El Tribunal de Primera Instancia de San Juan ordenó este jueves al secretario del Departamento de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez, entregar en un plazo de 48 horas la información contributiva del contratista Antonio Sagardía de Jesús, tras una solicitud formal del Senado de Puerto Rico.
La determinación surge luego de que el Gobierno, en representación de Hacienda, solicitara al tribunal reconsiderar una orden previa que obligaba a divulgar los documentos. Sin embargo, la jueza Iris L. Cancio González declaró “no ha lugar” esa moción y reiteró que el requerimiento legislativo debe cumplirse, advirtiendo que el incumplimiento podría conllevar sanciones por desacato civil.
El caso se origina en una petición del Senado, aprobada de forma unánime, en la que se solicitó acceso a información contributiva de Sagardía correspondiente a los años 2024 y 2025, incluyendo formularios y datos relacionados con pagos como contratista independiente. La solicitud forma parte de una investigación legislativa sobre contratación gubernamental y el uso de fondos públicos.
Hacienda se había negado a entregar los documentos alegando que la información contributiva es confidencial y que su divulgación podría vulnerar derechos de terceros. No obstante, el tribunal concluyó que ese planteamiento no es suficiente para frenar la orden, al entender que la petición del Senado responde a un fin legítimo dentro de su facultad constitucional de fiscalización.
En su análisis, la jueza sostuvo que la Asamblea Legislativa tiene un amplio poder investigativo como parte de su autoridad constitucional, particularmente cuando busca examinar el manejo de fondos públicos. Además, determinó que la información solicitada no constituye, en este caso, una intromisión indebida en la intimidad del contribuyente, ya que está vinculada a su rol como contratista del Estado.
La resolución también subraya que negar el acceso a estos documentos limitaría la capacidad del Senado para cumplir con su deber de fiscalizar y legislar informadamente, lo que atentaría contra el balance de poderes.
Con esta decisión, el tribunal reafirma la obligación de Hacienda de entregar la información requerida, cerrando la puerta —al menos en esta etapa— a los intentos del Ejecutivo de bloquear el acceso a los datos contributivos solicitados por el Senado.
