por la Comisión de Transportación e Infraestructura, señalando que los hallazgos podrían servir de base para futura legislación dirigida a establecer mayores controles y promover la transparencia en estos procesos.
