El exsenador y aspirante al Senado por Acumulación por el Partido Popular Democrático (PPD), Carlos Díaz Sánchez, denunció que la responsabilidad de otorgar la salida a Hermes Ávila Vázquez— sospechoso del feminicidio de Ivette Joan Meléndez Vega en Manatí— recae sobre la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar Pabón.
“Se está tratando de enjuiciar a un panel de médicos. Sí, el panel médico tiene una responsabilidad, pero la responsabilidad, según la Ley 25, que fue la que utilizaron para liberar al confinado, ahora convicto nuevamente […] En el artículo 4, en el caso de los confinados y los menores internados, eso es lo que aplicaría a los menores, la salida será autorizada por el secretario, en este caso, Ana Escobar Pabón, del DCR […] Pero la Ley claramente dice que la responsabilidad es de, en este caso, la secretaria de Corrección [...] La ley y no le permite que sea un subalterno, tiene que ser la secretaria que evalúe que la salida de ese confinado, que según la Ley 25 solamente aplica a personas que están ya con 180 días o menos de vida. La secretaria de Corrección tiene que hacer una evaluación de la seguridad de la sociedad, a pesar de que esa persona esté desahuciada, tiene que velar que no sea una amenaza contra la sociedad”, detalló Díaz Sánchez.
De la misma forma, en una conferencia de prensa agregó que es necesario que Escobar Pabón haga público el documento que permitió la salida de Ávila Vázquez.
“Mientras la familia sufría la pérdida de Ivette Joan (Meléndez Vega, víctima de Ávila Vázquez) este pasado viernes, la secretaria […] estaba celebrando el cumpleaños del gobernador sin ni siquiera mantener un decoro de que por su irresponsabilidad, incapacidad, ineficiencia, murió una mujer inocente por su mala decisión […] Y aquí la ven celebrando el viernes con el gobernador de Puerto Rico, como es su responsabilidad política de movilización […] Uno sufre la negligencia de la secretaria y la secretaria ni siquiera guarda respeto o decoro ante la muerte de una mujer inocente por su negligencia”, argumentó.
Permiten la salida de 43 confinados de máxima seguridad para un juego de baloncesto
En la conferencia, mostró un documento del pasado 20 de abril, en el cual alegadamente demuestra que 43 confinados de alta seguridad pudieron salir para asistir a un juego de baloncesto. Según Díaz Sánchez, estos convictos cometieron múltiples asesinatos y, entre ellos, habían sujetos con sentencias de 300 años de cárcel.
El problema, según Díaz Sánchez, el comité evaluador denegó la salida. No obstante, la titular de la agencia autorizó ”por encima” de dicho cuerpo, el cual es “la figura máxima para determinar” estas decisiones, dijo el exsenador.
“Este documento muestra que el comité compuesto por el presidente, Ana Malavés Ruiz; la trabajadora social penal, Carmen Martínez Madera; y el oficial correccional, Oliver González denegaron la salida. No fue autorizada la salida, pero la secretaria de Corrección la autorizó por encima del comité. La salida de 43 confinados de alto riesgo poniendo a la sociedad y a los mismos oficiales de custodia en riesgo. Sí, participaron de la actividad. Sí, salieron de Ponce. ¿Quién la autorizó? Janet Rodríguez, secretaria auxiliar del programa y servicios, que es la encargada de este programa en representación de la secretaria Ana Escobar Pabón”, alegó, argumentando además, que “de esta manera irresponsable” se tramitan las salidas de alta peligrosidad como el caso de Ávila Vázquez.
¿Subieron el sueldo o no?
El pasado 24 de abril Escobar Pabón, desmintió las denuncias realizadas por Díaz Sánchez, sobre un alegado aumento de sueldo de su parte.
“Sobre sus denuncias en torno al sueldo que devengo, son falsas. Como secretaria, el salario que ostento es de $106,666.56 mil, sueldo que devengan la mayoría de los jefes de agencia del Gobierno de Puerto Rico. Quien le dijo lo contrario, lo indujo nuevamente a error. Por los pasados 37 años, he trabajado en distintos roles dentro del DCR. Desde el 2008, ocupo el puesto de carrera regular de Inspectora de Campo, ahora conocido como Inspector de Seguridad Correccional. Esto tras la Junta de Supervisión Fiscal y el gobierno de Puerto Rico haber puesto en vigor el Plan de Reclasificación y Retribución. Ese puesto devenga un salario de $78,492.00 anuales. Como es de conocimiento general, al ser confirmada como secretaria no podré tener doble retribución y como titular de la agencia se me asigna el sueldo estipulado para dicha posición”, expresó la secretaria en declaraciones escritas.
En respuesta a ello, Díaz Sánchez afirmó hoy que “la secretaria intentó manipular la información a los medios diciendo que ella cobraba $106 mil dólares como secretaria, claro que sí. El problema es que cuando se jubile, cuando se retire o deje de ser secretaria, su sueldo va a ser de $117,700 dólares cuando debió haber sido $73,100 dólares. Pero esto no fue sola, tuvo el aval de la directora de la oficina de la OATRH, que es la Oficina de Recursos de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico. El esposo de la licenciada Zaira Maldonado Molina, la directora o administradora de OATRH, es el asesor legal de la secretaria de Corrección y cuenta con contratos de cerca de 100 mil dólares“.
Díaz Sánchez explicó que el plan, presuntamente modificado por la OATRH, aumentó la posición de Escobar Pabón de un nivel 13 al 18, lo que la lleva de un salario de $73,000 a $117,000, fue evaluado en la agencia por el licenciado Francisco González Magaz, quien es esposo de la directora de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno.
Informó, además, que subió la escala salarial que pertenecen al comité de movilización del primer ejecutivo, Pedro Pierluisi Urrutia.
Alegadamente, se presentó un plan distinto a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF):
”Luego, para la implementación, la OATRH hace un cambio del Plan de Clasificación y Retribución. Y, misteriosamente, para seis personas, que es la secretaria, cinco personas más que todos están, esos son los únicos seis que hay en Corrección, pero todos milagrosamente están en el comité de movilización de Pedro Pierluisi. Y curiosamente, suben la escala salarial más alta, la 18, la que se supone que era de los superintendentes de cárceles. Es la posición más alta y eran los que estaban en la escala 18. Pero, curiosamente, a ellos los bajan a la escala 17 y la posición de la secretaria […] Y vemos que no existe tal milagro. Hay un conflicto de interés con el licenciado Francisco González Magas, que es el esposo de la administradora de OATRH quien implementa el plan“, expresó.
Díaz Sánchez además advirtió que estará revelando durante la semana más irregularidades.
”Nos hemos dado cuenta que el DCR es el departamento más corrupto que tiene la administración de Pedro Pierluisi, al punto de que incluye diezmos de contratistas. Es la agencia que más dinero le levanta a la campaña de Pedro Pierluisi. Es la agencia, donde estrictamente la secretaria interviene con decisiones ordinarias que no debería de intervenir […] El DCR lo han convertido en una agencia política a favor de la movilización de la campaña de Pedro Pierluisi […] Han encontrado una manera de financiar su campaña con fondos públicos“, opinó.
Reacciona OATRH
La directora de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH), la Lcda. Zahira Maldonado Molina, respondió esta noche a las expresiones realizadas por el exsenador, Carlos Díaz Sánchez, sobre el Plan de Clasificación y Retribución.
“El Plan de Clasificación y Retribución Uniforme del Gobierno de Puerto Rico implementado no solo cuenta con el aval de la Junta de Supervisión Fiscal, sino que fue elaborado en conjunto con dicho ente para convertir al gobierno en un patrono competitivo y a la vanguardia en el manejo de capital humano. Esto es de conocimiento público. Por consiguiente, alegar que el plan presentado no concuerda con el plan aprobado es muestra fehaciente de que el señor Díaz no tiene la información correcta y lanzó acusaciones sin fundamentos. El plan de clasificación de puestos, así como la estructura salarial por escala, están basados en las mejores prácticas y escalas del mercado; es un sistema uniforme y centralizado entre las agencias, que no da espacio a beneficiar un empleado sobre otro. Sobre la denuncia de que existe un conflicto de interés entre el Departamento de Corrección y Rehabilitación y la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos por la contratación de mi esposo, el licenciado Francisco González Magaz como asesor legal externo del DCR, debo aclarar lo siguiente:
1. Desde el 2021, esta servidora presentó su mecanismo de inhibición ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), expresando dicha oficina que no existe un conflicto de interés en que el licenciado González Magaz tenga contratos con entidades gubernamentales, mientras sea la jefa de la OATRH.
2.Todo proceso entre la OATRH y el DCR es liderado por el licenciado Gustavo Cartagena, subdirector de la OATRH, según el antedicho mecanismo de inhibición efectivo desde el 2021″, explicó Maldonado Molina en declaraciones escritas.
“El afán de hacer daño del señor Díaz lo ha llevado a mentir, desinformar y lanzar acusaciones falsas y malintencionadas, con total menosprecio a la verdad. Por nuestra parte, reafirmamos el compromiso absoluto con la gestión eficiente y efectiva del capital humano en el gobierno de Puerto Rico, hacer cumplir la ley como funcionaria pública y abogada”, añadió.
Reacción de la secretaria del DCR
La secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar Pabón, acusó, al candidato al Senado del Partido Popular Democrático (PPD), Carlos Díaz, de “tergiversar la verdad” en torno al caso de Hermes Ávila Vázquez.
La secretaria expresó en declaraciones escritas que las denuncias que realizó el candidato del PPD son “completamente infundadas”. “Tal y como lo ha hecho en los pasados días, el precandidato a senador por el Partido Popular Democrático, Carlos Díaz, vuelve hoy domingo a realizar ataques falsos y a tergiversar la verdad”.
De igual forma, recalcó que todo documento que esté relacionado a la investigación de Ávila Vázquez se hará público una vez concluyan la investigación y se entregue al Departamento de Justicia. “Pero, puedo asegurar que no firmé ese documento y eso quedará demostrado”, continuaban las expresiones de Escobar Pabón.
También, declaró que “la participación de 43 confinados en actividades deportivas ocurrió dentro de una instalación correccional y esto forma parte de los eventos deportivos que se programan para la población correccional. Históricamente el DCR acostumbra a realizar este tipo de actividad. Debo destacar que estos fueron acompañados por oficiales de custodia”.
En cuanto al Plan de Clasificación y Retribución Central del Gobierno de Puerto Rico, indicó en las expresiones que fue hecho por la Junta de Supervisión Fiscal y la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH). Escobar Pabón resaltó que “durante este proceso, los presidentes o representantes de las distintas unidades apropiadas del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) participaron de las orientaciones donde los empleados no unionados estuvieron representados por la Secretaria Auxiliar de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del DCR”.
Además, la secretaria rechazó que hubiera algún conflicto de interés entre ella y la directora de la OATRH, Lcda. Zahira A. Maldonado Molina. Señaló que, aunque el licenciado Francisco González Magaz, quien es esposo de Maldonado Molina y quien mantiene un contrato con el departamento como asesor legal externo, “no tiene injerencia en los asuntos tratados por la OATRH y el DCR”. Escobar Pabón agregó que Maldonado Molina había notificado a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), en el 2021, que se apartaba de cualquier asunto relacionado a las agencias en las cuales su esposo está contratado.
De esta manera, la secretaria aseguró que cualquier asunto del DCR y la OATRH se canaliza a través del subdirector, Gustavo Cartagena para asegurar “que las decisiones se tomen de manera imparcial y objetiva, siguiendo los protocolos establecidos”.
La secretaria de Corrección rechazó las acusaciones y reiteró el compromiso que ella y su departamento tienen con la ética y transparencia.
“De nuevo, insto a Díaz a llevar sus denuncias a las agencias con autoridad de investigarlas. Que acuda a la Junta de Supervisión Fiscal y pregunte sobre el proceso de confección de este plan y divulgue las respuestas que le ofrezcan. Lo contrario, es demagogia y deseos de hacer daño. Mientras, continuaré enfocada en atender los asuntos prioritarios del DCR y defender el trabajo de los miles de empleados de la agencia. De la misma manera, defenderé la labor del Lcdo. González Magaz, un hombre recto y decente que no merece que usted manche su reputación ni la de su esposa”, concluyó Escobar Pabón en sus expresiones escritas.
