La Cámara de Representantes dio paso al Proyecto del Senado 844 (PS844), una medida que busca establecer una moratoria temporera y mecanismos de alivio económico para empleados federales en Puerto Rico afectados por cierres del gobierno de Estados Unidos.
La pieza legislativa, que aún debe ser considerada por el Senado para su aprobación final, surge en medio de un cierre parcial del gobierno federal iniciado el 14 de febrero de 2026 por falta de fondos para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), lo que ha dejado a miles de empleados, particularmente de seguridad, trabajando sin paga o con ingresos reducidos.
La medida propone la creación de la “Ley Especial de Moratoria Obligatoria Temporera y Alivio Económico a Empleados Federales Impactados por un Cierre Gubernamental Federal en Puerto Rico”, que establecería protecciones automáticas para estos empleados durante el periodo de cierre.
El proyecto dispone, entre otras cosas, la concesión de moratorias en el pago de deudas personales, hipotecarias y de vehículos, así como la paralización de ejecuciones hipotecarias y procesos judiciales de cobro.
Además, establece la prohibición de suspender servicios esenciales como energía eléctrica, agua potable y telecomunicaciones a empleados federales afectados, junto con la exención de cargos por mora, intereses o penalidades durante el periodo de emergencia.
La medida también ordena la implementación de programas de apoyo a través de agencias como el Departamento del Trabajo, Vivienda y la Familia, con el fin de asistir a estos trabajadores en el pago de renta, alimentos y otras necesidades básicas.
El cierre se ha convertido en el más largo en la historia de Estados Unidos, producto de un estancamiento político en torno a la financiación de políticas migratorias.
Durante este periodo, miles de empleados han continuado trabajando sin recibir salario. Como medida paliativa, en marzo el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para pagar a los empleados de la TSA que habían estado laborando sin remuneración, y posteriormente amplió esa acción para cubrir a otros trabajadores del DHS, en un intento por aliviar la presión mientras el Congreso continúa sin lograr un acuerdo presupuestario definitivo.
