Gobernadora rechaza que DTOP entregara voluntariamente datos de sobre 6 mil inmigrantes a ICE
Jenniffer González rechazó las expresiones de la ACLU y sostuvo que el DTOP cumplió con un subpoena
Por Metro Puerto Rico
La gobernadora Jenniffer González Colón defendió la entrega de información confidencial de aproximadamente 6,321 inmigrantes con licencias de conducir al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), al asegurar que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) respondió a un requerimiento de una agencia federal.
“Hay un subpoena de una agencia federal al Departamento de Transportación y Obras Públicas”, expresó la mandataria al reaccionar a las declaraciones de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico, que exigió la renuncia del secretario del DTOP, Edwin González Montalvo, por la entrega de los datos.
González Colón rechazó que la información se hubiera entregado voluntariamente, como sostuvo la organización, y calificó esa interpretación como una expresión incorrecta.
“Decir que se entregó información de manera voluntaria es irresponsable”, afirmó.
“Hay un subpoena federal y las agencias del Gobierno de Puerto Rico tienen que cumplir con los mandatos federales. Aquí no estamos en un incumplimiento. El decir que aquí se entrega documentación de manera irresponsable es falso”, sostuvo.
Las expresiones de la mandataria se producen luego de que la ACLU divulgara el subpoena administrativo emitido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el 26 de enero de 2025 y dirigido a la Directoría de Servicios al Conductor (DISCO).
ACLU: Documentos demuestran DTOP colaboró voluntariamente con ICE
Según la organización, el documento emitido por el DHS no obligaba legalmente al DTOP a entregar los datos solicitados, por lo que la agencia colaboró de manera voluntaria con las autoridades federales.
“El secretario del DTOP tiene el deber ministerial de proteger y cumplir con las leyes locales y protecciones establecidas en nuestra Constitución. Con sus acciones —no solamente entregar voluntariamente información confidencial al ICE, sino el negarse a producir información para que el pueblo de Puerto Rico supiera la verdad—, el secretario demostró su incapacidad para asumir las responsabilidades de su cargo y cumplir con su mandato constitucional”, afirmó la directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico, Annette Martínez Orabona.
El documento salió a la luz luego de que el Tribunal Supremo de Puerto Rico declarara “no ha lugar” la segunda solicitud de reconsideración presentada por el DTOP, último intento de la agencia por impedir la divulgación del subpoena. La resolución fue emitida el 9 de octubre y notificada el 14 de octubre, tras lo cual el DTOP entregó la información a la organización.
El subpoena administrativo fue emitido por el DHS el 26 de enero de 2025 y dirigido a la Directoría de Servicios al Conductor (DISCO). A juicio de la ACLU, el documento no obligaba legalmente al DTOP a responder y la agencia debió exigir una orden judicial que especificara la información requerida.
Aunque el DHS concedió hasta el 7 de febrero de 2025 para responder, el DTOP entregó los datos apenas tres días después. La documentación enviada está fechada el 29 de enero de 2025.
Entre la información divulgada figuraban el número y tipo de licencia, las fechas de expedición y expiración, el nombre completo, la fecha de nacimiento, la ciudadanía, la dirección residencial, el municipio, el código postal y el número de teléfono de cada persona.
La ACLU sostuvo que la solicitud, basada en una supuesta investigación de la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) sobre personas con estatus migratorio irregular, constituyó una “expedición de pesca” con la que el Gobierno de Puerto Rico decidió colaborar. Además, criticó al Departamento de Justicia por litigar durante más de un año para impedir el acceso al documento.
El caso comenzó el 1 de octubre de 2025, cuando la organización demandó al DTOP tras negarse la agencia a entregar el subpoena. El Tribunal de Primera Instancia ordenó divulgarlo, decisión que fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones en enero de 2026. Posteriormente, el Tribunal Supremo rechazó los recursos del DTOP en tres ocasiones: el 27 de abril, el 5 de junio y el 9 de octubre.
“La colaboración infame del Gobierno de Puerto Rico con las políticas migratorias inhumanas de la administración Trump no solo denota la ausencia total de empatía y sensibilidad hacia nuestras comunidades de inmigrantes, sino que deja de manifiesto su complicidad en la violación sistemática de los derechos civiles y derechos humanos de esta población vulnerable”, expresó el director legal de la ACLU de Puerto Rico, Fermín Arraiza Navas.
La organización recordó que la Ley 97 de 2013, que permitió a los inmigrantes obtener una licencia de conducir en Puerto Rico, establece que la información recopilada se utilizaría para fines de estadísticas oficiales y no para discriminar ni divulgar datos personales, salvo autorización del secretario en protección de la confidencialidad.
