La secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Ana Escobar deberá rendir cuentas detalladas ante el pleno de la Cámara de Representantes sobre la liberación del asesino convicto, Hermes Ávila Vázquez, luego que ese cuerpo legislativo aprobó una resolución para interpelar a la funcionaria que lleva semanas bajo fuego por el asesinato de Ivette Joan Meléndez Vega.
La Cámara de Representantes aprobó a viva voz la resolución de la Cámara de Representantes 1163, de la autoría de Mariana Nogales, para la interpelación de Escobar. La sesión de interpelación sería el próximo martes a la 1:00 de la tarde. Al finalizar la sesión y dar lectura de la citación a Escobar, representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) gritaban en el hemiciclo pidiendo una cuestión de orden. El presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández cerró los trabajos.
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Durante una sesión de interpelación, todos los representantes del cuerpo pueden interrogar a la funcionaria en el hemiciclo. Otros jefes de agencia interpelados en este cuatrienio han sido la secretaria de Educación, Elba Aponte y los secretarios de Salud y de Recursos Naturales y Ambientales, Carlos Mellado y Rafael Machargo, respectivamente. Ni Aponte, ni Machargo siguen en el gobierno.
Además, se aprobó solicitar al DCR con un término de este viernes, el expediente del convicto Ávila Vázquez, el detalle del panel de médicos que trabaja los casos de Ley 25 y cualquier comunicación y/o solicitud de la Junta de Supervisión Fiscal hacia la agencia.
“Es importante que conozcamos y que el pueblo de Puerto Rico sepa lo que está pasando en el DCR. Queremos información sobre los contratos, sobre las partidas en los contratos, sobre la ejecución del departamento; hay múltiples preguntas que podemos plantear. Me parece que la medida va dirigida más allá de un caso que es terrible y esperaríamos tener respuesta”, mencionó el representante Dennis Márquez Lebrón.
Por su parte, el legislador Héctor Ferrer Santiago sostuvo que la Cámara de Representantes tiene el poder constitucional de fiscalizar y asegurar de que se conozca la verdad. “Esta Cámara tiene el poder de llamar a los secretarios de las agencias para hacerle preguntas con el propósito de que rindan cuentas al pueblo de Puerto Rico”.
Ante esto, Ferrer Santiago destacó que esta interpelación se debe a los ascensos que ha dado la Secretaria de Corrección y la forma de ejecutar la agencia gubernamental. “Queremos saber sobre el cumplimiento de sus deberes en la fiscalización de la labor del DCR y sus contratistas, y obtener respuestas en cuanto a qué se está haciendo para atender las numerosas problemáticas que enfrenta dicha agencia”, apuntó.
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La medida destaca varios señalamientos contra la actual Secretaria de Corrección, y su negligencia en la supervisión del personal del DCR, sobre todo de los servicios de salud ofrecidos por Physician Correctional.
De igual forma, señala que durante la gestión de Escobar Pabón, se ha registrado un aumento en la cantidad de muertes en instituciones correccionales, de unas 47 para el año fiscal 2018-2019 y 59 en el 2019-2020, a 80 en el 2020-2021, 94 en el 2021-2022 y 61 hasta el 17 de mayo de 2023.
“En abril de 2023, fallecieron 10 confinados. Cerca de la mitad de las muertes que han sido clasificadas se atribuyen a causas no naturales, incluyendo por sobredosis con opiáceos cuya entrada a las instituciones parece haber aumentado y la cual aparenta ser la causa principal del incremento en fallecimientos”, reza la exposición de motivos.
Asimismo, la pieza legislativa también resalta varias deficiencias que ha experimentado el departamento, así como numerosas problemáticas que enfrenta la agencia, las cuales abarcan todos los aspectos del sistema penitenciario, desde la provisión de servicios de salud, la transmisión de enfermedades y las dietas médicas, hasta la disponibilidad de programas educativos, seguridad y personal.
Mientras tanto, el Senado citó para este miércoles a la funcionaria a una vista pública ante la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción. También citaron al proveedor de servicios de salud del DCR, Physician Correctional. El lunes, Escobar estuvo en vista cameral y no abundó del tema por haber una investigación en curso.
El fatídico caso de Meléndez Vega surgió luego de que en el DCR se le concediera a Ávila Vázquez salir a la libre comunidad mediante la Ley 25 que concede un pase expedido para pacientes en una etapa avanzada de alguna enfermedad terminal.
“En ningún momento me he planteado renunciar a mi cargo. Mi cargo lo llevo hace cerca de tres años y cuatro meses. Hemos estado realizando un trabajo extraordinario en el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Sabemos que situaciones tan trágicas y difíciles como esta, lo que es el fallecimiento de cualquier persona, sea esta dama o cualquier otro ser humano a manos de una persona que haya estado cumpliendo bajo algún programa de la agencia o cualquier persona que le quite la vida a otro, es bastante trágico y difícil. Lo que hemos venido atendiendo en nuestra agencia es un proceso investigativo”, dijo la semana pasada la secretaria Escobar.
El jueves pasado, Escobar refirió al Departamento de Justicia (DJ) los hallazgos preliminares de la evaluación hecha a expedientes médicos del confinado. Esto luego que la dependencia emitiera un subpoena. Sobre los hallazgos de la auditoría, la titular del DCR, dijo que se pudo constatar “inconsistencias” en la documentación, discrepancias en los diagnósticos y la ausencia de evidencia que confirme los diagnósticos hechos al confinado, entre otros asuntos.
Por su parte, el gobernador, Pedro Pierluisi, le ha dado un espaldarazo a Escobar al plantear que su responsabilidad es vicaria y no directa. “Yo la evalúo a base de todo lo que ella ha hecho. Anna Escobar lleva 37 años en esa agencia. Ella conoce esa agencia al dedillo. Es una profesional de primera categoría y no me parece justo a mí estar evaluando su desempeño y decir ‘mira, ya no tiene mi confianza por un incidente’, aunque admito que es bien lamentable. Pero hay que esperar a ver cuál es el resultado de esa investigación. ¿Quién tomó esa decisión de conceder el pase y por qué?”, dijo Pierluisi.
Ávila Vázquez cumplía una sentencia de 122 años por el asesinato de otra mujer en el 2005, tenía expediente criminal desde el 1991 y fue excarcelado en el 2023 por un pase extendido bajo la Ley 25 .
La familia de la víctima del feminicidio ha planteado que demandará al gobierno de Puerto Rico.
