Los aumentos propuestos a la tarifa de electricidad por LUMA Energy y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) encarecen el costo de hacer negocios en Puerto Rico, según afirmó la presidenta de la Cámara de Comercio de Puerto Rico Margaret Ramírez Báez, quien también sostuvo que las obligaciones relacionadas con las pensiones y la deuda deben cubrirse con fondos del gobierno, y no a través de la factura de luz.
Las propuestas de aumento incluyen una revisión tarifaria presentada por LUMA Energy que añadiría hasta 11 centavos por kilovatio hora (kWh) a la factura, así como un cargo adicional de 1.88 centavos propuesto por la AEE para cubrir las pensiones de sus jubilados.
LUMA, por su parte, indicó que su propuesta forma parte de un plan de inversión “óptimo” que también anticipa aumentos presupuestarios en los años fiscales 2026-2027 y 2027-2028, lo que, en teoría, podría conllevar nuevos ajustes tarifarios en el futuro si el Negociado de Energía así lo aprueba.
“La primera prioridad para nuestro país debe ser tener un sistema eléctrico que funcione de manera confiable y estable. La energía más cara es la que no está disponible, porque obliga a los comercios a cerrar o a invertir en sistemas de generación propios, algo que no es nuestro negocio principal ni el uso más eficiente de nuestros recursos”, expresó la presidenta de la Cámara de Comercio.
“Es indispensable tomar decisiones responsables y balanceadas, que permitan atender las necesidades reales de inversión y mantenimiento del sistema sin ahogar al comercio ni hacer insostenible la operación de las empresas locales; porque para nadie es secreto que el aumento en el costo de la electricidad, encarece el costo de hacer negocio en Puerto Rico”, continuó.
Asimismo, Ramírez Báez planteó que las cargas financieras relacionadas con las pensiones y la deuda acumulada no deben continuar incluyéndose en la tarifa eléctrica, sino que deberían ser cubiertas con fondos del presupuesto general del gobierno. Según expresó, continuar transfiriendo esas obligaciones al costo de la luz hace que el servicio resulte menos competitivo y eleva injustamente tanto el costo de vida como el de operar un negocio en la isla.
“Creemos que las obligaciones relacionadas con las pensiones y la deuda acumulada deberían asumirse desde el presupuesto general del gobierno, para no continuar cargando al costo eléctrico un lastre que lo hace menos competitivo y encarece injustamente la vida y la producción en Puerto Rico”, indicó.
Ramírez Báez también subrayó que el problema principal no ha sido la falta de planificación, sino la ineficiencia en la ejecución. Afirmó que existen fondos de reconstrucción disponibles, pero no se han utilizado con la agilidad necesaria. Además, señaló que hay contratos de energía de emergencia y de nueva generación que requieren mejor gestión, y urgió a completar y poner en marcha el Plan Integrado de Recursos (PIR).
“Hay fondos de reconstrucción disponibles, pero falta agilidad para utilizarlos bien. Hay contratos de energía de emergencia y de nueva generación que deben gestionarse mejor. Urge completar y ejecutar de manera efectiva el Plan Integrado de Recursos (PIR) y fiscalizar los contratos existentes para garantizar que se cumpla con los objetivos de confiabilidad y costo razonable que nuestro país necesita”, sostuvo.
De hecho, Ramírez Báez sostuvo que liberar el mercado y abrirlo a la competencia permitiría atraer nuevos inversores, tecnologías modernas y modelos de negocio más eficientes.
“Mirando al largo plazo, entendemos que se debe liberar el mercado eléctrico y abrirlo a la competencia y a más alternativas. Solo así podremos atraer nuevos inversores, tecnologías modernas y modelos de negocio más eficientes, lo que ayudará a garantizar tarifas más justas y un servicio confiable para todos”, dijo.
A pesar de su llamado a revisar cómo se financia el sistema, reconoció la importancia de garantizar un presupuesto adecuado para atender las necesidades del mismo. Advirtió que seguir postergando las inversiones de mantenimiento podría comprometer tanto la calidad del servicio como la estabilidad de la economía.
“Al mismo tiempo, reconocemos que es necesario contar con un presupuesto adecuado y suficiente para el mantenimiento del sistema. No podemos postergar esas inversiones, porque de ello depende la confiabilidad del servicio y la estabilidad de nuestra economía”, culminó.
Rechazo total al aumento tarifario
El abogado Rolando Emmanuelli Jiménez recordó que, desde la llegada de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), ya se advertía sobre los riesgos de un costo energético elevado. Señaló que el propio economista de la Junta, Andrew Wolfe, alertó que superar los 20 centavos por kilovatio hora podía llevar a la economía al estancamiento, y que otros expertos, como José Alameda, ubican ese umbral aún más bajo, en torno a los 16 centavos.
“Estas alzas, impulsadas por el afán de lucro y no por criterios de servicio público, no solo paralizarán el desarrollo económico del país, sino que también impactarán de forma devastadora a las familias que viven de ingresos fijos”, advirtió.
Por otro lado, el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo, calificó como “totalmente innecesario” el aumento de 1.88 centavos por kilovatio hora propuesto por la AEE para financiar el pago de pensiones.
Aseguró que existen fondos suficientes para cubrir esas obligaciones sin afectar la tarifa, y mencionó que a LUMA se le han transferido casi 500 millones de dólares en calidad de préstamos que podrían utilizarse para ese fin.
“No hay justificación para seguir cargando el bolsillo del consumidor cuando el dinero está disponible, pero está siendo mal utilizado”, sostuvo. Añadió que recuperar esos fondos y cancelar el contrato con la empresa sería una medida necesaria, al considerar que el mismo “drena los recursos públicos”, expresó Figueroa Jaramillo.
Por su parte, LUMA Energy ha defendido el ajuste propuesto como una inversión necesaria para mejorar la confiabilidad del sistema.
“Cumplir con nuestro compromiso de brindarles a los 1.5 millones de clientes en Puerto Rico un servicio eléctrico más confiable, resiliente y enfocado en sus necesidades requiere una inversión significativa”, sostuvo Juan Saca, presidente y principal oficial ejecutivo de LUMA. “Cada centavo es invertido en lo más importante y prioritario para nosotros: nuestros clientes y Puerto Rico”, dijo la empresa a través de un comunicado.
Los planes de LUMA incluyen dos escenarios presupuestarios, uno “óptimo” y otro “limitado”, con inversiones que rondan los $3,450 millones y $2,300 millones respectivamente entre 2025 y 2028.
El ajuste, si es aprobado por el Negociado de Energía de Puerto Rico, entraría en vigor en septiembre u octubre de 2025.
