El Tribunal de Apelaciones paralizó este martes la orden que obligaba al Departamento de Hacienda a entregar al Senado información contributiva del exsecretario de Justicia, Antonio Sagardía de Jesús, mientras evalúa el recurso presentado por el Ejecutivo.
La determinación concede el auxilio de jurisdicción solicitado por Hacienda y detiene temporalmente el cumplimiento del plazo de 48 horas impuesto por el Tribunal de Primera Instancia. No obstante, el foro apelativo dejó claro que la decisión no adjudica los méritos del caso, por lo que la controversia continúa bajo evaluación.
Además, el tribunal rechazó la comparecencia del propio Sagardía en esta etapa, al concluir que no participó en los procedimientos ante el foro primario, y reiteró que no atenderá asuntos que no hayan sido planteados previamente. El escrito del ahora contratista del gobierno no se considerará parte del expediente para efectos de adjudicación.
El panel también concedió a la parte recurrida —el Senado— hasta mañana miércoles a las 5:00 p.m., para fijar su posición antes de continuar con el trámite del recurso.
El secretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez, acudió al foro apelativo a través del Departamento de Justicia para evitar divulgar información contributiva de Sagardía, alegando que la solicitud legislativa carece de un propósito claro y podría violar la confidencialidad protegida por el Código de Rentas Internas y el derecho constitucional a la intimidad.
En su recurso de certiorari, el gobierno plantea que el requerimiento del Senado podría constituir un precedente que debilite la protección de datos contributivos, al incluir información de terceros y no detallar un fin investigativo específico.
La orden original, emitida por la jueza Iris Cancio González, requería a Hacienda entregar datos contributivos correspondientes a los años 2024 y 2025, incluyendo formularios informativos, fechas de radicación, identidades de receptores de pagos y posibles correcciones.
Por su parte, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, defendió la facultad investigativa del cuerpo legislativo y anticipó que el caso podría escalar al Tribunal Supremo si el Apelativo falla a favor del Ejecutivo.
“Un día más, una semana más, vamos a llegar al final del asunto”, expresó el líder senatorial, al insistir en que la solicitud busca corroborar posibles irregularidades relacionadas con contratos gubernamentales.
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