El exsecretario del Departamento de Justicia, Antonio Sagardía, sometió un escrito ante el Tribunal Apelativo para que no entreguen su información asegurando que se le están violentando sus derechos.
Este escrito apoya la petición que hizo el Departamento de Justicia y el Departamento de Hacienda para que no entreguen al Senado de Puerto Rico la información contributiva del abogado.
En el mismo, Sagardía manifiesta que se le ha excluido del caso.
Antonio Sagardía acude al Apelativo para que no entreguen su información porque se le “están violentando sus derechos”
Justicia y Hacienda aseguraron recientemente que el Senado no sabe para qué quiere los documentos sobre Antonio Sagardía.
Los recursos de Petición Urgente de Auxilio de Jurisdicción solicita la paralización inmediata de la orden del Tribunal de Primera Instancia que obliga a Hacienda a entregar la información en 48 horas.
Mientras que la Petición Urgente de Certiorari le pide al Tribunal de Apelación que revise y revoque la orden que exige la producción de documentos.
“Nuestro recurso plantea las interrogantes siguientes: ¿Puede una petición legislativa a la Rama Ejecutiva sostenerse válidamente cuando de su texto no surge cuál es el propósito legislativo, de manera que sea pueda evaluar su legitimidad y la pertinencia de la información peticionada conforme a ese propósito? ¿Es jurídicamente sostenible exigir al secretario del Departamento de Hacienda que incumpla con su deber ministerial de mantener la confidencialidad contributiva impuesto por el Código de Rentas Internas de Puerto Rico, y por el derecho constitucional a la intimidad de terceros, en aras de atender un requerimiento investigativo? ¿Una investigación legislativa que no guarda una relación razonable y verificable con su objeto, sino que se extiende a información de terceros ajenos a la controversia? ¿Puede el Senado solicitar información contributiva —incluyendo la de terceros ajenos a la investigación— sin proveerle notificación ni oportunidad de defenderse violando su debido proceso de ley? La contestación a todas estas interrogantes debe ser en la negativa”, expone el recurso de certiorari.
Añade además la solicitud del Senado, “no especifica el propósito ni la necesidad de la información contributiva solicitada, lo que impide establecer, desde su inicio, tan siquiera si existe o no realmente un fin investigativo legítimo”.
Según el escrito, “obligar al Estado, a través de la Rama Ejecutiva, a entregar información de terceros ajenos a la investigación, o de la persona investigada sin que haya sido debidamente notificada, no sería un acto de transparencia; al contrario, constituirá un precedente peligroso que debilita la confidencialidad contributiva y erosiona la protección del derecho a la intimidad en nuestra jurisdicción”
El pasado viernes, la jueza superior Iris Cancio González ordenó al Departamento de Hacienda a entregar en 48 horas al Senado información del expediente de Antonio Sagardía de Jesús para los años contributivos 2024 y 2025.
Aún bajo evaluación de Justicia apelación a decisión judicial sobre entrega de información contributiva
El Departamento de Justicia aún evalúa si apelará una determinación judicial que ordena la entrega de información contributiva relacionada con el exsecretario de Justicia, Antonio Sagardía, como contratista gubernamental, en un caso que ha generado tensiones entre el Ejecutivo y el Senado.
La secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, confirmó que la agencia aún no ha tomado una decisión final y que el asunto se encuentra bajo análisis.
“Estamos evaluando… sería prematuro expresarme hoy”, sostuvo la funcionaria, al señalar que la determinación se tomará tras una reunión interna del equipo legal durante esta tarde.
La controversia surge luego de que una jueza del Tribunal de Primera Instancia ordenara la entrega de información contributiva solicitada por el Senado, en el marco de una investigación legislativa sobre posibles irregularidades en contratos gubernamentales. El plazo para la entrega de la información vence esta medianoche.
El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, ha insistido en que la Cámara Alta tiene la autoridad para requerir los documentos y ha adelantado que está dispuesto a llegar “hasta las últimas consecuencias” para obtener la información.
Este requerimiento de información por parte del Senado surgió en medio de la controversia pública sobre la entonces secretaria de Viviendia, Ciary Pérez Peña, quien finalmente renunció al cargo.
La posible apelación por parte del Ejecutivo responde a preocupaciones sobre la confidencialidad de los datos contributivos y el alcance de los poderes de investigación legislativa.
Gómez Torres evitó adelantar cuál será la postura final de la agencia, pero reiteró que la determinación se basará en criterios jurídicos.
El caso ocurre en un contexto de creciente fricción entre ramas de gobierno en torno al acceso a información y los límites de la fiscalización legislativa.
De concretarse la apelación, el asunto ecalaría al foro apelativo, donde un panel de jueces definirá los contornos legales sobre el acceso a datos contributivos en investigaciones públicas.
