El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, reaccionó a la decisión del Departamento de Hacienda de recurrir al Tribunal de Apelaciones para evitar la entrega de información contributiva del exsecretario de Justicia y contratista gubernamental Antonio Sagardía.
El recurso apelativo fue presentado por la Oficina del Procurador General, en representación del gobierno de Jenniffer González Colón, con el objetivo de revocar el dictamen judicial que ordena entregar los documentos solicitados por el Senado. La determinación ocurre a horas de que venza el plazo de 48 horas impuesto por el tribunal para que Hacienda cumpla con la entrega, bajo apercibimiento de desacato civil.
Al ser cuestionado sobre la movida legal, Rivera Schatz sostuvo que el proceso aún está en desarrollo y anticipó que el caso podría escalar a instancias superiores dependiendo del resultado en el foro apelativo.
“Si no se la conceden antes de no sé qué hora del día de hoy, pues entonces tendrían que entregar la información. Pero, de nuevo, esto es bien sencillo. Un día más, una semana más, vamos a llegar al final del asunto”, expresó.
Asimismo, dejó abierta la posibilidad de que el Senado recurra al Tribunal Supremo si el fallo del Apelativo favorece al departamento.
“Vamos a ver qué resuelve el Tribunal de Apelaciones, porque si el Tribunal de Apelaciones le dijera que no, pues tiene que entregar. Si dice que sí, pues entonces tal vez nosotros recurramos y bajemos al Supremo. No sé si ellos decidan pedir una certificación eventualmente”, añadió.
Rivera Schatz también defendió la facultad investigativa del Senado y rechazó los argumentos del gobierno sobre la confidencialidad de la información contributiva.
“Lo que ocurre es que yo me documento, y en ese proceso estoy… El caso del licenciado Sagardía, nos llegó una información de que había algo mal de un contratista. Nosotros hacemos la petición solamente para corroborarlo, para verificar si es cierto”, indicó.
En esa línea, el presidente senatorial planteó que el debate trasciende el caso particular y apunta a la confianza pública en el sistema contributivo.
“Pues entonces, ¿qué piensa el contribuyente en general de Puerto Rico? Que si es comentarista o es contratista del gobierno, o es secretario de la Gobernación o es candidata a secretaria de Estado, puede rendir las planillas como le aparezca. Pues la respuesta es no… todo el mundo tiene que cumplir”, sostuvo.
El ejecutivo, por su parte, argumentó en su recurso que la solicitud del Senado carece de un propósito específico y que divulgar la información solicitada violaría disposiciones del Código de Rentas Internas y el derecho constitucional a la intimidad. No obstante, Rivera Schatz recalcó que, hasta el momento, los tribunales han validado la postura legislativa.
“Olvídense de mi opinión, hasta ahora el Tribunal le ha dicho que él (secretario de Hacienda) no tiene razón. No yo, el Tribunal”, puntualizó.
El caso continúa desarrollándose mientras el Tribunal de Apelaciones evalúa la solicitud del gobierno.
Antonio Sagardía acude al Apelativo para que no entreguen su información porque se le “están violentando sus derechos”
Sagardía sometió un escrito ante el Tribunal Apelativo para que no entreguen su información asegurando que se le están violentando sus derechos.
Este escrito apoya la petición que hizo el Departamento de Justicia y el Departamento de Hacienda para que no entreguen al Senado de Puerto Rico la información contributiva del abogado.
Justicia y Hacienda aseguraron recientemente que el Senado no sabe para qué quiere los documentos sobre Antonio Sagardía.
Los recursos de Petición Urgente de Auxilio de Jurisdicción solicita la paralización inmediata de la orden del Tribunal de Primera Instancia que obliga a Hacienda a entregar la información en 48 horas.
