La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) solicitó a Genera PR que presente, a más tardar el próximo lunes 22 de julio, un plan detallado que garantice la continuidad del suministro de combustible para las plantas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), ante el vencimiento de dos contratos claves con Puerto Rico Energy, LLC.
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“Como usted sabe, el suministro de combustible es esencial para Puerto Rico y el precio del combustible representa una parte sustancial de las facturas energéticas que pagan los ciudadanos. En este escenario, la adquisición y gestión responsable y eficiente de los contratos de suministro de combustible es crítica”, señaló el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica Jr. en la carta dirigida al director ejecutivo de Genera PR, Winnie Irizarry.
Los contratos a los que hace referencia la JSF son el de “Fuel Oil No. 6”, vigente desde el 31 de octubre de 2024 hasta el 30 de octubre de 2025, y el de diésel de ultra bajo contenido de azufre (Ultra Low Sulfur Diesel), vigente desde el 17 de noviembre de 2024 hasta el 16 de noviembre de 2025. Ambos contratos fueron aprobados por la JSF con observaciones en octubre del año pasado y contienen cláusulas de extensión por un año adicional. Sin embargo, esas extensiones deben ser ejercidas al menos 90 días antes de su vencimiento. Para el primer contrato, ese plazo vence el 1 de agosto de 2025.
“La Junta de Supervisión solicita que Genera someta a la Junta un plan para asegurar el suministro continuo de combustible en o antes del 22 de julio de 2025”, indicó el documento, también remitido en copia a figuras claves como el zar de energía, Josué Colón y al presidente del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) Edison Avilés.
La exigencia de la JSF surgió luego de que salió a relucir el miércoles que el gobierno de Puerto Rico estaba en negociaciones para firmar un nuevo contrato de emergencia con New Fortress Energy (NFE) para suplido de gas natural a los terminales que la empresa unilateralmente decidió no darle servicios.
NFE paralizó sus servicios de suplido de gas debido a una supuesta deuda de $12 millones pendiente desde el 2020, que González Colón insistió en que, antes del miércoles, New Fortress nunca había hecho gestiones para procurar ese pago. Conforme a la gobernadora, la movida de New Fortress de suspender el suplido de gas natural para las Unidades 5 y 6 de San Juan es una táctica para forzar la negociación del otro contrato de $20 mil millones que fue detenido por la Junta Fiscal.
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Tras esto, el contrato de emergencia negociado por el gobierno fue aprobado por la Junta el jueves. Se trata de una carta de extensión de nuevo contrato bajo las mismas condiciones del acuerdo anterior, que se realiza de manera temporal. La Junta indicó que aprobó el contrato, luego de realizar revisiones y observaciones entre las que se encuentran que el mismo cumpla con la Ley PROMESA, que pone como condición que los “contratos hayan sido otorgados después de que haya una competencia de mercado y que no sean inconsistentes con el plan fiscal AEE”.
Viejas heridas sin cerrar en la política energética
La preocupación de la Junta de Supervisión Fiscal sobre la continuidad del suplido de combustible no ocurre en el vacío.
La reciente aprobación por parte de la Junta de Supervisión Fiscal de un contrato temporal de emergencia con NFE para suplido de gas natural expuso, nuevamente, una grietas estructurales del sistema energético de Puerto Rico. Aunque esa firma resolvió la urgencia inmediata, las condiciones que obligaron a llegar a un nuevo contrato reflejan un patrón preocupante.
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Según explicó el exfiscal federal Osvaldo Carlo en el más reciente Punto x Punto, el país quedó atado desde 2018 a un contrato que otorgó a NFE el control exclusivo del muelle de San Juan, único punto habilitado para la entrada y regasificación de gas natural licuado en el norte de la isla, hasta el 2038.
“Fue una de las peores decisiones energéticas en la historia de Puerto Rico”, sentenció Carlo.
Ese monopolio en la infraestructura impide, según Carlo, cualquier competencia real para suplir gas a las plantas base del área metropolitana.
“Nos dijeron: estos son los precios, estas son las condiciones. No hay negociación. Y así fue”, afirmó el también presidente de Regulatory Compliance Services Corp (RCSC).
Además del amarre contractual, Carlo advirtió sobre la fragilidad financiera de NFE y la posibilidad de que enfrente un escenario de quiebra, tras la degradación crediticia de NFE y un posible escenario de insolvencia financiera.
“Ya nosotros identificamos eso en nuestras evaluaciones. Estaba en el score card (de la competencia sobre el gas y la generación temporera) que esta compañía no provee una certeza de que van a estar ahí”, dijo el abogado.
No descartó la posibilidad de una quiebra de NFE, y que Puerto Rico tenga que ir a una corte de quiebra en otra jurisdicción para salvaguardar sus derechos. Dijo que estas incertidumbres y el incidente con una embarcación con gas detenida el fin de semana pasado se tomarán en consideración en futuros procesos de competencia en los que NFE participe.
Carlo reveló que su firma ya ha recomendado formalmente al gobierno y a la Junta de Supervisión Fiscal que se declare nulo o ineficaz el contrato original del muelle con NFE, por representar un impedimento estructural para la competencia.
Las advertencias del exfiscal federal también evocan un historial de malas prácticas en la contratación de combustible en Puerto Rico. El caso más notorio es el del llamado “cartel del petróleo”.
Este caso destapó un esquema mediante el cual suplidores de combustible y laboratorios adulteraban los análisis técnicos para justificar el cobro de combustibles de alta calidad, mientras en realidad vendían productos más baratos.
Según pesquisas legislativas, la AEE habría pagado cientos de millones en sobreprecios como resultado. Compañías como PetroWest, Vitol y Trafigura fueron señaladas por su rol en estas irregularidades, y funcionarios de la corporación pública fueron acusados de facilitar o permitir el esquema.
En 2016, el Departamento de Justicia local presentó 46 cargos contra el presidente de PetroWest, José González Amador, por desfalcar $11 millones a través del cobro indebido de patentes municipales. Paralelamente, el Senado de Puerto Rico y su Comisión Especial para la Compra de Petróleo refirieron su investigación al FBI y al Departamento de Justicia Federal. A pesar de la contundencia del informe final del Senado, los procesos no prosperaron con rapidez.
La Junta de Supervisión Fiscal presentó una demanda en el tribunal federal el 30 de junio de 2019 con el objetivo de recuperar pagos indebidos y redirigirlos a los acreedores de la AEE.
Sin embargo, en julio de 2022, los abogados de los demandados presentaron mociones para que el caso se desestime, y desde entonces la demanda permanece paralizada, en espera de una recomendación de la magistrada Judith Dein a la jueza Laura Taylor Swain. A tres años de esas mociones, el caso sigue sin resolverse.
