El posible aumento a la tarifa de electricidad en la isla a consecuencia del Plan de Ajuste a la Deuda que finalmente se apruebe para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) no solo amenaza con colocar a un sinnúmero de clientes en un estado de “pobreza energética”, sino que ejerce “una presión” sobre todo Puerto Rico.
Ese fue uno de los planteamientos surgidos el miércoles en la continuación de la vista evidenciaría en el Tribunal federal -dirigida por la jueza Laura Taylor Swain- en la que se espera conocer el futuro del proceso de reestructuración de la deuda de la AEE, si seguirá bajo la Ley PROMESA del 2016 o bajo un proceso de cobro regular con la figura de un síndico en la corporación pública.
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El abogado del grupo de los bonistas, Gary Orseck, contrainterrogó a David Plastino, experto a cargo de presentar el reporte de valor de la reclamación de los bonistas para la Junta de Control Fiscal (JCF).
Plastino sostuvo, a preguntas de Orseck, que tomando como máximo el 6% del ingreso por hogar para el pago del servicio eléctrico, una factura en un hogar de clase media sería de $102.25 al mes, con un consumo de aproximadamente 425 kilovatios. Advirtió que pagar más de eso, conllevaría que el cliente entrase en un estado de “pobreza energética”.
Plastino detalló que el cambio de consumo puede afectar el aumento del ingreso calculado y que luego del 2019, no veía incremento en ganancias y proyectó que el enfoque debería ser para asequibilidad. Dijo que en su análisis no examinó como se afectarían los pequeños y grandes comerciantes. Añadió que no solo la Autoridad de Energía Eléctrica está bajo presión, sino, todo Puerto Rico, debido a que, a la hora de evaluar los cambios de costos de energía de una empresa, se debe evaluar el área donde opera.
Durante la vista se presentó un total de seis testimonios de contrainterrogando y redirecto. Las argumentaciones finales se efectuarán hoy jueves.
Otra de las ponentes, la Dra. Maureen Chakraborty, quien es la experta contratada por los bonistas, calculó que los bonistas pueden obtener lo debido, aproximadamente $8,500 millones, en un plazo de 27 a 40 años. Eso, todavía validando el 6% de los ingresos por hogar, estimando una factura de $140 por mes.
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Igualmente, ante la interrogante sobre la reducción de consumo de energía eléctrica, Chakraborty expresó que no necesariamente se debe a la menor población que la isla experimenta en estos momentos, sino, también a la mayor utilización de equipos más eficientes.
Sin embargo, Julia Frayer, ejecutiva del London Economics Institute, indicó que contrario al analisis de Plastino, Chakraborty no siguió las instrucciones de la JCF, ni estudió el estatus de la AEE en el 2017, sino el actual. Por lo que, indicó que la doctora utilizó factores inadecuados, al igual que expresó que Plastino no tomó en consideración los hábitos de los consumidores.
Según John Young, otro experto de los bonistas, quien fue síndico del Departamento de Servicios Ambientales del condado de Jefferson en Alabama, si hubiesen contratado un síndico para manejar la AEE en el 2017, la agencia habría estado en una mejor posición.
