La jueza federal Silvia Carreño Coll denegó una moción radicada por el exagente federal Mark Rossini para desestimar tres de los cargos que enfrenta en el caso por corrupción y fraude en el que está coacusada la exgobernadora Wanda Vázquez Garced.
La decisión judicial, emitida el jueves, sostuvo que la acusación “cumple con los requisitos legales y que los argumentos de la defensa se basan en hechos disputados que deben ser evaluados por un jurado en juicio”.
PUBLICIDAD
“Una moción para desestimar no es una manera de poner a prueba la suficiencia de la evidencia detrás de las alegaciones de una acusación”, sostuvo la jueza.
Rossini había solicitado la desestimación de los cargos de conspiración, soborno y fraude, al argumentar que el gobierno no había demostrado la existencia de un acuerdo corrupto ni la intención específica. Sostuvo, además, que la fiscalía, tras dos años de litigación, no ha producido evidencia que respalde la acusación.
Rossini alegó que las acciones que se le atribuyen corresponden a “actividades políticas protegidas constitucionalmente” como contribuciones de campaña y de cabildeo.
Sin embargo, la jueza señaló que, según el derecho vigente, no se requiere evidencia de un acuerdo completado para oficializar el delito de soborno.
Citando un caso reciente del Primer Circuito, enfatizó que “el oferente, siempre que actúe con intención corrupta, ‘completa el delito’ de soborno a programas federales con el mero ofrecimiento del soborno, ‘incluso si el receptor no hace nada o lo denuncia de inmediato a las autoridades’”.
PUBLICIDAD
Asimismo, recalcó que la intención corrupta “es una cuestión de hecho para el jurado (...) los sobornos rara vez van acompañados de contratos escritos, recibos o declaraciones públicas de intenciones”, y que el jurado “puede hacer inferencias razonables a partir de la evidencia”.
En su determinación, Carreño Coll concluyó que “es posible que sea cierto, como argumenta Rossini, que el gobierno ‘ha tratado erróneamente de presentar actividades políticas legales como intención corrupta. Pero eso le corresponde decidirlo al jurado, no al tribunal”, por lo que culminó con una denegación de la moción presentada y dejando vigentes los cargos en su contra.
La imputación contra Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini gira en torno a un presunto esquema en el que, a cambio de contribuciones de campaña y asesoría política, Vázquez habría nombrado a un comisionado de instituciones financieras que respondía a los intereses del banquero, quien enfrentaba investigaciones regulatorias por parte de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF).
El juicio está previsto para comenzar el 25 de agosto. Sin embargo, las partes se encuentran en un proceso de negociación que podría generar un acuerdo que evite el juicio federal. Las negociaciones se dieron en Washington DC.
El pasado 30 de mayo, las partes involucradas en el caso presentaron un informe ante el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico. En el documento informaron que sostuvieron una reunión “productiva” en Washington D.C. con altos funcionarios del Departamento de Justicia. A raíz de ese encuentro, solicitaron a la jueza Silvia Carreño Coll una vista de estatus por videoconferencia, pautada para el 9 de junio, con el fin de actualizar sobre los avances en las negociaciones.
El público y la prensa tendrá acceso presencial a la vista.
