Cada vez hay más dependencia del Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas (NCEM) en empresas privadas de ambulancias para atender respuestas a emergencias, según la apreciación de un grupo de paramédicos consultados por Metro Puerto Rico sobre el servicio privado en este sector.
El delegado del NCEM en la Unión General de Trabajadores, Carlos Vázquez Fonseca, levantó bandera al aseverar que, por falta de personal, hay contratistas que emplean personas sin credenciales para el manejo de ambulancias de tipo III, que requieren equipo, paramédicos y medicamentos especializados.
Para la operación de esos vehículos especializados, se debe poseer licencia de paramédico, otorgada por la Junta Examinadora de Técnicos de Emergencias Médicas (JETEM), y de conductor, emitida por el Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos (NTSP). En las tipo I y II, que son más básicas, solo la licencia de conductor es necesaria, pero en la segunda debe haber mínimo un paramédico a bordo, según la Orden Administrativa 1 del 2023 del NTSP, que pertenece a la Junta Reglamentadora de Servicio Público.
“Es una epidemia”, describió Vázquez Fonseca, alegando que se han utilizado enfermeros, choferes o hasta mecánicos en las ambulancias. “Este es el ambiente diario de emergencias médicas”, dijo al abundar que, entre colegas que colaboran con las empresas, se cuentan cómo operan o reciben denuncias de las comunidades.
También señaló que se exacerba por la presunta escasa fiscalización del NTSP, que regula el uso de ambulancias y sus operadores, y del NCEM.
El paramédico Víctor Rosario Medina, quien opera la empresa privada VMed Transport en Utuado, reconoció lo común que es, en la industria, esquivar los requisitos que fijan el NTSP y la JETEM para operar. Atribuyó la alta contratación privada a recortes de bases del NCEM y una mayor población envejeciente con condiciones crónicas, lo que da paso a una mayor demanda de ambulancias.
“Lo que yo entiendo que está habiendo es que hay muchas privadas que entran al sistema a coger emergencias, pero no necesariamente están preparadas con el equipo y con el personal. [...] En el sector público, no va a suceder porque tú no entras a trabajar ahí si no tienes licencia. [...] En el sector privado, pues, dependería del dueño qué es lo que quiere hacer con sus empleados”, indicó.
Según Vázquez Fonseca, cuando la NCEM responde llamadas del 9-1-1, prioriza las ambulancias contratadas en las respuestas porque superan el personal disponible en el Estado. Pero al no contar con personal capacitado, las consecuencias en quienes sufren una emergencia pueden ser diversas, incluyendo déficits neurológicos y la potencial pérdida de vidas por falta de intervenciones adecuadas.
Merman licencias de paramédicos, mientras aumentan contratos
De acuerdo con las estadísticas de la JETEM entregadas a este medio, hay 822 licencias activas de técnicos paramédicos bajo el sector público, y 579 en el privado, para un total de 1,437. Sin embargo, en una vista pública en la Cámara de Representantes sobre un proyecto legislativo para reducir requisitos “innecesarios” de la profesión, el presidente de esa Junta, Amaury Martínez Pagán, mencionó que hay 1,961 activas de 4,375 en total.
Aunque más de la mitad de las licencias emitidas son para entornos públicos, el NCEM, donde hay casi 600 paramédicos, ha otorgado, según datos de la Oficina de la Contralora, más de 400 contratos por los últimos cinco años —en promedio, 83 por año— para que compañías de ambulancias aporten a la atención de emergencias.
El comisionado del NCEM, Abner Gómez Cortés, aseguró que hay colaboraciones con empresas privadas desde la década de 1970 de manera “desorganizada”, pero en 2010 se formalizó para atender una “necesidad apremiante de tener más recursos”.
Por su parte, Martínez Pagán estableció por escrito que “gran parte” de los técnicos de emergencias públicos trabajan a tiempo parcial con empresas privadas y, por eso, hay una menor cantidad bajo esa categoría.
Un asunto que ocasiona la merma en licenciamientos de paramédicos es la preparación abarcadora y costosa: por ley, deben tener un grado asociado en Emergencias Médicas, obtener certificados en ACLS, CPR, PALS, NALS, PHTLS o ITL y lenguaje de señas, poseer una licencia del NTSP para conducir ambulancias y cumplir con 47 horas de educación continua.
Martínez Pagán también señaló que hay instituciones educativas que cerraron cursos de Técnicos de Emergencias Médicas Paramédico porque no cuentan con profesores para ofrecer el grado asociado universitario. El propietario de VMed Transport incluso anticipó que se prepararán más técnicos básicos que paramédicos porque toma menos de la mitad del tiempo y el salario es casi igual.
Responsabilidad huérfana en querellas
La paramédica Glorivee Acevedo Rodríguez, quien trabaja para el NCEM en Lares, relató que una empleada de la empresa United EMS Coamo falsificó su licencia para operar como técnica de emergencias. “Realizaba procedimientos con pacientes, haciéndose pasar por mí con mi licencia”, contó.
Aunque sometió querellas a las agencias pertinentes, el NCEM no respondió la denuncia, mientras que el NTSP, en una resolución del caso, y la JETEM, en vista pública, determinaron que no tienen injerencia.
Según Acevedo Rodríguez, la JETEM, adscrita al Departamento de Salud (DS), aludió que le correspondería a la Junta Examinadora de Enfermería atender la denuncia porque quien supuestamente cometió el fraude poseía una licencia de enfermera práctica. En la Oficina de Reglamentación y Certificación de los Profesionales de la Salud del DS, esa licencia aparece expirada “con restricción” desde 2008.
Juan López Cortés, el propietario de la compañía en Coamo, respondió que el asunto no le atañe porque la involucrada ya no trabaja en su empresa. Ninguna agencia tampoco le notificó sobre la querella.
Este medio se comunicó con la querellada y también se desvinculó de la pesquisa.
“Posiblemente esto esté pasando en otros pueblos, pero nadie lo fiscaliza”, planteó la paramédica estatal.
Según datos suministrados del NTSP, desde 2015, solo han habido diez querellas contra empresas de ambulancias; ninguna aborda el caso de Acevedo Rodríguez. Solo una fue por falta de credenciales del personal, pero una investigación interna demostró que no hubo incumplimiento, y quedó archivada.
Otras denuncias fueron por que unidades no autorizadas brindaron servicios, maltrato de parte de empleados, demoras en transporte hacia un centro hospitalario, cobros indebidos de tarifas o impactos vehiculares por la ambulancia. Casi todas también fueron archivadas, es decir, que no progresaron, ya sea porque el NTSP “no tenía jurisdicción” o el mismo querellante desistió en continuar el caso.
Negociados niegan falta de intervención
El comisionado Gómez Cortés rechazó que hubiera baja fiscalización porque los acuerdos colaborativos requieren un cumplimiento y, para ello, cuenta con 55 supervisores técnicos, ocho de zonas de emergencias y tres de apoyo operacional.
Como resultado, dijo, ha prescindido de los contratos de tres empresas por incongruencias entre licencias sometidas y la identificación del personal. Ninguna fue la que estuvo asociada al incidente de Acevedo Rodríguez, que según Gómez Cortés, se radicó bajo el comisionado anterior y, por eso, no hubo seguimiento.
“Esa es la consecuencia única que yo le puedo tener”, destacó en entrevista telefónica, pues otras medidas correctivas corresponderían a los municipios que operan sus respuestas a emergencias, la JETEM o al NTSP. De ser una negligencia interna, se maneja a través de la Oficina de Responsabilidad Profesional.
Por su parte, el presidente del NTSP, Jaime Lafuente González, explicó a este medio que solo 14 inspectores supervisan más de 40 franquicias, como ambulancias, vehículos pesados, taxis y transporte colectivo. Ese personal, que aceptó es limitado, realiza visitas esporádicas en zonas de emergencias en hospitales o en las bases para solicitar documentación y comprobar el cumplimiento.
De incumplir con personal licenciado de acuerdo con requisitos legales y reglamentarios, pueden emitir multas de $1,500, según el Código de Reglamentos del NTSP. Juan Ramírez, asesor legal de esa oficina, añadió que la multa podría ascender hasta 10,000 dólares por cada infracción hallada por la examinadora de la querella.
Al preguntarle a Lafuente González sobre empresas con paramédicos o ambulancias sin personal licenciado, contestó: “Hay de todas las combinaciones que uno se pueda imaginar. Las hay, y existen. Nosotros pudiéramos ser más intensos en ese tipo de operativo. Tenemos el handicap (impedimento) obviamente de la cantidad de personas que tenemos”.
“Con las herramientas que tengo es lo más eficiente que puedo ser”, subrayó el ingeniero.
Pocas métricas de calidad
El paramédico y director de la clínica de capacitación Emergency and Critical Care Trainings, Gustavo Flores Bauer, opinó que, indistintamente de qué tipo de entidad provee el servicio, hay barreras en determinar y asegurar una alta calidad en la respuesta al paciente por pocas métricas recopiladas a nivel sistémico.
Parte de esa dificultad en asegurar una supervisión efectiva, agregó, proviene de la alta fragmentación entre agencias para revisar el servicio. Una manifestación de esa fiscalización dividida es cuando una ambulancia moviliza a un paciente a un centro de salud cercano pero no capacitado para atender la condición de la emergencia, lo que atrasa el tiempo de respuesta.
“No hay un tipo de supervisión de entender cómo esto de alguna forma afecta, para bien o para mal, el cuidado que ese paciente recibe y verlo desde la perspectiva del paciente. [...] Eso no pasa en ningún review (revisión)”, apuntó.
Ofreció como ejemplo cuando una ambulancia traslada un paciente a un Centro de Diagnóstico y Tratamiento o un hospital cercano, en lugar de uno capacitado para atender la emergencia que enfrenta. Si bien la operación de ambulancias se rige por el Código de Reglamentos del NTSP, no fija cómo debe ser la calidad de esa respuesta, sino solo que tenga la capacidad para atenderla.
El comisionado del NCEM mencionó que, mediante una orden administrativa radicada en septiembre del año pasado, se estableció la División de Quality Assurance & Quality Improvement en esa agencia para medir indicadores de desempeño, como tiempos de respuesta, calidad de atención, satisfacción del paciente y resultados clínicos.
Conforme a Gómez Cortés, el grupo está compuesto por dos empleadas del Negociado y una doctora del DS en destaque, quien trabaja con facturación médica. La División se financia con el presupuesto del NCEM y se utilizará para adquisición de sistemas tecnológicos para auditoría, capacitación de personal, entre otros asuntos.
