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Eliezer Molina critica aval a la reforma de permisos de sobre 800 páginas

El senador cuestionó la firma de un “visto bueno” sin haber leído en su totalidad las dos medidas planteadas sobre permisos.

Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Sebastián Negrón; el presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández; y el presidente del Centro Unido de Detallistas, Ramón Barquín
Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Sebastián Negrón y el presidente del Centro Unido de Detallistas, Ramón Barquín Dennis A. Jones

En medio de la evaluación de dos proyectos de ley que buscan reformar o hacer cambios en el sistema de permisos, el senador independiente Eliezer Molina Pérez criticó al deponente Ramón Barquín III, presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), quien dijo avalar ambas medidas sin antes haberlas leído.

Entre las discusiones sobre el tema de permisos y el espacio de preguntas, el presidente del CUD expresó abiertamente haber avalado y firmado la aprobación de las medidas aún sin que se complete el proceso de enmiendas en la Legislatura.

“Estamos a favor de las medidas, recomendamos estas enmiendas y hacemos la contingencia de que estaremos en la posición de avalar totalmente al unísono una vez se incorporen”, expresó Barquín.

Se trata del Proyecto del Senado 1173, presentado por el presidente senatorial Thomas Rivera Schatz, y el Proyecto 1183 presentado por la gobernadora Jenniffer González Colón.

Sin embargo, su respuesta fue criticada por el senador Molina Pérez al tratarse de unas medidas que, además de buscar simplificar y agilizar el proceso de permisos, elimina la ley de procesos administrativos y da paso a la creación de una ley de uniformidad y cláusula de supremacía.

“Si yo no tengo que pasar por la ley de procesos administrativos, entonces el jefe de agencia puede tomar las determinaciones según su criterio”, explicó el senador independiente.

Asimismo, Molina Pérez señaló que la medida propuesta por la gobernadora responde a sus propios intereses.

“El inciso W dice: conceder permisos, autorizaciones y licencias, así como atender y disponer solicitudes del deslinde la zona marítimo terrestre para fines de uso y aprovechamiento, y establecer mediante orden administrativa los derechos correspondientes a pagarse por dichos términos. Esa es la orden divina de La Parguera“, explicó el senador, a lo que Barquín respondió que ”no está familiarizado con el tema”.

“Por eso es importante cuando firmamos un documento avalándolo, tener conocimiento pleno de cada una de las cosas que inciden sobre nuestra forma de vivir. Porque si no lo hacemos, pues entonces las consecuencias van a ser desastrosas. Eso es lo que está haciendo aquí, esto va dirigido para que la gobernadora pueda hacer lo de La Parguera”, añadió.

Del mismo modo, el senador explicó que, bajo la cláusula de supremacía que propone crear la medida, el “poder” lo tendrá el Panel de Fiscalización, del que sus siete miembros son designados por la gobernadora.

Del mismo modo, el senador popular Luis Javier Hernández Ortiz criticó el aval de Barquín al haber firmado su aprobación a menos de una semana de discutirse públicamente el asunto de permisos.

Hernández Ortiz también difirió “dramáticamente” de las posturas de Barquín quien piensa que a través de sistemas de informáticas es mejor agilizar el que una persona obtenga los documentos necesarios, contrario a lo que piensa el senador de que se resolvería con la “contratación de personal” para que atienda dichos trámites.

Las declaraciones fueron parte de una vista pública a cargo de la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos conjunto a la Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo.

Entre los deponentes también participó el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón y el presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández.

“Puerto Rico hoy no cuenta con un sistema de permisos que garantice protección ambiental; cuenta con burocracia disfrazada de protección ambiental”, opinó en su ponencia el secretario del DDEC. Negrón detalló que actualmente existen 912 proyectos de construcción residencial pendiente de permisos, con un tiempo promedio de espera de 431 días, lo que representa $185 millones en inversión detenida, 1,600 empleos directos que no han comenzado y cerca de 6,400 empleos totales que la economía deja de generar.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz anticipó que la determinación final de esta medida por parte del alto cuerpo tomará varias semanas.

El próximo paso es “citar al presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico entre otras entidades y así sucesivamente para atender todas las sugerencias y recomendaciones”, según respondió a preguntas de la prensa.

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