Una maestra del programa de Educación Especial, con 19 años de experiencia, estuvo un año y 7 meses removida de sus labores como docente en una escuela en Barceloneta debido a que se le impuso una medida cautelar que al final fue desestimada, y en 2025 volvió a impartir clases sin una transición justa y sin consecuencias para quienes la acusaron falsamente.
Este es uno de 126 casos que, al momento de esta edición, se registraron en el Departamento de Educación (DE), según la licenciada Saraí Ruiz Maysonet, en representación del secretario del DE, Eliezer Ramos Parés.
Las medidas cautelares suponen ser una herramienta de remedio inicial en aquellos casos donde personal del DE, usualmente maestros, son removidos de sus responsabilidades mientras se investigan querellas relacionadas a “riesgo a la salud, vida, seguridad y propiedad moral en el área de trabajo”.
Sin embargo, estas medidas “preventivas” fueron centro del escrutinio legislativo este miércoles cuando la Comisión de Educación, presidida por la legisladora Tatiana Pérez Ramírez investigara el uso, manejo y duración de las medidas cautelares impuestas al personal docente, evaluando así el Proyecto del Senado 224 -que propone establecer límites claros al tiempo que un empleado del DE puede ser separado o trasladado temporalmente de su área de trabajo-.
Actualmente, el DE no tiene un término máximo establecido de duración para “retener” a un docente en una medida cautelar. Así como tampoco hay una notificación adecuada de los cargos por los que el docente ha sido removido de sus labores.
Este fue el caso de un maestro de Educación Física, quien a pesar de contar con 28 años de experiencia y haber recibido acoso laboral de parte de la directora de su escuela, fue enviado a las Oficinas Regionales Educativas (ORE) tras recibir el aviso de que será colocado en medida cautelar.
Actualmente, este profesor lleva dos años en medida cautelar y no fue hasta luego de cumplir el año que supo que la mencionada directora había gestionado una orden de protección en su contra.
Según Ruiz Maysonet, el DE espera a que el proceso de investigación culmine para entonces entregar la declaración jurada “por si el caso incluye menores y/o para evitar que el maestro obstruya los procesos investigativos”.
En ninguno de los casos involucra a menores.
Asimismo, la legisladora Lisie E. Burgos Muñiz expuso que “decidir a quién darle la querella es irrazonable”, reconociendo el derecho legal de toda persona de conocer el proceso.
Las medidas cautelares suponen ser el último recurso por el que pase el magisterio al incurrir en un daño inminente y todos los demás recursos disponibles han sido agotados, sin embargo, se han convertido en una sanción.
Para la presidenta de EDUCAMOS, Eva L. Ayala Reyes, “utilizan la medida cautelar de manera excesiva convirtiéndola en una medida disciplinaria violentando a su vez el debido proceso de ley”.
“Nos alarma el hecho de que pasan meses o años y la investigación no se atiende”, añadió.
Asimismo, el vicepresidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Raúl González Colón, indicó que “debería ser un remedio inicial, no un acto punitivo contra el magisterio”.
Las investigaciones no siguen su curso
Las ORE son las oficinas encargadas de supervisar y apoyar las operaciones escolares en cada región, asegurando la implementación de las políticas educativas. Sin embargo, los maestros citados allí relataron que “mientras la investigación estaba en curso, permanecían aislados en un salón”, imposibilitados de volver al plantel escolar y de continuar con sus deberes en el magisterio.
De los 126 casos, por región educativa se dividen entre Caguas (16), San Juan (24), Arecibo (8), Bayamón (20), Humacao (27), Ponce (18) y en Mayagüez (13).
Educación no supo calcular cuántos de estos casos fueron desestimados por falta ni falsificación de pruebas y terminaron sin acción disciplinaria.
Del mismo modo, alegaron que, debido al alto volumen de querellas, “el término máximo debería ser de un año en armonía con el año académico contemplando justa causa o fuerza mayor sin que se comprometan los procesos”.
Sin embargo, la realidad parece ser otra.
Según los datos provistos por la representante del secretario del DE, indican que hay solo nueve investigadores a nivel Isla, Humacao (1), Caguas (1), Bayamón (2), San Juan (1), Ponce (1) Arecibo (1) y Mayagüez (2), lo que retrasa en demasía los procesos de investigación, perjudicando al docente directamente.
“El problema mayor es la falta de empleados para atender estos casos en las regiones”, indicó el vicepresidente de la Asociación de Maestros.
De igual manera, el proceso administrativo-legal supone celebrarse en el periodo de un año con un tiempo fijo establecido como en otras agencias, pero que en el caso del DE, no existe este tiempo.
Tras escuchar las ponencias, la presidenta de la Comisión solicitó al DE información para la evaluación del proyecto, incluyendo las estadísticas sobre docentes colocados bajo medidas cautelares, casos en los que no se probó causa de la separación, quienes son los supervisores de las ORES y el número de maestros impactados, entre otros datos.
Por otro lado, los docentes en medidas cautelares se encuentran a la espera de una notificación legal oficial que determine sus próximos pasos en el campo de la enseñanza.
