El Departamento de Justicia solicitó que su presupuesto vigente sea adoptado para el próximo año fiscal, al advertir que la propuesta actual representa una reducción de fondos que podría afectar el funcionamiento de la agencia.
Durante una vista pública de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, indicó que el presupuesto consolidado propuesto asciende a $182,745,000, lo que equivale a $6,256,000 menos que el vigente, por lo que ya iniciaron conversaciones con la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para atender la diferencia.
Según detalló, la cifra incluye $153,600,000 del Fondo General, $7,024,000 de fondos especiales estatales y $22,061,000 en fondos federales.
La funcionaria sostuvo que la petición responde a una estrategia dirigida a fortalecer la capacidad institucional, avanzar hacia un modelo de justicia especializada y garantizar la protección de víctimas y testigos.
En ese contexto, subrayó la necesidad de cubrir vacantes esenciales como fiscales y registradores de la propiedad, así como mantener partidas para servicios profesionales y sistemas de información.
Gómez Torres rechazó la posibilidad de reducir los servicios profesionales, al señalar que el 95% de estos fondos se destina a la contratación de peritos, intérpretes, psicólogos y otros especialistas que calificó como indispensables para la tramitación de los casos. También destacó un aumento en el presupuesto operacional del Albergue para Víctimas y Testigos, el cual proyecta operar a su máxima capacidad el próximo año fiscal.
Sobre este programa, la secretaria indicó que actualmente alberga a 30 personas que colaboran en investigaciones criminales y que se encuentra en proceso de mejoras para ampliar sus servicios. Para este fin, la agencia solicitó una asignación de $1,545,648, que cubriría desde servicios básicos y médicos hasta seguridad y mobiliario.
Además, enfatizó la necesidad de retener personal clave como fiscales, abogados, investigadores y técnicos, al advertir que estos recursos humanos son esenciales para la eficiencia del sistema.
A preguntas del liderato legislativo sobre posibles impactos presupuestarios relacionados con demandas contra el Estado, Gómez Torres se comprometió a entregar la información en un plazo de cinco días laborables.
Por su parte, la directora ejecutiva del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), María Conte Miller, informó que cerca del 65% del presupuesto de la entidad se destina a nómina, lo que representa uno de sus principales retos. Para el próximo año fiscal, el ICF solicitó $25.5 millones, de los cuales $17.6 millones serían para cubrir salarios.
Conte Miller señaló que mantener salarios competitivos es clave para evitar la salida de profesionales hacia Estados Unidos. Añadió que la reducción de servicios externos ha permitido controlar costos, pero ha limitado la flexibilidad operacional.
Asimismo, indicó que solicitaron $1.1 millones adicionales para la renovación de contratos y que actualmente cuentan con seis patólogos en plantilla y tres bajo contrato para cumplir con los estándares de acreditación.
La funcionaria sostuvo que, pese a las limitaciones, el instituto ha mantenido sus gastos dentro de los parámetros asignados mediante medidas de austeridad, mientras destacó la responsabilidad de sostener los niveles de calidad requeridos a nivel internacional.
