Genera PR propuso eliminar todos los pagos de incentivos establecidos en su contrato de operación y mantenimiento a cambio de recibir $110 millones en once mensualidades, justificando que calcular los ahorros reales por optimización de combustible era “difícil”.
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Así consta en un informe confidencial de la firma FTI Consulting, preparado el 27 de febrero de 2025 a solicitud de la Autoridad de Alianzas Público-Privadas (AAPP). El informe sale a relucir luego que el Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica (ICSE) radicó un mandamus en el Tribunal de Primera Instancia ante la falta de acción del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) sobre una petición para tener acceso a un análisis de costo beneficio de FTI que supuestamente justifica un aumento en el contrato de Genera PR que conllevaría ahorros a largo plazo.
El documento indicaba que pagar esa suma única resultaría beneficioso para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), pues evitaría desembolsos futuros cuyo valor presente neto oscilaría entre $322 y $644 millones si Genera alcanzaba el 50% o 100% de sus metas anuales de desempeño.
En marzo pasado, la gobernadora Jenniffer González anunció desde Fortaleza la renegociación del contrato como un logro para las finanzas de Puerto Rico.
Sin embargo, el Negociado de Energía rechazó ayer la renegociación del contrato, al determinar que Genera no cumplió con las condiciones impuestas, como desistir de procesos judiciales pendientes contra la AAPP, proveer su situación financiera actualizada y presentar una fianza de cumplimiento. Además, la AAPP debía justificar legalmente el pago mediante cláusulas tarifarias, algo que no hizo.
La decisión ordena devolver $40 millones cobrados a los consumidores en sus facturas de luz para subvencionar la enmienda propuesta. Aún no está claro cómo se reflejará esta devolución en la factura.
El informe de FTI reconocía que las pruebas necesarias para establecer la eficiencia de las unidades generatrices no se habían podido realizar debido a problemas operacionales y falta de generación para permitir apagados programados. Por ello, concluía que era más viable pagar a Genera un monto fijo que continuar con el esquema de incentivos.
“Lo más sorprendente del Informe FTI es que justifica la enmienda al contrato alegando que no hay forma de medir los incentivos, y acto seguido pretende evaluar el beneficio de eliminar esos mismos incentivos usando ahorros proyectados totalmente arbitrarios. Es un análisis circular e insostenible: no se pueden medir los incentivos, pero sí se puede calcular su valor presente como si fueran plenamente alcanzables. Incluso el propio informe admite que esos ahorros son inverificables”, reaccionó José Pou Román, asesor legal de ICSE.
Tras la determinación del Negociado, Genera indicó que responderán próximamente.
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