En medio de una racha de informes que apuntan a deficiencias en el manejo de fondos públicos, la Oficina de la Contralora de Puerto Rico reveló nuevas irregularidades, esta vez en el Municipio de Barranquitas, donde una auditoría identificó pagos indebidos, fallas administrativas y riesgos fiscales.
El Informe de Auditoría OC-26-20, que cubre el periodo del 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2024, emitió una opinión cualificada. Esto implica que, aunque las operaciones municipales se realizaron conforme a la ley en términos generales, se detectaron deficiencias en áreas como el manejo de fondos, cumplimiento legal y controles internos.
Uno de los hallazgos más significativos señala el pago de $84,268 en salarios a una pensionada del Sistema de Retiro para Maestros que ocupó un puesto de confianza mientras continuaba recibiendo su pensión, en contravención con la ley vigente. Aunque el municipio defendió la designación bajo otra interpretación legal, la Contralora determinó que prevalece el señalamiento al aplicar la legislación más reciente que prohíbe esa práctica.
La auditoría también identificó un pago indebido de $13,500 por servicios artísticos que no se ofrecieron.
Según el municipio, la actividad fue interrumpida por un apagón y el artista incurrió en gastos, pero el informe concluye que el desembolso no procedía conforme a los términos contractuales. El dinero fue posteriormente recuperado mediante un acuerdo extrajudicial.
En el área de infraestructura, el informe revela que el municipio inició al menos cuatro proyectos de construcción sin contar con los permisos requeridos, los cuales se obtuvieron con retrasos de hasta 707 días. Además, se formalizaron contratos sin que los contratistas presentaran a tiempo fianzas, seguros y otras garantías, lo que expone al ayuntamiento a riesgos legales y financieros.
Otra de las deficiencias detectadas está relacionada con el manejo presupuestario.
La auditoría encontró que no se obligaron fondos al momento de otorgar contratos y enmiendas por cerca de $5.9 millones, registrándose dichas obligaciones con retrasos de hasta 541 días, una práctica que debilita el control fiscal y aumenta el riesgo de sobregiros.
En cuanto a la administración de ingresos, se identificó la falta de análisis en cuentas por cobrar que superan los $1.6 millones, de las cuales más de $1.2 millones llevan más de cinco años sin cobrarse. También se documentaron fallas en las gestiones de cobro, incluyendo ausencia de seguimiento a deudores y deficiencias en la verificación de patentes municipales.
El informe añade que, en contratos de arrendamiento evaluados entre 2021 y 2023 por $123,000, el municipio no realizó estudios de renta ni obtuvo certificaciones registrales en varios casos, lo que impide validar si los pagos eran razonables y si los arrendadores tenían derecho legal sobre las propiedades.
La gerencia municipal indicó que ha comenzado a implementar medidas correctivas, incluyendo el fortalecimiento de los procesos de cobro, la supervisión de contribuyentes y el cumplimiento con requisitos en contratos y proyectos de construcción.
Este señalamiento se suma a otros informes recientes de la Oficina del Contralor —como el de CODEVISA y auditorías a otras entidades y municipios— que han apuntado a debilidades recurrentes en controles internos y procesos de rendición de cuentas en el sector público.
Como parte de sus recomendaciones, la Contralora instó al municipio a reforzar los controles administrativos, asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales y establecer mecanismos más efectivos para el manejo y fiscalización de los recursos públicos.
